Rafael Ramírez

La noche del 2 de septiembre de 2014 en el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro marcó el punto final a la trayectoria de Rafael Ramírez en el ministerio de Petróleo y Minería y en la presidencia de Pdvsa, doble rol que jugó durante la última década y desde donde ejecutó las acciones para poner los ingresos petroleros a disposición del proyecto político del fallecido presidente Hugo Chávez. Aunque no queda fuera del Gobierno, porque fue designado ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente de Soberanía Política, el hasta ese momento el hombre más fuerte de la economía venezolana, ya no tendrá la llave de la caja fuerte del país.

Ramírez, ingeniero mecánico egresado de la Universidad de los Andes en 1989, recibió en octubre de 2013 la designación como vicepresidente del Área Económica, en sustitución del para ese momento ministro de Finanzas, Nelson Merentes -hoy presidente del Banco Central de Venezuela-. Desde entonces el funcionario con más tiempo en el gabinete, con el récord de más años continuos en Pdvsa, responsable de misiones como Gran Vivienda Venezuela, tomó las riendas de la economía venezolana con la promesa de derrotar el dólar paralelo.

El 22 de enero de 2014, Ramírez, como directivo del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) anunció una serie de medidas alrededor del tipo de cambio, entre ellas que los boletos aéreos y el cupo viajero pasaban a un sistema de banda delimitado por el dólar Sicad. Además, enfatizó que el presupuesto de importaciones del país para este año sería de $42 mil millones, ni más ni menos. De inmediato, analistas y líderes de la oposición lo acusaron de ejecutar una devaluación de la moneda.

«Esto no es una devaluación, es un sistema cambiario distinto que tiene bandas y el Estado sigue utilizando su tasa preferencial y la capacidad que tenemos de ingresar divisas a la nación”, no tardó en salir a aclarar el ministro ese enero, cuando ya se rumoraba acerca de su posible salida de Pdvsa, donde sería sustituido por el presidente de Citgo, Nelson Martínez.

Los puentes de plata

Pero más que concretarse su cambio, parecía que el vicepresidente del Área Económica se convertía en una figura imprescindible para el gobierno de Maduro. El 14 de junio, en un encuentro organizado por la firma Lazard Asset Managament, se reunió en Londres con 50 representantes de la banca internacional de inversión, a quienes afirmó que la tasa de cambio a Bs 6,30 por dólar es muy bajo. También reconoció la necesidad de ajustar el precio de la gasolina. Incluso antes de ese encuentro en la capital de Inglaterra, parecía inminente la aplicación de medidas económicas.

Cuatro días después de que se conociera de esa reunión en Londres, salió del Gobierno el ministro de Planificación, Jorge Giordani, quien de acuerdo con versiones prensa se oponía a las medidas propuestas por Ramírez. En una carta que se hizo  pública el 18 de junio de 2014, Giordani lanzó unas líneas en contra del presidente de la estatal petrolera: «Lamentablemente las cosas fueron tomando un nuevo rumbo con la desaparición física del Comandante Chávez y el comportamiento de las instituciones que se encontraban bajo su control como PDVSA y el BCV, comenzaron a aparecer signos de independencia que se agravaban con la caída de los aportes al fisco fruto del actuar independiente del gobierno central de PDVSA guiada por sus intereses y problemas particulares, al unísono que se tomaban decisiones de gasto público ajenas a un control presupuestario».

Después del despido de Giordani, la máxima autoridad de Pdvsa parecía obstentar el poder absoluto del área económica. Pese a que el presidente de Cencoex, es Alejandro Fleming, Ramírez se presentaba como la voz decisoria en materia cambiaria. A la par abrió varios frentes de debate público, entre ellos la posible venta de Citgo en EEUU.

Pero en agosto ocurrieron dos hechos que no pasaron por debajo de la mesa. Víctor Aular, vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, salió de la directiva de Cencoex, y esta dependencia del Ejecutivo pasó a ser conducida por la Vicepresidencia de la República. Entonces se daba como un hecho que Ramírez se convertiría en el segundo del Gobierno. Pero Maduro aún tenía una sorpresa.

