Miguel Rodríguez Torres

Miguel Rodríguez Torres fue el hombre detrás de los servicios de inteligencia y seguridad de la última década. Mayor general del Ejército, fue ministro del Interior, Justicia y Paz hasta octubre de 2014. Anteriormente fue director de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y fue responsable de su transformación institucional para convertirse en el actual Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Rodríguez Torres ha denunciado varios planes magnicidas y supuestas conspiraciones contra los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue uno de los incondicionales del proceso bolivariano, desde que acompañó a Chávez en el fallido golpe de Estado el 4 de febrero de 1992.

El círculo de confianza

El general Miguel Rodríguez Torres, ataviado con uniforme de gala militar y quepis rojo, soportaba el peso del ataúd del fallecido comandante Hugo Chávez. El féretro entraba sobre los hombros de sus antiguos compañeros de batallas, entre ellos Rodríguez Torres, al Cuartel de la Montaña, lugar donde descansaría para siempre desde el 15 de marzo de 2013. Ya en el recinto, adonde acudieron para darle su último adiós sus familiares y las principales figuras del gobierno, Rodríguez Torres leería, en homenaje, algunos apartes de la correspondencia que él y Chávez intercambiaron mientras estuvieron recluidos en la cárcel de Yare en 1992. Una de ellas rezaba: “Tengamos paciencia y constancia, que en medio de estas tormentas, es precisamente donde se requieren hombres que mantengan la calma para que la nave no se vaya a pique”.

Al terminar de leer, Rodríguez Torres alzó el puño hacia arriba y gritó emocionado: “Que viva el 4 de Febrero” y quienes estaban allí, precisamente el lugar desde donde Chávez se instalaría para comandar el fallido golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992, gritaron “Que viva”. Aunque en ese entonces Rodríguez Torres era un joven capitán, dirigió el asalto a la residencia presidencial La Casona, donde se encontraba esa madrugada la primera dama, Blanca Rodríguez de Pérez, su hermana, una hija y dos de sus nietos pequeños. Como resultado de esa operación, murieron tres funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y un agente de la Policía Municipal de Sucre.

Rodríguez Torres fue a parar a la cárcel, junto con otros compañeros golpistas que integraban el clandestino MBR 200, que se gestó al interior de los cuarteles. El mismo ha contado que empezó a tener contacto con el movimiento desde 1985, cuando entrenaba en la academia militar como paracaidista. Uno de sus superiores y fundador del MBR 200, el comandante Jesús Urdaneta Hernández, fue uno de los que más lo influenció para vincularse al grupo.

Pero sería la explosión social de 1989, conocida popularmente como El Caracazo, lo que terminaría de marcar su futuro político. En ese entonces, él prestaba servicio como guardia presidencial y dice que no fue capaz de seguir las órdenes impartidas de disparar contra la gente que saqueaba y creó el caos en la ciudad. Recuerda que le impresionó ver los cuerpos apilados en fosas comunes en el Cementerio General del Sur. Luego de esa experiencia, volvió al batallón de paracaidistas y retomó los contactos con el grupo de militares que luego planificaría el golpe contra el presidente que él había custodiado.

Como el golpe falló, Rodríguez Torres y los demás uniformados sublevados fueron condenados a varios años de prisión. Pero el paso por allí solo ayudó a consolidar el movimiento y a continuar su trabajo militar y político. Incluso montaban guardias en la cárcel. Diosdado Cabello, hoy presidente de la Asamblea Nacional, recuerda que Rodríguez Torres tenía el turno de las mañanas, y mientras tanto veía programas de cocina y anotaba las recetas. “Miguel es un tipo muy ordenado. Cuando salimos de la cárcel nos allanaron y encontraron el recetario, pensando que sería algún plan conspirativo en clave, y se lo llevaron para la DIM. Después que ganó mi Comandante empezamos a desclasificar documentos y encontramos las recetas. Yo las mandé a empastar y le di un ejemplar a Miguel, con un título en la portada: La sazón de la Revolución. Él se quedó sorprendido. Esas cosas todavía nos pegan. Uno recuerda eso y le pega”.

