Poderopedia Venezuela presenta el especial “Escáner” electoral, un trabajo que plantea una revisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano representante del Poder Electoral en Venezuela y encargado del desarrollo de todos los comicios efectuados en el país. En esta primera entrega se abordan temas como Registro Electoral, auditorías y elecciones conjuntas
El comienzo de un septenio
Cuando la AN/6D dio a conocer los nombres de los nuevos rectores del CNE para los venideros siete años, habían transcurrido 11 meses desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombró a la junta directiva Ad Hoc que los antecedió. Pedro Calzadilla, Enrique Márquez, Tania D’ Amelio, Roberto Picón y Alexis Corredor, fueron designados el 4 de mayo de 2021 como los rectores principales del Poder Electoral venezolano. De igual forma, se nombraron como rectores suplentes a Carlos Quintero, Francisco Garcés, Leonel Parica, Rafael Chacón, Griselda Colina, Francisco Martínez, Gustavo Vizcaíno, Saúl Bernal Peña, Conrado Pérez y León Antonio Arismendi.
Pulsa clic en las imágenes y descubre quién es quién en el CNE. Infografía: Camila Agelvis. Animación: Francisco Colmenares
¿Qué han dicho los organismos y líderes internacionales sobre el nuevo CNE?
Tras la designación del nuevo Poder Electoral, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó este nombramiento por venir de “una Asamblea Nacional ilegítima”. A través de un comunicado, la Secretaría General de la OEA aseguró que estas acciones son “contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de los Poderes políticos del Estado”. Además, el organismo regional recordó que en diciembre de 2020 emitió la Resolución CP/RES. 1164 en la que no reconoció, por carecer de condiciones democráticas, el proceso comicial que dio origen a la AN/6D.
Un día después, el 5 de mayo de 2021, Peter Stano, portavoz principal del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea (UE), declaró que consideraban la designación del nuevo CNE como un primer paso y que continuarán evaluando el proceso. “Este proceso debe ser liderado por los venezolanos y debe incluir otros elementos que garanticen un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente, como piden los propios venezolanos”, afirmó Stano de acuerdo con una reseña de Efecto Cocuyo.
El 6 de mayo, Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU, declaró a través de la red social Twitter que el gobierno de su país apoya una solución “integral y negociada” a la crisis en Venezuela. “Depende de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral contribuye a este fin”, resaltó.
Por su parte, el 7 de mayo, Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, publicó una carta dirigida a Josep Borrell, y firmada por 21 eurodiputados, en la que reiteran que la Unión Europea no reconoce a la AN/6D como legítima y, en consecuencia, no avalan sus decisiones.
El 21 de junio, Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, anunció que la UE enviará una misión exploratoria a Venezuela para evaluar la posibilidad desplegar una misión de observación de cara a los comicios de noviembre de 2021.
Es importante destacar que desde 2010 la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) establecía que la figura de observación electoral es un derecho “reservado únicamente a los venezolanos y organizaciones nacionales”. Posteriormente, el 15 de octubre de 2020, el CNE aprobó la reforma del Título XIV del Reglamento de la Lopre, referente a la observación nacional de los procesos electorales y el acompañamiento internacional. De acuerdo con un comunicado publicado en la página del Poder Electoral, la reforma consistió en cambiar la terminología “acompañamiento internacional” y “observación nacional” por “veeduría».
La ruta hacia unas “megaelecciones”
Una semana después de haber sido designados los nuevos rectores del CNE, se anunciaron elecciones municipales y regionales en Venezuela. Así el 11 de mayo, el rector principal y presidente del Poder Electoral, Pedro Calzadilla, informó durante una rueda de prensa que las votaciones de alcaldes, de gobernadores, de concejales y de diputados regionales se harían juntas. Asimismo, aseguró que llevarán a cabo una auditoría al Registro Electoral, al sistema de votación y los captahuellas, así como revisar el estado de inhabilitaciones políticas y garantizar la veeduría internacional.
El 13 de mayo, Calzadilla indicó que los comicios regionales y municipales en el país se llevarán a cabo el domingo 21 de noviembre. Posteriormente, el 24 de mayo se dio a conocer la instalación del Comité Logístico Nacional y se estableció como coordinador de esta instancia a Carlos Quintero, rector suplente que suma 14 años en el CNE y ha participado en la logística de más de 17 procesos electorales.