Al hasta ese momento el hombre fuerte de la economía venezolana, se le vio con el rostro rojo rojito cuando el Presidente anunció que la vicepresidencia del Área Económica será conducida por el ministro de Finanzas, Marco Torres; y que Asdrúbal Chávez, el primo del fallecido mandatario, es a partir de ese momento el titular de Petróleo y Minería. Maduro agradeció a Ramírez en medio de aplausos, quien ni siquiera dejó escapar una sonrisa  cuando el Presidente informó sobre su designación como ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente de Soberanía Política. Para rematar la faena, se anunció que Eulogio Del Pino sería el nuevo titular de Pdvsa. Tanto Chávez como Del Pino lo acompañaron en su gestión de 10 años en la estatal petrolera.

De esa forma, en una misma noche Ramírez perdió el ministerio, la presidencia de Pdvsa y, más importante aún, la llave de la caja fuerte de un país en crisis ecónomica. Además, quedan en el aire las conversaciones con la banca de inversión y la posibilidad de un aumento de la gasolina,  porque como dijo Maduro casi en su cara: «Se quedarán esperando por las medidas económicas.  Ya esas las tenemos trazadas. Algunos quieren ponerle agenda a uno».

El poder del ministro

Pero ¿de dónde viene Ramírez? ¿Qué le permitió llegar a acumular tanto poder en el área económica? Esta es una historia larga de contar, pero que podemos comenzar por un episodio que marcará la historia del país.

En noviembre de 2006 , Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela, se dirigió a los trabajadores de la corporación estatal, reunidos en asamblea, para decirles: “Venimos aquí a hablar de política”.

Faltaba exactamente un mes para la elección presidencial del 3 de diciembre de 2008, cuando Ramírez se despojó de las prácticas gerenciales y asumió su papel como dirigente del PSUV: “A ningún gerente, a ningún funcionario público del Ministerio de Energía y Petróleo, a nadie de ninguna nómina, a nadie de nuestros componentes militares, (le debe quedar) una pizca de duda: la Nueva PDVSA está con el presidente Chávez”.

La empresa, responsable de 90%  del ingreso en divisas de la nación, calificada por Chávez como una “caja negra”, difícil de auditar, antes y después de la campaña del 98, se convirtió en el brazo financiero del proyecto político del chavismo.

Después del fracasado paro petrolero y de la cirugía corporativa que extirpó a la gerencia de PDVSA, Ramírez abonó el terreno para involucrar a la empresa en la gestión de las misiones sociales del gobierno y en los planes de radicalización de la revolución bolivariana que al año siguiente 2007 fracasaron en las urnas al votarse la propuesta de reforma constitucional.

La toma de control y de poder dejó daños colaterales. El paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003 provocó pérdidas por más de $13 mil millones a la industria, según los balances de la propia PDVSA. Además, más de 20 mil trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo o fueron despedidos. La pérdida de capital humano se tradujo en una caída de la producción y en la pérdida de competitividad, lo que a su vez impactó negativamente la fortaleza financiera de la corporación energética estatal. Entró en vigencia un nuevo slogan: “La Nueva PDVSA es roja, rojita”, sentenció Ramírez.

La caja roja

Con esas palabras, que luego Chávez reivindicaría y haría parte del argot revolucionario, Ramírez, el ingeniero mecánico egresado de la Universidad de los Andes en 1988, primo segundo de Ilich Ramírez, el terrorista Carlos El Chacal, trazaba una nueva línea de su historia en la industria petrolera, que empezó siete años antes de la mano del entonces ministro de Energía y Minas, Alí Rodríguez Araque.

Rodríguez Araque, en la época de la guerrilla venezolana, fue un cercano amigo de Rafael Darío Ramírez Coronado, un contador público y miembro de una familia cafetera en Trujillo, quien simpatizaba con la lucha armada.

Ramírez Coronado y Maritza Carreño de Ramírez tuvieron tres hijos varones, entre otros a Rafael Darío, quien durante su época de estudiante universitario, primero como cursante de Física Pura y luego en ingeniería mecánica, entraría en contacto con miembros del Partido de la Revolución Venezolana, cuyo brazo legal era el Movimiento Ruptura. Adán Chávez, profesor de la escuela de Física de la ULA, hoy gobernador de Barinas y hermano del fallecido ex presidente Hugo Chávez, también militaba en esa organización política.

En 1999, Ramírez llegó a las oficinas de PDVSA acompañando a Rodríguez Araque. En la sala de reunión se encontraban funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, entre ellos Víctor Poleo, ex viceministro de Electricidad: “Alí nos los presentó como su presidente del Ente Nacional del Gas (Enagas)”, organismo que fue creado ese año tras la promulgación de la Ley de Gas.