Otro de sus compañeros de prisión, Ovidio Rodríguez, lo recuerda como alguien estudioso y disciplinado. El mismo Rodríguez Torres dice que fue entre los barrotes que profundizó sus conocimientos en historia, política, y economía pero desde donde también empezó a trabajar en lo que llamaban comités bolivarianos, un experimento de organización cívico-militar, que sería aprovechado posteriormente, con la llegada de Chávez al poder.

Luego de un indulto general en 1994 a los golpistas por parte del presidente Rafael Caldera, Rodríguez Torres decidió continuar al interior de las filas. Dentro de las fuerzas armadas fue marginado por sus superiores y enviado a puestos en los rincones más apartados del país. A pesar de estar vigilado, Rodríguez Torres continuó con su trabajo político clandestino y reuniéndose de vez en cuando con Chávez. En un entrevista reciente a la agencia Reuters contó que en uno de esos encuentros, en los Médanos de Coro, Chávez incluso lució una peluca y un sombrero para que no lo reconocieran. Cuenta el general que ese día Chávez le insistió que pidiera la baja y se fuera a trabajar con él, haciendo política por el país, y que él le contestó que era más importante quedarse adentro de las filas, porque una vez él ganara la presidencia iba a necesitar adentro a hombres como él.

La noche que Chávez fue elegido como presidente lo llamó, y a los pocos días, el militar empezaría un trabajo más político que institucional al interior de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado venezolano. Sería ese hombre estratégico, que aparenta calma y fortaleza, justo cuando las cosas parece que están yendo a pique. El tipo de hombres que Chávez le dijo que necesitaba años atrás en su carta.

Una de las primeras misiones que le encomendó el presidente fue la conformación de los Círculos Bolivarianos junto con Diosdado Cabello. También colaboraron en ese propósito Oscar Navas Tortolero, José Vielma Mora y Nicolás Maduro. En un despacho en el tercer piso de la sede administrativa de la Presidencia, el Palacio Blanco, Rodríguez Torres se encargaba de “administrarlos”. El 17 de diciembre de 2001, el gobierno juramentó unos 20.000 círculos, pequeños grupos que él defendía como forma de participación popular y organización social, que incluso podían administrar y gestionar recursos para la solución de sus problemas locales. Al Palacio llegaban a pedir fondos para una operación de algún vecino o reparar una lancha, pero los círculos terminarían siendo señalados más como grupos armados de apoyo a la revolución que como asociaciones políticas comunitarias y a Rodríguez Torres se le señala de haber promovido esa faceta.

El ex segundo comandante del ejército, Jose Felix Ruiz, dijo que Rodriguez Torres le había solicitado el uso de instalaciones militares en Fuerte Tiuna para entrenamiento de los círculos. Para ese entonces, Rodríguez Torres no solo se encargaba de los Círculos Bolivarianos sino que había ingresado ya al servicio de inteligencia. Su mentor militar y político, Jesús Urdaneta Hernández, lo había llamado para que fuese director de planificación de la institución.

Luego de que Urdaneta renunció, Rodríguez Torres quedó desprotegido y el nuevo director, Eliézer Otaiza, le abrió un expediente  por presuntas irregularidades administrativas. No sería el único en señalarlo por su comportamiento. En marzo de 2002, el comandante general del Ejército, general de división Efraín Vásquez Velasco, le dijo al presidente Hugo Chávez que la justicia militar debía investigar a Rodríguez Torres por proselitismo político al interior de las filas.