La ruta hacia estas denominadas “megaelecciones” inició el 26 de febrero, fecha en la que la AN/6D aprobó un Proyecto de Ley Derogatoria de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, el cual permitiría realizar estos comicios al derogar la normativa de 2010 que prohibía hacer elecciones en simultáneo. Según declaraciones tanto de Nicolás Maduro como de Jorge Rodríguez, hacer “megaelecciones” fue una idea que surgió del seno de la “oposición” que está dentro del Parlamento escogido el 6 de diciembre de 2020.
¿Es la primera vez que se habla de “megaelecciones” en el país?
En Venezuela no se realizan “megaelecciones” desde 2000 -hace más de 20 años-, cuando se convocaron votaciones para validar y relegitimar todos los poderes públicos del país. El 1 de marzo de 2018, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del gobierno de Maduro aprobó un decreto para respaldar la realización de las elecciones presidenciales y de Consejos Legislativos y de Concejos Municipales en mayo de ese año. Sin embargo, esta iniciativa no se materializó debido a que los comicios municipales se rodaron para el mes de diciembre.
Por otra parte, las elecciones más recientes en las cuales se escogieron conjuntamente a alcaldes y gobernadores se hicieron en 2008, cuando el fallecido Hugo Chávez era presidente de la República. Como dato de interés, las de noviembre de 2021 serían las primeras votaciones municipales y regionales que se llevan a cabo en paralelo bajo la administración de Nicolás Maduro.
Registro Electoral: una auditoría necesaria
Entre los compromisos asumidos por el nuevo CNE, de cara a las llamadas “megaelecciones” de noviembre, está la auditoría del Registro Electoral. ¿En qué consiste el proceso de auditar el Registro Electoral?, ¿Cuál es la importancia de esta auditoría?, ¿Desde cuándo no se audita el RE en Venezuela?
De acuerdo con la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Registro Electoral es la base de datos que contiene la inscripción de los ciudadanos que, conforme a la CRBV, pueden ejercer el derecho al voto. El Registro Electoral venezolano se rige por cuatro principios: ser de carácter público, continuo, con eficacia administrativa y automatizado.
Este registro es administrado por el CNE a través de la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Oficina Nacional de Registro Electoral. La Comisión, es presidida desde el 5 de mayo de 2021 por Alexis Corredor, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y ex diputado de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del gobierno de Maduro.
También la integran Tania D´Amelio, quien suma más de una década como funcionaria del CNE y preside la Junta Nacional Electoral, y el rector suplente Conrado Pérez Briceño. Este último se desempeñaba como diputado suplente de la AN/6D en representación del partido Primero Venezuela, y es el padre del ex diputado de la AN/2015, Conrado Pérez Linares, señalado de formar parte de la trama de corrupción para hacer gestiones a favor del empresario Alex Saab, de acuerdo con un reportaje de Armando.info.
Por su parte, la Oficina Nacional de Registro Electoral es dirigida desde noviembre de 2016 por Amelia Esther Alter Pino.
¿De qué se trata la auditoría del RE?
Auditar el Registro Electoral consiste en hacer una revisión de los datos de los ciudadanos inscritos, así como verificar que los electores existen y cumplen con los requisitos constitucionales para formar parte del registro, y depurar a electores fallecidos o inhabilitados.
Para Jesús Castellanos, politólogo y ex funcionario del CNE, el actual Registro Electoral venezolano tiene problemas graves. “No solo por la enorme cantidad de venezolanos que no se han podido inscribir -según expertos más de un millón- sino también por los que han migrado y los que no se han podido actualizar dentro y fuera del territorio nacional”, señala el también profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
El trabajo Registro Electoral Débil, publicado por el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, da cuenta de los problemas mencionados por Castellanos. “En los últimos 22 años, el Registro Electoral ha sufrido un debilitamiento porcentual de electores, pasando de un promedio de incremento bianual de 20% a una caída de 50% para el período 2010-2015 y de 75% para el período 2016-2019 afectando severamente los derechos de participación de los venezolanos”.
Según el estudio, en las parlamentarias de diciembre de 2020 el RE (20.710.421 electores) tuvo una caída en el crecimiento interanual de -0.5% con respecto al padrón de 2018.
¿Desde cuándo no se audita de forma amplia el RE?
Los esfuerzos más recientes de auditar el RE de forma amplia, es decir, de toda la base de electores, datan de hace más de 15 años. “En ese período hubo dos intentos. Uno Internacional, en 2005, por parte del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH); y otro local, en junio de 2006, con representantes de universidades nacionales para revisar exhaustivamente el RE”, explica Castellanos. El politólogo resalta que las conclusiones de ambos procesos giraron en torno a una misma premisa: era necesario realizar una investigación más rigurosa de la base de datos.