Así el ahora presidente de Enagas regresaba a una empresa del Estado. Su pasantía la realizó en Sidor. Luego fue seleccionado por Intevep para participar en un proyecto de crudos pesados. “Me metí en la Faja, en San Tomé, en Paraguaná y en Maturín y trabajé dos años en campo haciendo guardias nocturnas, pero en algún momento entré en conflicto con la cultura de PDVSA, heredada de las transnacionales… no se discutía, se imponían los criterios, lo cual generaba problemas de opinión”, contó Ramírez a la periodista Mariana Párraga, para el libro Oro Rojo.

Tras renunciar a Intevep, fue empleado como proyectista en una empresa contratista del sector energético, Inelectra.

Ramírez vivió fuera del país hasta 1995, entre Estados Unidos y Francia. En ese lapso se casó con Beatrice Sansó, hija de la exmagistrada Hildegard Rondón de Sansó y de Benito Sansó.

 “Cuando Chávez ganó las elecciones decidí que quería trabajar para el nuevo gobierno, pero no tuve una oferta hasta que Alí Rodríguez fue nombrado ministro de Energía y Minas y mi papá fue designado comisario de PDVSA, una figura muy importante en ese momento porque prácticamente no se sabía nada de la corporación”, relató para Oro Rojo.

Saltos cuánticos

Dentro del chavismo, Rafael Ramírez es una pieza que no encaja en ninguna de las tendencias que lo conforman. “Se acomoda mucho.  A veces es pragmático y otras veces radical”, dice un consultor del sector financiero que lo conoció en los tiempos de la emisión de bonos de la corporación.

Su éxito radica en que se anticipaba a los deseos Chávez. Cumplió las órdenes con disciplina militar desde que llegó a Enagas. Pero en la torre de La Campiña comenzaba a labrarse el conflicto. En 2002, el ex Presidente decide cambiar la directiva de PDVSA. Designa a Gastón Parra Luzardo como presidente de la empresa y a Ramírez como director externo. La alta gerencia rechazó los nombramientos. En respuesta, Chávez  oficializó los despidos, nombrándolos uno a uno, luego de sonar un pito, en una alocución televisada.

Se produjo el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y las nuevas autoridades de PDVSA despidieron a 30 gerentes identificados con Chávez. Pero el 13 de abril, militares leales restituyeron el presidente en el poder y se abrió un paréntesis de precario equilibrio que se saldó con el nombramiento de Rodríguez Araque en PDVSA, mientras Ramírez ocupaba el Ministerio de Energía y Minas.

Cinco meses después estalló el paro petrolero y el gobierno tomó el control total de PDVSA. Al cierre de 2003, las pérdidas superaban 13.000 millones de dólares. La coyuntura fue aprovechada para aplicar a fondo la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en 2001.

En 2004, PDVSA se convertiría en el  gran financista de las misiones sociales que Chávez lanzó para imponerse en el  referéndum revocatorio promovido por la oposición para desalojarlo de Miraflores, mediante esta figura legal.

El 20 de noviembre de 2004, Rafael Ramírez fue designado presidente de PDVSA, cargo en el que fue ratificado por el presidente Nicolás Maduro, quien sucedió a Chávez luego ganar las elecciones del 14 de Abril de 2013.

Empresa y partido

Ramírez, quien además fue ministro de Energía y Minas, lo que le confiere la extraña cualidad de regulador y regulado, despejó los obstáculos para aplicar la política económica. En 2005, la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, le permite a PDVSA retener las divisas que considere necesarias para desarrollar sus actividades. Paralelamente, en su papel de ministro, ordena poner fin a 32 convenios operativos que PDVSA mantenía con empresas mixtas. También ese año, se lanza el Plan Siembra Petrolera, que establece la meta de producción en 5,8 millones de barriles diarios para 2012. Objetivo que no se alcanzó.

En 2006, la “PDVSA roja, rojita”, según la definió el propio Ramírez conformaría las asociaciones estratégicas en la Faja del Orinoco y el inicio de la venta de activos en el exterior con la negociación de una refinería en Luisiana (EEUU). En tanto, el aporte social de la estatal sería de $11.993 millones, un incremento de  64,5% con respecto a 2005.

A Ramírez también le correspondió, a inicios de 2007, inaugurar la política de ventas a futuro, cuya práctica fue denunciada por la antigua gerencia, que la consideraba lesiva a los intereses del país.  También en abril de ese año, se emitieron los primeros bonos de la nueva PDVSA por 7.500 millones de dólares. Pero así como crecían los empréstitos, se incrementó el tamaño de la empresa, con la creación de siete nuevas filiales.