Pero ninguna de esas investigaciones prosperarían. El “soldado de la revolución”, como el mismo Rodríguez Torres se ha definido, sería protegido e impulsado por el propio Chávez, quien no solo haría caso omiso de las quejas contra él, sino que dejaría en sus manos su seguridad y el del futuro de la revolución. Según la versión oficial, Chávez hizo una última junta de gobierno días antes de morir, desde su lecho de enfermo en el hospital Militar de Caracas. En la reunión, que habría durado cinco horas, solo participaron su sucesor, Nicolás Maduro, su yerno y futuro Vicepresidente, Jorge Arreaza, el ministro de Petróleo y Minas y presidente de la petrolera Pdvsa, Rafael Ramírez, y el militar que permaneció por años en su círculo de confianza, Miguel Rodríguez Torres.

El hombre de las conspiraciones

Son tantas las supuestas conspiraciones y atentados que el chavismo ha denunciado en su contra que es difícil llevar la cuenta. Gran parte de ellas han sido anunciadas por Rodríguez Torres como director de los servicios de investigación e inteligencia por casi una década, y aumentaron luego del golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002, hecho que hizo que muchas de las subsiguientes denuncias fueran tomadas en serio y no simplemente como cortinas de humo ante las crisis políticas que enfrentaba el chavismo.

Tan solo meses después del golpe de 2002, Rodríguez Torres denunció una serie de complots para asesinar al presidente Chávez que incluían atentados con explosivos, bombardeo aéreo y sicarios a sueldo de los norteamericanos. En agosto de ese año fueron detenidos dos policías de Chacao, que habían ido armados a una concentración del presidente y que supuestamente planeaban asesinarlo. “Muy extraño ver que los blancos de tiro que tenían de práctica llevaban impresa la cara del presidente en el objetivo”, dijo en una rueda de prensa posterior.

Pero ningún complot magnicida sería de las dimensiones del de los paracachitos de la finca Daktari, donde 27 supuestos paramilitares colombianos fueron detenidos. La versión oficial es que éstos habían sido reclutados por 3 militares venezolanos, aliados de opositores, para atentar contra Chávez. Rodríguez Torres señaló que el líder de la conspiración capturado le había confesado que planeaba cortarle la cabeza al presidente y luego fumarse un cigarro cubano sobre su escritorio.

Los involucrados fueron procesados, acusados y encarcelados pero siempre quedaron dudas sobre el caso.

El exdiputado independiente Roger Rondón, declaró que hubo una reunión en la cual el diputado oficialista Luis Tascón había aseverado que los uniformes de los supuestos paramilitares habían sido “sembrados” por sectores vinculados al gobierno. «Todo ha sido un montaje. Según la información que yo tengo se pretendía montar un suceso parecido a la masacre de El Amparo, en la cual se mataría a un grupo de personas para que el Gobierno demostrara que tiene el control de la situación», explicó Rondón.

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien estuvo preso por unos meses en el Helicoide junto con los colombianos, dijo que había tenido oportunidad de conversar con algunos de ellos, que afirmaban haber sido engañados. Otro que estuvo en la cárcel por el supuesto complot pero fue liberado al final de todo cargo por la justicia venezolana fue el capitán Javier Nieto. Al salir, denunció que Rodríguez Torres le había ofrecido un futuro profesional brillante a cambio de que señalara a algunas personas de estar involucradas en el complot y dijo que los supuestos paramilitares colombianos, a quienes describió como indigentes o campesinos, habían sido engañados para ir a Venezuela a participar en la Misión Identidad y a trabajar en una finca.

Julio Jaimes, ex empleado de la Dirección de Extranjería de San Antonio del Táchira también dio una entrevista a los medios en la que calificó el caso como un montaje, pues él mismo había escoltado a los colombianos desde el Táchira hasta la base militar de Fuerte Tiuna.  Muchos de ellos cumplieron condenas breves y luego fueron deportados a Colombia.

La participación de sicarios, narcotraficantes o paramilitares colombianos en supuestos complots contra el gobierno venezolano se ha vuelto un libreto recurrente. A veces son señalados de actuar por cuenta propia, a veces en alianza con los estadounidenses.