En mayo de 2005, cuando el presidente del CNE era Jorge Rodríguez (actual presidente de la AN/6D), el Poder Electoral le solicitó a CAPEL una misión de asistencia técnica para desarrollar una auditoría privada del RE. En este proceso participaron José Thompson y Ricardo Valverde, directivos del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, así como partidos políticos venezolanos: PCV, Izquierda Democrática, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Polo Democrático, Podemos, el MVR, Bandera Roja y el MEP.
En el marco de esa auditoría, la Asociación Civil Súmate publicó el 20 de junio de ese año un informe con recomendaciones para auditar el Registro Electoral. Entre ellas figuraban: identificar los aspectos del RE que podrían vulnerar la confiabilidad, seguridad, calidad y los resultados de los procesos electorales; estimar y cuantificar las posibles inconsistencias presentes en el RE; proponer un plan de acciones correctivas y mejoras al RE; corregir posibles irregularidades detectadas en los datos y procedimientos de actualización del RE.
Un año después, el 9 de junio de 2006, el CNE informó que se llevaría a cabo una nueva auditoría del Registro Electoral, tras la firma del convenio de trabajo entre autoridades de instituciones de educación superior y del ente comicial. En la revisión -que tenía como propósito continuar con la metodología aplicada por CAPEL- participaron las universidades Bolivariana de Venezuela, Simón Rodríguez, Rómulo Gallegos, Rafael María Baralt, Marítima y del Caribe, Experimental de Yaracuy y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
No obstante, el proceso dejó por fuera a tres de las principales casas de estudio del país: la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Simón Bolívar (USB), quienes habían solicitado la auditoría en marzo de ese año. De acuerdo con una nota de prensa de Súmate: “La decisión del directorio del CNE de autorizar una revisión del Registro Electoral sin la participación de las universidades nacionales UCV, USB y UCAB, no permitirá la auditoría independiente que espera el país para lograr el rescate de la confianza en el voto, derecho democrático de los electores para elegir libremente a sus representantes”.
Posteriormente, y con base en el artículo 2 de la Ley de Universidades, la UCV, la UCAB y la USB, publicaron el informe Auditoría digital del RE: estudio de consistencia geográfica y estadística.
¿Cuándo debería plantearse una auditoría amplia del Registro Electoral?
En palabras de Eugenio Martínez, una auditoría amplia del Registro Electoral no está planteada en este momento pero es algo que debería pensarse para el año que viene. “Una auditoría amplia del Registro Electoral como la del año 2005 requiere de, al menos, unos seis meses entre que se define el alcance de la auditoría y se define cómo se va a hacer esa auditoría”, afirma el analista político, quien acota que la última vez que fue auditado el RE de forma amplia hubo muchas trabas legales en cuanto al tema de verificar si los datos de los ciudadanos que están inscritos eran correctos sobre todo por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El Registro Electoral Indígena: una cuenta pendiente
El Poder Electoral venezolano está en deuda con la comunidad indígena. No existe un Registro Electoral para los electores de pueblos originarios y, desde 14 de agosto del año pasado, cuando el anterior CNE aprobó la Reforma Especial para la Regulación de la Elección Indígena, el sistema de votaciones pasó a ser de segundo grado. Sin embargo, esta reforma contradice el artículo 63 de la CRBV, que versa sobre el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.
De acuerdo con Eugenio Martínez, periodista especialista en materia política y electoral, “el tema del Registro Electoral indígena tiene que ver con cómo se han venido eligiendo los representantes de los pueblos indígenas”. El también analista político detalla que “generalmente, para los representantes de los pueblos indígenas votan todos los ciudadanos del estado en donde hay representación indígena, sean indígenas o no”. Martínez destaca que “el CNE tratando de corregir esa situación, ha aplicado lo del voto en segundo grado que es una decisión que agrava el problema y suma otro inconveniente que es que no permite que el voto sea universal, directo y secreto”.
“La única manera que habría de corregir esta situación es que exista un Registro Electoral indígena -con censos que salgan de los pueblos originarios- que permita saber qué grupos de ciudadanos son integrantes de comunidades indígenas y tienen que votar por sus representantes”, argumenta.
En esa misma línea se circunscribe Jesús Castellanos, quien explica que: “Es fundamental la formación de un Registro Electoral Indígena que garantice efectivamente el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos originarios. Su creación debe ser parte de una ley orgánica específica que regule la representación indígena ante cuerpos deliberantes en Venezuela. Vale destacar que esa legislación constituye una deuda del Estado venezolano desde la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo texto en su disposición transitoria séptima establece la necesidad de elaborar una ley orgánica que regule dicha materia”.