Los escándalos

Una de esas nuevas filiales es PDVSA Agrícola, presidida Eglis Ramírez, quien es tío de Rafael Ramírez. Esa empresa, junto a otra filial, Bariven, se encargaría de la ejecución y procura internacional del Plan Estratégico de Emergencia para el Abastecimiento de Alimentos dentro del Territorio Nacional.

Cuatro meses más tarde, Eglis Ramírez registra la empresa Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), que realiza operativos en las calles y abre establecimientos en ciudades y pueblos del país. En junio de 2010 estalla el escándalo al descubrirse más de 121 mil contendedores con comida descompuesta.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló en julio de ese año, que era poco probable que Ramírez fuese procesado. «El padre no puede responder por los hechos punibles cometidos por los hijos y a la inversa», explicó.

El informe de actuación de la Contraloría General de la República 2013, reseña que entre las irregularidades detectadas en las compras efectuadas en 2007, 2008 y 2009 se encuentran pago de 50% de anticipo. Además, señala que hubo fallas en la nacionalización y almacenamiento por parte de PDVSA, Bariven y de la Aduana Principal de Puerto Cabello.

Un evento con implicaciones internacionales, ocurrió el mismo día del cumpleaños 44 del presidente de de la corporación energética estatal, el 4 de agosto de 2007. En un vuelo privado llegó a Argentina el empresario Antonini Wilson. En una maleta llevaba oculto 800.000 dólares que no declaró en la aduana. El dinero fue decomisado, sin que mediara el propósito que se adujo: apoyar financieramente la campaña presidencial de la entonces candidata, Cristina Fernández de Kirchner. Wilson viajó a Miami donde se convirtió en confidente del FBI, cuya investigación determinó que los fondos provenían de PDVSA.

Otros eventos se convertirían en escándalos. La contratación del semisumergible Aban Pearl, que finalmente se hundió en el mar poco antes de iniciar operaciones en las costas del estado Sucre; la estafa de Francisco de Illaramendi a los fondos de pensiones de trabajadores y jubilados de la industria; y el pago con sobreprecio de $403 millones a tres empresas (Derwick, Ovarb y KCT) que vendieron equipos eléctricos a Bariven, caso denunciado ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

En agosto de 2012, más de 40 personas fallecieron tras la explosión de la refinería de Amuay, evento que ocurrió en plena campaña electoral. Ramírez dirigió las operaciones de emergencia que, según voceros de la oposición, ocurrió por falta de mantenimiento, mientras el gobierno sostuvo que hubo un sabotaje a las instalaciones.

Su primo, Diego Antonio Salazar Carreño, es hoy un próspero empresario dedicado a la consultoría y al sector seguro, con hobby por el canto de música popular, como la salsa y el bolero, con viviendas en Venezuela, EEUU y Europa. Sin embargo, la proyección artimética de la calidad de vida de este hombre de negocio se atribuye a la presencia de su primo en Pdvsa.

El que sabe

Ramírez cumplió 12 años como ministro de Energía y Minas. Eso lo convierte en el funcionario más longevo de los gobiernos chavistas.

Además, es el vicepresidente del PSUV para las regiones de Oriente y Occidente, coordina el Órgano Superior de la Vivienda y preside el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción. Igualmente, es el responsable de la relación económica con Cuba.

En octubre del año pasado, se corrió la versión según la cual Ramírez saldría del cargo. Fuentes del sector petrolero comentaron que la destitución se produciría luego de un viaje a China.

Pero ocurrió todo lo contrario. Regresó de Asia fortalecido en el estamento chavista, al punto de que sustituyó al entonces ministro de Finanzas, Nelson Merentes, al frente de la Vicepresidencia Económica del Consejo de Ministros.

“Ramírez maneja la caja chica y sabe dónde están enterrados los esqueletos de los desaguisados de la revolución”, asegura un consultor financiero citado para este perfil.

Todo este poder lo maneja como en un club donde el ministro se reserva el derecho de admisión, con mucho celo para aprobar membrecías. “La cola de postulantes es larga”, dijo la fuente.

Por eso son muy pocas las manifestaciones públicas a favor de empresarios en su más de una década de gestión. En una de ellas destacó la labor de las empresas Venezuela Heavy Industries C.A. y Derwick, según nota de prensa de El Nacional.

De la última compañía, según una demanda que introdujo el exembajador de EEUU en Venezuela, Otto Reich, Ramírez habría recibido soborno.