Sin haberse posesionado Nicolás Maduro como presidente, Rodríguez Torres denunció un plan para matarlo y  una conspiración en marcha. Rodríguez Torres anunció la detención del norteamericano, Timothy Hallet Tracy, un documentalista de la universidad de Georgetown, que el gobierno señaló de ser un agente de inteligencia que trabajaba con grupos de estudiantes opositores, financiados desde Washington para causar acciones desestabilizadoras del gobierno recién electo de Maduro.

Al poco tiempo, Rodríguez Torres anunciaría que habían detenido a dos supuestos sicarios colombianos, a quienes les habían encontrado armamento, y fotos de Maduro y Diosdado Cabello, a quienes supuestamente planeaban asesinar. Los dos hombres estaban vinculados a una banda que maneja el microtráfico de drogas en Bogotá, pero el gobierno acusó a sectores de la ultraderecha colombiana y estadounidense, incluido el propio expresidente Alvaro Uribe y Ottor Reich, de estar involucrados en el plan.

A prueba de escándalos

Así como Rodríguez Torres ha denunciado todo tipo de atentados, otros también han utilizado los micrófonos para vincularlo a él en numerosos escándalos. Algunos de sus delatores vienen de sus propias filas, han sido investigados por el militar, o han sido sus adversarios políticos. No se conoce sanción alguna o decisiones contra él por parte del Ministerio Público a pesar de estos señalamientos a lo largo de su carrera.

El secretario general de Acción democrática, Rafael Marín, denunció en julio de 2002 ante la Fiscalía a Rodríguez Torres y a Diosdado Cabello de utilizar recursos públicos para un acto de “política sucia” que buscaba fracturar a la oposición. Marín dijo que tres funcionarios de la DISIP que andaban en vehículos de ese cuerpo de inteligencia, habían sido reportados por la Policía de Baruta repartiendo panfletos que promocionaban la supuesta  candidatura de Marín a la presidencia.

Seis meses después, la agente de policía de Chacao, Merlín Pérez, denunció públicamente que Rodríguez Torres, por encargo del presidente Chávez, les habría ofrecido sobornos a ella y otros policías, para inculpar al entonces alcalde de Chacao, Leopoldo López, en presuntos hechos de corrupción. En una entrevista al canal de Globovisión dijo: “Que nos iban a dar lo que quisiéramos y nos iban a apoyar. Que íbamos a entrar a la DISIP, que nos iban a dar cargos y que en enero nos iban a mandar a hacer un curso de inteligencia en Cuba”. López se ha referido a Rodríguez Torres como el Pedro Estrada del siglo XXI, comparándolo con el director de inteligencia del dictador Marcos Pérez Jiménez.

Fue también durante el 2002 que un grupo de militares se declararon en desobediencia civil y tomaron la Plaza Francia en Caracas para manifestar su descontento con el gobierno de Hugo Chávez. Incluso algunos funcionarios de la misma DISIP que Rodríguez Torres presidía, se unieron. Criticaban la ideologización que se pretendía sembrar al interior de la institución y la influencia del G-2 cubano sobre las fuerzas de seguridad venezolanas.

Rodríguez Torres fue enviado por el gobierno como emisario y negociador de la situación, que pasó a mayores porque varios de los militares que participaban de la toma, entre ellos el general Felipe Rodríguez, el coronel Yusepe Piliery, los tenientes Antonio Colina y Eduardo Varela serían acusados de fraguar un plan de ataques, entre ellos las bombas contra las sedes diplomáticas de Colombia y España.

Según un artículo del diario El Nacional, los oficiales de Altamira denunciaron que Rodríguez Torres les había ofrecido prebendas a algunos militares a cambio de que confesaran que almacenaban armas en el estacionamiento de la plaza Francia y el Hotel Four Seasons que da sobre la plaza. El coronel Piliery supuestamente graba una conversación con Rodríguez Torres y la comparte con los otros militares. “Quise que un grupo de oficiales de Altamira oyera cómo el director de la DISIP, Rodríguez Torres, el maestro Orozco y otros me ofrecían quitarme el juicio que tengo. Aquí se ve cómo el Poder Ejecutivo se inmiscuye en el poder judicial. Les pedí salir de la fuerza, trabajar en un ministerio civil y para no pedir dinero, solicité un apartamento,” dijo Piliery.

