La Asamblea Nacional (AN) ejerce el Poder Legislativo de Venezuela, y es la institución que se encarga de legislar, estudiar y analizar las leyes para su promulgación en el país. Hasta el año 1999, la institución legislativa del territorio venezolano era el Congreso de la República, una organización bicameral. Pero en ese año, tras la Asamblea Nacional Constituyente convocada y aprobada, cambió su organización y su nombre por el de Asamblea Nacional, órgano unicameral, con diputados representantes de los 23 estados del país (junto al Distrito Capital) y electos proporcionalmente al número de habitantes.
Perfil
La Constitución de la República establece en su artículo 187 las principales tareas de la AN. Entre esas funciones están: legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional, proponer enmiendas y reformas a la Constitución, ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, además de otras.
Sobre los miembros del Parlamento, entre 1999 y 2020 estuvo conformado por 167 diputados, divididos en 13 comisiones permanentes, varias direcciones generales, una presidencia y dos vicepresidencias. A partir del 2021, la AN estará conformada por 277 parlamentarios: 130 diputados por voto nominal, 96 por lista regional, 48 por lista de adjudicación nacional y 3 cargos de representación indígena. Esta modificación del 66% de los curules, aplicada por la junta directiva Ad Hoc del Poder Electoral que fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del gobierno de Nicolás Maduro, contraviene los artículos 186 y 298 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
La actuación de la Asamblea en el contexto venezolano ha sido determinada a lo largo del tiempo por las líneas ideológicas que defienden la mayoría de los parlamentarios que la conforman.
Período 2000-2005
El 30 de julio de 2000 se realizaron elecciones en Venezuela en varios niveles: presidencial, regional, parlamentario. En el ámbito legislativo, se trataba de la escogencia de los integrantes de la primera Asamblea Nacional del país, ya que anteriormente el órgano era denominado Congreso de la República. En ese momento, los partidos del gobierno (representados principalmente por el Movimiento V República) alcanzaron 93 de los curules, de un total de 167 diputados. Este Parlamento inició sesiones el 14 de agosto de 2000, apenas 15 días después de haberse realizado los comicios. El primer presidente fue William Lara, diputado perteneciente al partido MVR. Los actos de esta AN se desarrollaron en el marco de los acontecimientos de abril 2002, el paro petrolero de 2003 y el referéndum revocatorio de 2004, sucesos de gran conmoción política y social en Venezuela. El período oficial de esta AN venció el 05 de enero de 2006.
Período 2006-2011
El 4 de diciembre de 2005 se eligieron parlamentarios nuevamente. La oposición se retiró días antes de los comicios, y el oficialismo obtuvo todos los escaños. El MVR se alzó con 114 diputados, de los 167 parlamentarios electos. Otras organizaciones afines al chavismo que obtuvieron curules fueron Podemos, Patria Para Todos (PPT), el Partido Comunista de Venezuela (PCV), entre otros. El período de este Parlamento comenzó el 05 de enero de 2006 y un hecho político resaltante que se produjo en este tiempo fue la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), organización creada por el oficialismo en 2007 y que absolvió al MVR y a diputados de otras toldas. Nicolás Maduro fue el presidente de esta AN, luego fue reemplazado por Cilia Flores en agosto de 2006. Durante estos años, se realizaron las elecciones presidenciales de 2006 y el intento de reforma constitucional en 2007.
Período 2011-2016
El 26 de septiembre de 2010 hubo comicios parlamentarios y las organizaciones políticas de oposición regresaron a la contienda electoral en busca de escaños. De acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el oficialismo con el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ganó 98 curules, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo 65 parlamentarios y el partido Patria Para Todos (PPT) sacó 2 diputados. Estas fueron las primeras elecciones realizadas en concordancia con la Ley Orgánica de los Procesos Electorales (Lopre), aprobada en agosto de 2009. El período de este Parlamento comenzó el 05 de enero de 2011. Fernando Soto Rojas fue electo presidente de esa AN en su primer año, mientras que Diosdado Cabello fue quien presidió la Asamblea en los 4 años posteriores hasta 2015.
Asamblea Nacional 2016-2021
Luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional quedó distribuida con 112 curules para la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y 55 para el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Estos comicios significaron la segunda victoria electoral de la Unidad en 17 años; la primera vez, desde el año 2000, que el partido oficialista no tendrá mayoría en el parlamento venezolano; y alteró, por completo, el panorama político para el período 2016-2021. El presidente de este Parlamento en su primer año fue Henry Ramos Allup del partido Acción Democrática.