Quienes sí tienen entrada directa e influyen en sus decisiones, son su esposa, presidenta de PDVSA La Estancia, su suegra, la ex magistrada Rondón de Sansó; y su cuñado Baldo Sansó.

Incluso, su esposa y su suegra, ambas abogadas expertas en derecho administrativo, han representado a la industria  en casos ante tribunales nacionales e internacionales. El cuñado participó en la colocación de bonos de la petrolera, en las negociaciones de la Faja del Orinoco y en la compra de La Electricidad de Caracas a la corporación estadounidense AES.

El destino

Ramírez asume ahora la política exterior de Venezuela. Se muda de La Campiña, sede de Pdvsa, a la Casa Amarilla, edificio de la Cancillería. Deja una industria petrolera con problemas de producción y con el precio del petróleo por debajo de los $95.

El hombre más fuerte de la economía venezolana, tuvo que adaptarse al cambio de escenario y funciones, sin el peso de las llaves de la caja fuerte de Venezuela.

El 26 de diciembre de 2014 fue designado embajador de Venezuela en Nueva York ante la Organización de Naciones Unidas, días antes de que el país se incorpore -el 1 de enero de 2015- al Consejo de Seguridad de la ONU.

En octubre el diario estadounidense Wall Street Journal publicó nuevas alusiones a documentos filtrados a la prensa internacional sobre negocios irregulares de la máxima compañía estatal de Venezuela. El reportaje expone que negocios de Ramírez y Salazar están bajo investigación de federales de Nueva York, Washington, Missouri y Texas, agentes del Departamento de Seguridad Nacional, la Administración de Control de Drogas (DEA), el FBI y otras agencias, de acuerdo con fuentes del WSJ. La publicación alude a documentos que evidenciarían presuntos sobornos multimillonarios a Salazar por contratos con la estatal.

«En una oportunidad, Salazar presuntamente pagó a la policía venezolana un soborno de US$80.000 para que ignoraran transacciones sospechosas, según muestran transcripciones de escuchas telefónicas policiales españolas vistas por The Wall Street Journal», expone el reportaje.

El 17 de febrero de 2016, el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y dirigente nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, anunció que iniciarán una investigación contra Ramírez por presuntas irregularidades administrativas durante su gestión frente a Psvsa entre 2004 y 2014.

El 9 de marzo de 2017, pidió ante la ONU la integración de potencias que están surgiendo en Latinoamérica. “Para Venezuela un eventual Consejo ampliado podría ser integrado por un total de 25 a 26 miembros, incluyendo los cinco miembros permanentes actuales, seis posibles nuevos miembros permanentes y 15 miembros electos o no permanentes”, indicó.

El 8 de mayo de 2017, publicó en el portal web Aporrea un artículo titulado La línea roja en el que cuestiona al gobierno venezolano por la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. También asegura las diferencias de la situación política del año 1999 de la actual: “Existe un riesgo, puesto que la situación política y la correlación de fuerzas son completamente distintas a las que prevalecían en el proceso constituyente de 1999. Debemos impedir que se produzca un retroceso”.

El 9 de julio de 2017, escribió en su cuenta Twitter: “Agredieron a mi familia dos disociados: Gabriel Manzano y Tatiana Low. Los pusimos en su sitio. Se escudaban en un niño. Actuará la justicia”, luego de que estas personas lo confrontaran en un restaurante situado en Estados Unidos por estar comiendo en lugar lujoso, mientras que en Venezuela las personas están siendo asesinadas.

El 10 de enero de 2018, cuestionó en su columna de opinión del portal web Aporrea el uso de la criptomoneda el petro porque, a su juicio, no es constitucional.

El 25 de enero de 2018, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, dio a conocer la aprehensión de Ramírez y solicitó la activación de alerta roja internacional para que se facilite su captura. Sus cargos se resumen en peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir durante el periodo en el que estuvo al frente de Pdvsa.

El 23 de marzo de 2018, fue señalado por Walid Makled -acusado por tráfico de drogas y legitimación de capitales- de estar relacionado con envío de drogas hacia Estado Unidos.

El 20 de septiembre, Ramírez afirmó que el Gobierno de Nicolás Maduro vendió parte de Pdvsa a los chinos, al entregarles 9,9% adicional de las acciones de la empresa mixta Sinovensa, lo que suma un total del 49,9 % de las acciones a favor de los asiáticos. “Debió pasar por la Asamblea Nacional (AN) o la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), porque Pdvsa no está facultada para ceder participación suya en ningún proyecto. Esto es una privatización. Esto ya paso en Petromonagas con Rosfnet”, destacó el ex ministro de Energía y Minas de Hugo Chávez, que presidió la estatal entre 2004 y 2014.