El teniente José Colina, quien también terminó implicado denunció como una “farsa”, que Rodríguez Torres los señalara como responsables presentando como pruebas información de inteligencia que sus supuestos infiltrados en la plaza habían recabado. “¿Por qué si el ciudadano Rodríguez Torres tenía infiltrada la Plaza Altamira no utilizó a estos elementos de inteligencia para impedir que estos hechos se cometieran?”.

La Plaza Altamira también fue escenario de un tiroteo que dejó 3 muertos y más de 20 heridos. Quien disparó contra los que estaban allí fue un inmigrante portugués, Joao de Guveia. La oposición lo señaló de ser un sicario contratado por el chavismo, y lo vinculó al alcalde Freddy Bernal. El gobierno dijo que los mismos opositores se habían aprovechado que sufría de problemas mentales y lo habrían utilizado para sembrar una matriz de opinión de que el gobierno había atentado contra los manifestantes de Altamira. Rodríguez Torres dijo entonces que 6 de los heridos de Guveia, que habían sobrevivido, habían dado positivo en un examen de drogas, a pesar de no tener la tipología de consumidor, y que investigaban si habría alguna sustancia en el agua o los refrescos que consumían que los pudiera influenciar hasta el punto de ir hasta Miraflores a atentar contra el presidente.

Otro de los casos que Rodríguez Torres tendría que asumir como director de la DISIP y que levantaría polémica sería el asesinato del fiscal Danilo Anderson, quien tenía a cargo la investigación de algunos de los hechos asociados al golpe de 2002. Anderson murió cuando un explosivo instalado en su carro estalló, al parecer activado desde un teléfono celular. Años después, Hernando Contreras, un ex fiscal que llevaba el caso Anderson denunciaría que varios funcionarios del gobierno, incluido Rodríguez Torres, se habrían reunido en la sede de la DISIP y habían decidido eliminar a los autores del crimen. Dos de ellos, los hermanos Guevara, uno de ellos funcionario de la PTJ y otro un ex comisario de la DISIP fueron capturados. Otros dos  sospechosos serían abatidos el mismo día. A raíz de las declaraciones del fiscal Contreras las familias de los acusados por el caso denunciaron a las figuras del gobierno que participaron en esa supuesta reunión por desaparición forzada ante la fiscalía.

“El árbol que no da frutos nadie le tira piedras”, decía Rodríguez Torres sobre las críticas contra la entidad y su gestión en ese entonces. “Esto lo hacen con la intención de destruir la moral de la institución, de dividir la fortaleza que hay en la directiva y de crear una imagen nefasta de la DISIP en la calle”.

Los presuntos vínculos cuestionables

Ningún escándalo parecía afectar a Rodríguez Torres hasta que en junio de 2005 el narcotraficante colombiano, y broker de armas de la guerrilla de las Farc, José María Corredor Ibagué, más conocido como  “El Boyaco” se fugó de los calabozos de la DISIP. Rodríguez Torres fue removido del cargo y el gobierno anunció que se investigarían a los funcionarios de la institución porque la fuga no hubiera sido posible sin contar con complicidad interna. Incluso el propio ministro del Interior y de Justicia de ese entonces, Jesse Chacón, afirmó que se habría negociado un millón de dólares para su escape.

Desde entonces, a Rodríguez Torres lo señalan sus enemigos de tener relaciones con el narcotráfico y con las FARC, a pesar de que su propio padre, Jorge Luis Rodríguez Galvis, militar retirado y alcalde oficialista de Guasdualito, ha sido un duro crítico de los desmanes de guerrilla en esa zona de frontera.

Aunque no es clara la relación directa del militar con la guerrilla, los medios de comunicación colombianos sí han revelado varios episodios en los que hombres cercanos a él sí han tenido relaciones con este grupo al margen de la ley.

