Es el máximo organismo de justicia del país. En 1999 sustituyó a la Corte Suprema de Justicia. Se divide en seis salas o instancias: Constitucional, Político-administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Social y Casación Penal. Todas ellas conforman la Sala Plena. Entre sus atribuciones están: la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde al TSJ la elaboración de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial. También declarar si hay o no mérito para el enjuciamiento del Presidente de la República, y en caso de ser afirmativo, continuar conociendo la causa, con previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva; declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del vicepresidente ejecutivo, diputados de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, los ministros, del procurador general, del fiscal general, del contralor general de la República, del defensor del Pueblo, los gobernadores, oficiales o almirantes de la Fuerza Armada Nacional, diplomáticos de la República, y en caso afirmativo, remitir los autos al fiscal general; y si el delito fuere común se continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva.

Perfil

El  Tribunal Supremo de Justicia desde marzo de 2017 está presidido por Maikel Moreno. Tiene, en total, 32 magistrados y seis salas, que son la Constitucional, la Político-Administrativa, la Electoral, la sala de Casación Social, Casación Civil y Casación Penal.

Todas esas salas están representadas por cinco magistrados, a excepción de la Constitucional, que cuenta con siete magistrados o jueces principales. Estos magistrados se eligen cada doce años a través de un proceso de postulaciones en la que, según el portal oficial del Tribunal, también participa la sociedad civil, aunque esos aspirantes son electos en la Asamblea Nacional.

Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia ha sido una de las instituciones más señaladas por falta de independencia y de beneficiar a miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela.

El artículo 263 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que se publicó en Gaceta Oficial el 20 de mayo de 2004, reza que para ser magistrado es necesario ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad; ser ciudadano de reconocida honorabilidad, ser jurista de reconocida competencia y tener al menos 15 años de ejercicio como abogado, o 15 años como profesor universitario, entre otros.

A finales del año 2014 inició el proceso de preselección de nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Para el 10 de noviembre, ya existían 33 postulados, 16 mujeres y 17 hombres. Carlos Gámez, vicepresidente del comité de postulaciones, explicó entonces que hasta el 12 de noviembre recibirían más aspirantes. Ya luego le corresponde actuar a la Asamblea Nacional y el 20 de diciembre, probablemente, se tendrían los resultados definitivos de las nuevas caras del mayor órgano judicial del país.

MISIONES

El portal electrónico del Tribunal asegura que su principal función es asegurar la protección y tutela de las garantías constitucionales de la República. Su visión es garantizar el estado democrático y social de derecho y de justicia eficaz, que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a través de una administración de justicia imparcial, transparente, racional, equitativa, expedita, autónoma, eficaz y accesible al justiciable. Y sus valores compartidos son la racionalidad, equidad, ética, responsabilidad, honestidad, imparcialidad, lealtad, corresponsabilidad, solidaridad y prudencia.

Su sede está ubicada al final de la avenida Baralt, en Caracas, muy cerca del Panteón Nacional. Se trata de una estructura de más de tres mil metros cuadrados cuya construcción comenzó en 1983 y terminó en 1987.

CASOS

Al menos dos exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia están ahora solicitados por la justicia venezolana. Tal es el caso de Luis Velázquez Alvaray, director ejecutivo de la Magistratura que estuvo involucrado en un caso de corrupción y desvío de fondos. El Ministerio Público inició una investigación en su contra por las irregularidades que hallaron durante la asignación de recursos y contratación de empresas para la construcción de la ciudad judicial Lebrún. Por el caso, Velázquez Alvaray huyó del país y se asiló en Costa Rica, desde donde denuncia a funcionarios del Gobierno de estar involucrados en casos de corrupción y homicidios. Otro caso, reciente, es el del magistrado Eladio Aponte Aponte, quien desde Estados Unidos denunció los vínculos entre funcionarios militares allegados al Gobierno y el cartel del narcotraficante Walid Mackled.

  El 8 de octubre de 2015, se dio a conocer que la Asamblea Nacional convocó a un proceso de postulaciones para sustituir a los magistrados del TSJ que ha solicitado su jubilación. De acuerdo con una nota de El Universal, al menos once magistrados que empezaron a trabajar en 2004 y que deberían jubilarse en 2016, solicitaron jubilarse anticipadamente.