La alianza de partidos opositores obtuvo las dos terceras partes de la AN y con ello, debió haber tenido entre sus potestades la de elegir las próximas autoridades del Palacio Federal Legislativo, aprobar o modificar leyes orgánicas, separar a un diputado de su cargo, designar a los integrantes del CNE, remover al Defensor del Pueblo, a los magistrados del TSJ, previa audiencia del Poder Ciudadano, y tener la iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
Sin embargo, tras estos resultados, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) impugnó ante el TSJ los resultados contra 10 parlamentarios de oposición por supuestas irregularidades en la elección. El 30 de diciembre de 2015, la Sala Electoral del TSJ ordenó suspender los resultados en Amazonas, entidad en la que habían sido electos tres diputados de la coalición opositora. El motivo fue una grabación de una llamada por teléfono, en la que presuntamente se escuchaba a Victoria Franchi Caballero, secretaria de la Gobernación de Amazonas, afirmando haber pagado cantidades de dinero por votos a beneficio de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Julio Ygarza, Nirma Guarulla, y Romel Guzamana (diputados por la representación indígena) fueron desincorporados de sus curules por el TSJ.
El 5 de enero de 2016, cuando correspondía la instalación de la AN de mayoría opositora, los diputados se juramentaron sin los representantes de Amazonas, a quienes incorporaron un día después. Seis días después, el 11 de enero de 2020, la Sala Electoral del TSJ –entonces presidida por la hoy presidenta del CNE, Indira Alfonzo– emitió la sentencia Nº1/2016 que declaró en desacato a la AN, y calificó de nulos todos los actos del Poder Legislativo. Esa decisión ha sido ratificada por la Sala Constitucional en reiteradas oportunidades. Solo entre 2016 y 2017, el máximo tribunal del país emitió ocho sentencias para reafirmar esta medida.
La persecución de diputados
Durante los últimos cinco años, las competencias de la AN han sido erosionadas y, en ese proceso, las potestades de los diputados electos. La lista de los parlamentarios a los que les han allanado su inmunidad, han privado de libertad o se han exiliado es extensa. El TSJ y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -institución que carece de legitimidad de origen y no cuenta con el reconocimiento de la oposición venezolana, ni de los organismos internacionales- han señalado a miembros del Poder Legislativo de presuntamente cometer delitos como instigación a la insurrección, usurpación de funciones, traición a la patria, desobediencia de las leyes, concierto para delinquir, entre otros.
Según Transparencia Venezuela, entre mayo y diciembre de 2019 fueron 24 diputados a los que se allanó la inmunidad. De hecho, el 7 de mayo de 2019, el TSJ le revocó la inmunidad a Henry Ramos Allup, Américo de Grazia, Luis Florido, Édgar Zambrano, Simón Calzadilla, Richard Blanco, Freddy Superlano, Juan Andrés Mejía, Mariela Magallanes y Sergio Vergara, arguyendo cargos como “conspiración, rebelión o traición a la patria”.
Asimismo, el gobierno de Maduro también allanó las inmunidades parlamentarias de Carlos Lozano, Carlos Paparoni, Franco Casella, Freddy Guevara, Germán Ferrer, Gilber Caro, Hernán Alemán, Ismael León, Jorge Millán, Juan Guaidó, Juan Pablo García, Juan Requesens, Julio Borges, Luis Stefanelli, Miguel Pizarro, Rafael Guzmán, Renzo Prieto, Richard Blanco, Tony Geara, Tomás Guanipa y Winston Flores. Conoce más detalles aquí.
El gobierno interino
El 23 de enero de 2019 Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional se proclamó presidente encargado de Venezuela. El hasta entonces diputado por el partido Voluntad Popular en representación del estado La Guaira (anteriormente Vargas) invocó el artículo 233 de la CRBV y en un cabildo abierto en Caracas asumió de forma interina la primera magistratura del país. Posteriormente, y a lo largo del año, alrededor de 60 países lo reconocieron, así como la Organización de Estados Americanos (OEA).
El 28 de mayo de 2019 el parlamento venezolano aprobó en primera discusión la ley que aprueba el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), “Ley Aprobatoria de Adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”. Por su parte, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidió por cuarta semana el ingreso de la prensa y los trabajadores de la Asamblea Nacional al Palacio Federal Legislativo.