Según un reportaje de la revista Cambio, José Gregorio Guzmán, quien fungía como agregado cultural de la embajada de Venezuela en Colombia, era realmente un agente de inteligencia. Se le conocía con el alias de Cheo y estaba bajo las órdenes de Rodríguez Torres, quien le dio una misión contenida en un documento rotulado de “ultra secreto”, fechado el 26 de diciembre de 2004: «Conociendo la amenaza que representa el vecino gobierno de Colombia por su conflicto interno y además convirtiéndose en refugio para personal golpista contra el gobierno bolivariano, se emite la siguiente función: ubicar personal militar y político involucrado en el golpe de Estado pretendido en el Palacio de Miraflores en abril de 2002».

Posteriormente, en los archivos del computador del líder asesinado de las FARC, Raúl Reyes, también se menciona que Cheo, a quien describen como un hombre que trabaja para la DISIP, se reúne con Rodrigo Granda, el “canciller de las Farc”. Cheo le pasa información a las Farc de sus investigaciones sobre los paramilitares colombianos, pero no es claro si Rodríguez Torres avala esta filtración de información o si es por iniciativa de Cheo. El propio Granda describe así a Cheo:  “Ha estado vinculado a la izquierda Venezolana y es uno de los colaboradores más cercanos de Julio. Es hombre allegado a los cubanos. Ojalá y no comente esta conversación con nadie porque nos privaríamos de valiosa información. El es inmaduro políticamente y de llegar a saberse que nos está pasando esa información, lo más seguro es que le corten el contacto con nosotros.”

La revista Semana reveló que Cheo, además de reunirse con guerrilleros, efectivamente se reunió con paramilitares colombianos y mantuvo contactos con el Bloque Central Bolívar, que dirigían ‘Macaco’, ‘Julián Bolívar’ y ‘Ernesto Báez’. Años después el diario El Tiempo revelaría que además existió una reunión entre Rodríguez Torres y el paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar en Caracas. La reunión, aunque secreta, sin embargo habría sido de conocimiento de ambos gobiernos. El objetivo había sido conocer la situación de posibles amenazas de este grupo en la frontera, dentro del marco del proceso de Justicia y Paz que el gobierno colombiano negociaba con las AUC.

En otro correo encontrado en el computador del comandante Reyes de las FARC, mencionan que Rodríguez Torres se reúne con el diputado Amílcar Figueroa, a quien las FARC llaman alias Tino, y quien supuestamente es uno de los intermediarios de la guerrilla en Venezuela. Figueroa les comenta a la esposa e hija de Rodrigo Granda, escondidas en Venezuela, que Rodríguez Torres sabe sobre sus vínculos con la guerrilla y que le hace una especie de interrogatorio pero que luego le dice: “Según le dijo Torres que convenía que nos estuviéramos tranquilas y que no hiciéramos ninguna locura. Que él quisiera darnos protección si la necesitáramos. Tino le dijo que en todo caso la protección seria que le solicitara al presidente que nos diera asilo y que él gustoso le avisaría al abogado de Ricardo para que nos comunicara, a lo que Torres respondió́ que iba a consultar.” Figueroa comenta después que al día siguiente de su reunión con Rodríguez Torres se filtró a la prensa información sobre una de ellas. Y en otro correo, meses después, Granda le dice a Reyes que el ex ministro Julio Montes le advierte a la guerrilla que Rodríguez Torres no es de fiar.

Son pocas las veces que Rodríguez Torres aparece mencionado en los correos de las FARC, lo que sugiere que no era alguien de tratamiento regular de la guerrilla en Venezuela. Uno de los últimos correos en el que aparece mencionado es un informe de agosto de 2006 que le envían a Reyes, clasificando la afinidad de las FANB al proyecto revolucionario. Para entonces, Rodríguez Torres ya no es director de la DISIP sino director de la academia militar. A su lado aparece el número 1, lo que indica que es fiel al proceso revolucionario.