Según los ex magistrado José Peña Solís y Blanca Rosa Mármol, los movimientos trataban de mantener la “hegemonía institucional” del chavismo. En palabras de Peña Solís: “La Asamblea Nacional actúa con una sospechosa premura al llamar a postulaciones para reemplazar a quienes se jubilan. Parecieran actuar por temor a que la oposición llegue a la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias y designe a los nuevos magistrados el año que viene. Es un adelanto de jubilación. No se sabe la situación particular de los que serían jubilados, pero tampoco hubo claridad en la convocatoria para las postulaciones, que no dice cuántas son las vacantes y a la sala que pertenecen. Esto es importante para definir el perfil de los candidatos”.

Todas estas denuncias fueron formalizadas por la nueva Asamblea Nacional que, a partir del 6 de diciembre de 2015, fue de mayoría opositora. Desde entonces, inició un pulso político entre ambos Poderes Públicos que anuló casi todas las decisiones y acuerdos tomadas por el nuevo Parlamento. Desde que tomó posesión el 5 de enero de 2016, toda ley aprobada por la AN fue declarada nula por el TSJ bajo el argumento de que el Parlamento se encontraba en “desacato”.

La primera ruptura ente ambas instituciones fue la incorporación de tres diputados del estado Amazonas cuya votación había sido impugnada. Pese a que, un año más tarde -y con un nuevo presidente, el diputado de Primero Justicia, Julio Borges– la Asamblea desincorporó de su cuerpo a los diputados en un intento por salir del “desacato”, el Tribunal mantuvo que debía ser la Junta Directiva anterior, presidida por Henry Ramos Allup, quien debía efectuar el procedimiento.

La última semana de marzo de 2017, y mientras en la Organización de Estados Americanos (OEA) se desempeñaba una sesión en la que discutía la activación de la Carta Democrática contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el la Sala Constitucional del TSJ emitió dos sentencias contra la AN. La primera, limitaba la inmunidad parlamentaria de los diputados, anulaba el acuerdo a través del cual el Parlamento manifestó a su apoyo a la iniciativa de la OEA y daba poderes especiales al Presidente de la República para que tomara las medidas necesarias para “salvaguardar” el país. En la segunda, emitida la noche del 29 de marzo de ese año, la Sala asumía todas las funciones de la Asamblea, todavía en “desacato”.

De acuerdo con la abogada y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la decisión evidenciaba un “quiebre constitucional” en el país y disolvía, de facto, a la Asamblea Nacional.

En adelante, el TSJ ha continuado emitiendo sentencias. En mayo, la Sala Constitucional declaró inadmisible un recurso de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, contra la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro y el 12 de junio, apenas una semana después de que la fiscal -ante la negativa de la Sala Constitucional- introdujera un recurso similar ante la Sala Electoral, esta tampoco admitió el documento por “inepta acumulación de pretensiones”.

De acuerdo con el abogado Nizar El Fakhi, la última vez que la Sala Electoral había declarado inadmisible un recurso fue el 25 de mayo de 2017 y había tardado más de ocho meses en tomar la decisión.

El 7 de mayo de 2019 la sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro ordenó el enjuiciamiento de seis diputados de la Asamblea Nacional sin antejuicio de mérito: Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Américo De Grazia y Richard José Blanco Delgado.

Según la sentencia, se les acusa por la comisión en flagrancia de “Traición a la Patria, Conspiración, Instigación a la Insurrección, Rebelión Civil, Concierto para Delinquir, Usurpación de Funciones, Instigación Pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada”. El magistrado, Danilo Mojica, votó en contra de la decisión del Tribunal de calificar en flagrancia a los diputados de la Asamblea Nacional por violar el antejuicio de mérito.

La magistrada, Marisela Godoy, informó, a través de Twitter, que no asistió a la reunión por estar fuera del país y rechazó los argumentos a favor del fallo. El TSJ argumentó que por ser una comisión flagrante de delitos comunes no procede un antejuicio de mérito para despojar la inmunidad parlamentaria.

Días antes, Maduro ordenó a la fiscalía, controlada por el chavismo, investigar a los diputados por apoyar el alzamiento cívico militar del 30 de abril de 2019.

El 14 de mayo de 2019 el TSJ emitió decisión en contra de cuatro diputados de la Asamblea Nacional. Ellos son: Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella y Winston Flores. Con esta última sentencia, suman ya 14 los diputados acusados por el Tribunal.