La auditoría integral del sistema automatizado de votación
El pasado 14 de junio, de acuerdo con lo anunciado por el CNE, inició la auditoría integral del sistema automatizado de votación, la cual implica una revisión exhaustiva del sistema automatizado de votación (hardware, software, licencias, empresas responsables), y se está efectuando por el Poder Electoral en conjunto con 10 académicos venezolanos. Según Eugenio Martínez, “en la auditoría amplia del sistema de votación se van a revisar las bases de huellas de los electores que es parte de unos de los componentes del sistema automatizado”.
De acuerdo con Castellanos, quien prefiere denominarla “Mesa Técnica” porque “conforme a la legislación venezolana en las auditorías tienen derecho a estar presentes los representantes de los partidos políticos, asunto que no se cumple en esta auditoría integral”, esta revisión constituye un proceso inédito.
“No recuerdo otro proceso donde solo conocedores en el área exploraran en conjunto y de forma exhaustiva los diferentes componentes del sistema automatizado de votación”, destaca el ex funcionario del CNE.
Seis días después del anuncio, el 21 de junio, dio inicio la auditoría y con ella las primeras luces en torno a cómo funciona el sistema automatizado de votación. Según una reseña publicada por Crónica Uno, Ángel Elía, representante de la empresa Ex-Clé, explicó que las máquinas del sistema funcionan con una versión no licenciada de Windows 10 y los archivos de configuración del hardware están protegidos por un código hash, es decir, una función algorítmica de resumen seguro de un documento cuyo valor es único. En otras palabras, es un código que hace las veces del ADN de un documento.
Además, Elía reveló que, en algunos casos, los dispositivos captahuellas del sistema electoral, al no confirmar la coincidencia de la huella del elector con las de la base de datos del CNE, habilita la máquina para registrar el voto en algunas instancias. “En la actualidad, no existe un reglamento que diga que si una persona hace “no match” no pueda votar. Imagínense lo que pasaría si no se deja que la gente vote por esto. Las limitaciones que existen se refieren más a cantidad, de que no pueda usarse esa flexibilidad como un ataque al sistema de votación”, explicó Elía.
Partidos políticos intervenidos, ¿cómo han quedado?
El 11 de mayo de 2021, el rector principal y presidente del CNE, Pedro Calzadilla, aseguró que revisarán el estado de inhabilitaciones políticas y garantizarán la veeduría internacional de cara a los comicios de noviembre de este año.
Sin embargo, el 21 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la sentencia nro. 184, extendió por un lapso de 12 meses la sentencia nro. 0071 (emitida en junio de 2020) en la que se nombró una junta directiva Ad Hoc para llevar adelante un “proceso de reestructuración necesario del partido Acción Democrática (AD)”. De acuerdo con la decisión del máximo tribunal, la junta Ad Hoc continuará presidida por Bernabé Gutiérrez, diputado de la AN/6D.
Según Acceso a la Justicia, al menos 10 organizaciones políticas han sido intervenidas desde 2012. De hecho, entre junio y septiembre de 2020, hubo seis sentencias del TSJ que intervinieron, suspendieron o nombraron juntas Ad Hoc de partidos políticos, en el marco de las parlamentarias del 6 de diciembre de ese año. Los partidos que aún continúan afectados son: AD, Voluntad Popular, Primero Justicia (PJ), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Tupamaro, Patria Para Todos (PPT) y Copei.
El 31 de mayo de 2021, Calzadilla anunció que -hasta esa fecha- 111 organizaciones con fines políticos estaban habilitadas para participar en los comicios donde se escogerán 23 gobernadores, 335 alcaldes, 259 miembros de Consejos Legislativos estadales y 2.459 concejales. De estas organizaciones, 35 son partidos políticos nacionales, 52 regionales, seis indígenas nacionales y 18 indígenas estadales. Pero esto no cambia el estatus de los partidos afectados por las sentencias del TSJ.
“Lo ocurrido con Bandera Roja, UPV o Nuvipa, por ejemplo, de permitir que participen, pese a estar bajo decisiones del TSJ o no haber alcanzado el porcentaje legal, pareciera un intento de destrabar el juego en cuanto a la oferta electoral, aunque ello signifique solo un pequeño paso en esta destrucción de pluralismo político que se ha producido en Venezuela en los últimos años”, afirma Castellanos.
El 29 de junio de 2021, el CNE anunció que habilitaron la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) (la cual permanecía inhabilitada desde 2018 por una sentencia del TSJ), así como otras siete organizaciones políticas nacionales y 12 regionales para que puedan participar en los comicios de noviembre de 2021.