El 2 de julio de 2019 el parlamento venezolano acordó solicitar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la conformación de una comisión independiente para investigar las torturas y muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, incluyendo un examen forense independiente realizado de acuerdo al Protocolo de Minnesota.
El 9 de julio de 2019 el parlamento venezolano designó, en sesión ordinaria, una comisión técnica para hacer evaluaciones de méritos y credenciales del Banco Central de Venezuela (BCV). La comisión la componen los diputados Macario González, Freddy Valera, Omar González y José Guerra.
El 5 de enero de 2020, el Parlamento nombró a dos juntas directivas. Luego de registrarse actos violentos en la sede del Poder Legislativo e impedir la entrada de Juan Guaidó y la mayoría de diputados opositores, Luis Parra fue proclamado presidente de la AN en una sesión dentro del Palacio Legislativo. Asimismo, Franklyn Duarte fue nombrado primer vicepresidente y José Gregorio Noriega fue designado segundo vicepresidente. Todo esto fue realizado por una fracción de diputados, entre oficialistas y opositores disidentes.
Ese mismo día, otro grupo de parlamentarios opositores nombró a Juan Guaidó como presidente de la AN en una sesión en la sede del diario El Nacional. Juan Pablo Guanipa fue nombrado primer vicepresidente y Carlos Berrizbeitia fue designado como segundo vicepresidente.
Las parlamentarias 2020
A pesar del contexto de la pandemia por Covid-19, el 6 de diciembre de 2020 es la fecha pautada por la nueva directiva del CNE –designada Ad Hoc el 12 de junio por el TSJ en lugar del Parlamento- para la realización de las parlamentarias. Los comicios que elegirán a los integrantes de la Asamblea Nacional (AN) contarán con la participación de 107 organizaciones políticas –según el ente comicial- y en ellos serán escogidos 277 parlamentarios, una cifra mayor a la de 167 diputados que fueron electos en las anteriores votaciones de 2015.
Este proceso electoral, de acuerdo con expertos que así lo han denunciado, se caracteriza por carecer de condiciones democráticas, al haber sido convocadas en un ambiente marcado por las intervenciones de las juntas directivas de partidos políticos nacionales y designación de juntas Ad Hoc que pueden usar los logos y colores de las toldas, como es el caso de Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP), Copei, entre otros; el irregular adelanto de la campaña electoral, la modificación de la elección indígena a unos comicios de segundo grado violentando los derechos de esta minorías, el incremento los curules y la reforma del Título XIV del Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), referente a la observación nacional de los procesos electorales y el acompañamiento internacional.
Ante este escenario, la oposición democrática venezolana, así como países y entes internacionales, entre ellos la Unión Europea, el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA) -organismo que emitió una resolución donde avala que “en Venezuela no existen las condiciones mínimas democráticas para la realización de esos comicios”- han expresado que no reconocerán la validez de las parlamentarias. En respuesta a estos hechos, desde el actual Parlamento se llevará a cabo una Consulta Popular, con base en el artículo 70 de la CRBV, con el objetivo rechazar las parlamentarias del 6 de diciembre.
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva y ministra (E) de Economía, Delcy Rodríguez, aseguró el 21 de noviembre que al gobierno de Nicolás Maduro no le importa el reconocimiento internacional. “No nos importa porque quien tiene que hablar en las elecciones de Venezuela es su pueblo”.
La extensión del mandato de la AN 2015
El 26 de junio de 2021, la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora aprobó en segunda discusión, sin contar con el voto de Acción Democrática (AD), la reforma del “Estatuto que Rige la Transición hacia la Democracia” con el objetivo de extender el mandato constitucional del Parlamento electo en 2015. Esto, en respuesta a las cuestionadas parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 que, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), le otorgaron al oficialismo 253 de los 277 escaños.
Dentro de las modificaciones, se acordó eliminar la figura del Centro de Gobierno –hasta entonces coordinado por Leopoldo López- y la creación de un Consejo Político como órgano de coordinación, seguimiento y control de la Presidencia (E) de Venezuela. Asimismo, se decidió que la continuidad parlamentaria funcionará a través de una comisión delegada.
Cuatro días después, el 30 de diciembre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró nula y con carencia de efectos jurídicos la reforma del Estatuto, a través de la sentencia 0274-2020.
