6.8 millones de venezolanos padecen de malnutrición de acuerdo con el informe 2019 del estado de la Seguridad Alimentaria y la nutrición en el mundo, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Asimismo, de acuerdo con datos de Cáritas Venezuela, desde 2017, la desnutrición infantil en Venezuela está calificada como emergencia humanitaria.
Estas cifras, que ilustran la crisis agroalimentaria que atraviesa Venezuela, y que sitúan al país entre los 10 países con alto riesgo de emergencia en seguridad alimentaria, según la FAO, conducen a una interrogante: ¿Cuándo inició el deterioro del sector alimentación?
La investigación Empresas propiedad del Estado II, publicada por Transparencia Venezuela, sitúa 2008 como el año donde comenzó la debacle, y así también lo confirman cifras oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV), en las que se devela que el Producto Interno Bruto Agrícola (Piba), inició una etapa de decrecimiento entre 2008 y 2014.
Otro dato interesante que aporta esta investigación está en el funcionamiento del anteriormente llamado Sistema Alimentario Venezolano que, antes de la llegada del chavismo, estaba principalmente compuesto por empresas privadas. No obstante, el Estado venezolano, encarnado en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, es propietario de 576 empresas, de las cuales 441 fueron expropiadas, y 42 de ellas pertenecen al sector agroalimentario.
El resultado: un sistema de empresas deterioradas, con problemas de producción y denuncias por corrupción, que afectan directamente la dieta del venezolano. Encuentra en Poderopedia Venezuela los perfiles de algunas de estas corporaciones: Lácteos Los Andes, Agropatria, Industrias Diana, Fama de América, Abastos Bicentenario, Mercal, Corpo PDV-Mercal, Agrofanb, Pdval, Tiendas Clap, Arroz del Alba, Casa S.A., Corporación Venezolana de Alimentos, Empresa Socialista Ganadera Bravos de Apure, Empresa Socialista Ganadera Santos Luzardo, Venalcasa y Friosa.
La crisis alimentaria en Venezuela: un mecanismo de control social
El Estado venezolano no solo se ha apoderado del sector agroalimentario a través de la creación y expropiación de empresas que antes eran de capital privado, sino que también ha desarrollado todo un marco regulatorio, como la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía, la Ley de Tierras, y la Ley Orgánica de Precios Justos, con el objetivo de controlar la producción, distribución y compra de materias primas y alimentos.
Por su parte, en enero de 2014 –en el marco de la Ley Orgánica de Precios Justos- Maduro ordenó la creación de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde), un organismo que tiene entre sus funciones el control de los precios de los bienes y servicios, y la inspecciones de oficio o por denuncias, a las empresas destinados a la producción, importación, distribución, comercialización, almacenamiento de empresas privadas.
En enero de 2014 -cuando fue creada la superintendencia reguladora- la inflación se ubicaba en 3,3%, según cifras del BCV, la escasez de alimentos alcanzaba el 28% y el costo de la canasta básica familiar era de 15.919,17 Bs (cifra antes de la más reciente reconversión monetaria), según el Cenda.
Dos años después, en abril de 2016, uno de los años más críticos en materia de desabastecimiento de alimentos, en el que los venezolanos pasaban horas en largas colas para obtener productos de la cesta básica a precios regulados, el gobierno creó los Comités Locales para el Abastecimiento y Producción (Clap), un mecanismo de control social y político para la distribución de alimentos bajo la administración del Estado.
La trama de corrupción que gira alrededor de los Clap, y que vincula a empresas como Group Grand Limited, así como la baja calidad de los productos importados que llegan a las familias más humildes del país, ha sido develada por los periodistas Roberto Deniz y Patricia Marcano, de Armando.info, con las colaboraciones de Claudia Solera, del diario Excélsior, de México.
Tres meses después de la creación de los Clap, en julio de 2016, el gobierno de Maduro decretó Estado de Excepción y Emergencia Económica, y creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano (Gmas). Esta institución, bajo la dirección del también ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, se basaba en tres áreas: agroalimentaria, farmacéutica e industrial, y puso en manos de los militares el sistema alimentario del país.
De la caja socialista a las tiendas de propiedad privada: los Clap
Todo comenzó en enero de 2017, cuando durante un discurso de Memoria y Cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Nicolás Maduro anunció que convertiría Pdval, Mercal, Abastos Bicentenario en un sistema de tiendas de los Clap.
Meses después, el 13 de julio de 2017, el entonces vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, anunció que el gobierno inauguraría en los diferentes estados del país, las tiendas de los Clap. Sin embargo, como todo negocio físico, los nuevos locales necesitaban sedes y para ello fue necesario usar las de los Abastos Bicentenario, espacios que ya habían pasado por procesos de transformación
El cambio a Tiendas Clap fue más que de denominación. Los espacios comerciales empezaron a exhibir características que los alejaban de los antiguos Abastos Bicentenario y a dejar en claro que ya no eran locales de índole estatal, tal como reseñaron varios medios de comunicación. Según una nota periodística publicada el 03 de diciembre de 2018 por efectococuyo.com, “Tiendas Clap ofrecen precios exorbitantes, pago en dólares y productos importados”. Todo parecía evidenciar que las nuevas tiendas eran ahora de capital privado.
No obstante esta información había sido dada a conocer meses antes. En un reportaje del periodista Roberto Deniz titulado “Los Clap son una ‘franquicia’ y ya tienen dueño” publicado el 8 de agosto de 2018 por el portal web Armando.info se devela que tras las tiendas figuran los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, quienes también forman parte de la lista de grandes importadores privados de alimentos para los Clap.