El 24 de junio de 2019, Ramírez, solicitó a una corte de Houston anular el fallo por el que debe pagar 1.400 millones de dólares como compensación tras una demanda por fraude presentada por Harvest Natural Resources Inc.

El expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, denunció que el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro pretende  “intervenir y reflotar” a Cantv y Movilnet mediante una empresa transnacional de China.

El 14 de septiembre de 2021, se celebró en el Tribunal de Apelación de Roma la audiencia para decidir en torno a la solicitud de extradición de Rafael Ramírez presentada por el gobierno de Nicolás Maduro. 

De acuerdo con una nota de El Estímulo en la que citan a Roberto De Vita, abogado de Ramírez, en julio de este año el fiscal general adjunto de la Corte de Apelaciones emitió un dictamen favorable, pero después de escuchar a la Defensa del exministro “ha decidido pedir una sentencia contraria”.

La defensa de Ramírez argumentó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea sostienen que en Venezuela no se respeta el estado de derecho y hay violaciones de derechos humanos. 

El 20 de septiembre de 2021, la justicia italiana rechazó extraditar a Ramírez a Venezuela. De acuerdo con Roberto De Vita: “Con sentencia presentada hoy, la Corte de Apelaciones de Roma ha denegado la extradición de Rafael Darío Ramírez Carreño, reconociendo la necesidad de protección internacional por la violación de los derechos humanos en Venezuela”.

El 28 de enero de 2022, Roberto De Vita, abogado de Ramírez, informó que el Tribunal Supremo de Italia declaró inadmisible la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de extraditar a Venezuela al ex ministro de Petróleo.

Señalado por El Aissami

De acuerdo con una rueda de prensa reseñada por Descifrado, Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo, responsabilizó a Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa, de presuntamente haberse robado 4000 millones de dólares durante su gestión en la estatal petrolera. “Se trata de una de las tramas más graves que compromete el patrimonio de Pdvsa”, dijo el ministro de Petróleo.

“Rafael Ramírez firmó la aceptación de un supuesto crédito y financiamiento cuyos bolívares no aparecen reflejados en Pdvsa”, agregó El Aissami, quien también destacó que: “Este dinero, luego de ser transferido a los dos fondos, parte de esa plata fue transferido a Leopoldo Alejandro Betancourt López. Este sujeto es familia de Leopoldo López… Vaya qué familia”.

“Todas las operaciones financieras de PDVSA durante mi gestión están auditadas por la Firma internacional KPMG y publicadas. Por supuesto que todos los préstamos entraron a la empresa, allí se reflejan. Los invito a revisarlo”, dijo Ramírez a través de la red social Twitter de acuerdo con una reseña de Descifrado. 

Según la nota, el ex ministro aseveró que: “Lo dicho por Tareck el Aissami es absolutamente falso, los préstamos en bolívares, necesarios para responder a los trabajadores y a la industria, se pagaron con descuentos del 50% a favor de PDVSA. Fueron operaciones favorables a la empresa, nuevamente los invito a revisarlo”.

“No hay nada que Chevron pueda hacer la rescatar la industria petrolera en el país a menos que le entreguen toda PDVSA, lo cual tampoco daría resultado; y la razón es porque no hay garantía jurídica, ni capacidad laboral porque los trabajadores tienen sueldos de miseria, la infraestructura está desmantelada y el sector privado petrolero que era poderoso en nuestra industria también está desmantelado o está fuera del país”, declaró Rafael Ramírez de acuerdo con una reseña de Banca y Negocios publicada el 7 de septiembre de 2022.

Asimismo, el ex ministro del chavismo aseguró que: “El gobierno de Nicolás Maduro violaría la Ley Orgánica de Hidrocarburos si decide cederle a Chevron las operaciones en las empresas mixtas y en el caso de que eso ocurra no sería más de 280.000 barriles diarios”.

De acuerdo con una nota de Descifrado publicada el 14 de noviembre de 2022, el TSJ declaró procedente una nueva solicitud ante el gobierno italiano para extraditar al ex ministro Ramírez.

Además de Ramírez, también fue solicitada la extradición de su esposa, Beatrice Daniela Sansó de Ramírez, y de su cuñado, Baldo Antonio Sansó Rondón.