El 29 de mayo de 2019 el TSJ sumó a la lista de diputados señalados por alzamiento militar del 30 de abril, el nombre del parlamentario Rafael Guzmán.

El 4 de junio de 2019 la Sala de Casación Civil del TSJ, de acuerdo con una reseña de Efecto Cocuyo, declaró sin lugar el recurso interpuesto por la empresa Inversiones Watermelon C.A., propietaria del portal informativo La Patilla. En consecuencia el medio digital debe cancelar 30 mil millones de bolívares a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

La demanda por “daño moral” fue presentada el 25 de abril de 2015, por Cabello, tras la publicación de un texto del diario español ABC, y cuya información fue publicada por los medios venezolanos La Patilla, Tal Cual y El Nacional. 

El 12 de junio de 2019 el TSJ ordenó allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados José Guerra y Tomás Guanipa.

El TSJ del gobierno de Maduro declaró nula la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), aprobada días antes por la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora.

El 12 de agosto de 2019, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ordenó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra y Tomás Guanipa.

El 27 de agosto de 2019 la Sala Constitucional del TSJ, a través de la sentencia 324, anunció que se harán elecciones de rectores en todas las universidades cuyas autoridades tengan vencidos sus periodos administrativos. Asimismo, ordenó la celebración de elecciones en un periodo máximo de seis meses, y se declaró un régimen transitorio.

El 29 de noviembre de 2019 la Sala Constitucional del TSJ ratificó la medida de la sentencia 324, emitida por el Poder Judicial el 27 de agosto de 2019, en la que ordena la realización de elecciones en las universidades del país. Asimismo, declaró sin lugar las oposiciones a la medida y el recurso interpuesto por los rectores de las casas de estudio.

Datos Básicos

Tipo de Organizacion:
Organismo Gobierno
Razón Social:
Tribunal Supremo de Justicia
Nombre Fantasía:
TSJ
País:
VENEZUELA

Trabajo en Cargos Públicos

Adriana López Orellana es Juez Es Presente
Carmen Zuleta es Magistrado Es Presente
Arcadio Delgado es Magistrado Es Presente
Juan José Mendoza es Magistrado Es Presente
Ysbelia Pérez es Magistrado Es Presente
Luis Ortiz es Magistrado Es Presente
Evelyn Marrero es Magistrado Es Presente
Malaquias Gil Rodríguez es Magistrado Es Presente
Juan José Núñez es Magistrado Es Presente
Jhannett Madriz es Magistrado Es Presente
Oscar León Uzcátegui es Magistrado Es Presente
Carmen Porras es Magistrado Es Presente
Héctor Coronado es Magistrado Es Presente
Paúl Aponte es Magistrado Es Presente
Úrsula Mujica es Magistrado Es Presente
Deyanira Nieves es Magistrado Es Presente
Emiro García es Magistrado Es Presente
Yris Peña es Magistrado Es Presente
Luis Franceschi es Magistrado Es Presente
Fernando Vegas es Magistrado Es Presente
Gladys Gutiérrez es Presidente/a Es Presente
Francisco Carrasquero es Magistrado Es Presente
Luisa Estella Morales es Magistrado Es Presente
Maikel Moreno es Presidente/a desde 03-2017Es Presente
Indira Alfonzo Izaguirre es Magistrado desde 12-2014Es Presente
María Eugenia Núñez es Juez Es Presente
Susana Barreiros es Juez Es Presente
Marjorie Calderón es Magistrado desde 12-2014Es Presente
Francisco Velázquez es Magistrado desde 12-2014Es Presente
Guillermo Blanco es Magistrado desde 12-2014Es Presente
Mónica Misticchio es Magistrado desde 12-2014Es Presente
María Carolina Ameliach es Magistrado desde 12-2014Es Presente
Marisela Godoy es Magistrado desde 12-2014Es Presente
Irma María González es Magistrado desde 12-2014Es Presente
Elsa Gómez Moreno es Magistrado desde 12-2014Es Presente
Francia Coello es Magistrado desde 12-2014Es Presente
Edgar Gavidia es Magistrado desde 12-2014Es Presente
Danilo Mojica es Magistrado desde 12-2014Es Presente
Inocencio Figueroa es Magistrado desde 12-2014Es Presente
Juan Pablo Torres es Magistrado desde 12-2014Es Presente