Quizás por su lealtad a Chávez y a la revolución es que el presidente decide volver a nombrar a Rodríguez Torres al frente de la DISIP en 2009. Rodríguez Torres reemplaza al general Henry Rangel Silva, quien quedó fichado, junto al ex jefe del DIM, Hugo Carvajal, y el actual gobernador del estado Guárico y ex ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, de narcotráfico y vínculos con la guerrilla de las FARC. Esto se desprende no solo de la información contenida en los correos de las FARC, sino también de la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de ponerlos en su lista negra y ordenar el congelamiento de sus bienes.

Con el regreso de Torres se le cambia el nombre a la DISIP por SEBIN- Servicio Bolivariano de Inteligencia y la institución empieza un proceso de reestructuración nuevo, y el militar, quien había pasado liso de los escándalos, vuelve a estar en el foco de las denuncias. A los pocos meses de haber asumido nuevamente como el hombre de la inteligencia nacional, el 23 de octubre de 2009, el diputado de Podemos, y quien antes había militado en el chavismo, Ismael García, denuncia a un grupo de empresarios que habrían estafado al gobierno con su complicidad para enriquecerse a través de operaciones financieras. Miguel Rodríguez Torres es señalado de participar o beneficiarse de negocios, junto con Hugo Carvajal, a través de  Ricardo Fernández Barruecos, empresario que terminó en la cárcel por apropiación de fondos.

Patria Segura

Con la llegada de Nicolás Maduro al poder Rodríguez Torres ha sido más protagonista que nunca. No solo lo nombró ministro del Interior, Seguridad, Justicia, y le añadió “paz”, sino que lo ascendió a rango de Mayor General a finales de mayo de 2013. Durante los primeros meses, además, siguió encargado del SEBIN. Es el único ministro del gabinete con programa de radio propio, “A toda vida”.

Como ministro se le vio muy activo, en giras por todo el país, coordinando la Misión A Toda Vida y el llamado Plan Patria Segura, que involucró el patrullaje militar en las ciudades, y el anuncio de que el gobierno iba a instalar 30 mil cámaras de seguridad, gracias a un acuerdo con el gobierno chino.

Los altos índices de criminalidad y violencia son uno de los aspectos que más se le critican al chavismo. Luego del asesinato de la ex miss Venezuela, Monica Spear, a principios de 2014 Rodríguez Torres quedó de nuevo en el ojo del huracán. Como respuesta ante la violencia desbordada, el ministro dio su número telefónico al aire para que lo llamaran ante cualquier amenaza y decidió establecer un plan por cuadrantes de seguridad en coordinación con los alcaldes y gobernadores locales.

Dentro del marco de unas conferencias de paz, a las que convocó el presidente Maduro, Rodríguez Torres fue el primer ministro del gabinete en reunirse con sectores de la oposición para trabajar en conjunto por la seguridad. De ahí que se considere que el general es de los conciliadores en el chavismo, pero por eso mismo se ha dicho recientemente que anda en una agenda personal y que se habría desmarcado de algunos de sus antiguos aliados, entre ellos, Diosdado Cabello. En una entrevista reciente con el diario El Nacional, al preguntarle si él era su ficha respondió: “Yo no soy ficha de nadie. Ya te lo dije clarito.”

A Rodríguez Torres también le ha tocado sortear la ola de protestas que se desataron en Venezuela a principios de febrero de 2014 y que dejaron al menos 43 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. El ministro recorrió entonces todo el país para montar una agenda de “pacificación”, que al menos en el estado Táchira no tuvo nada de pacífica, pues incluyó el arribo de nuevas tropas para aplacar las «guarimbas», especialmente en la ciudad de San Cristóbal.

En esta crisis política, como en todas las demás en las que ha estado al frente el general, ha denunciado una conspiración externa, incluida la participación de narco-paramilitares, que cuenta con el financiamiento de la ultraderecha internacional para darle un golpe al gobierno. Y nuevamente, ha quedado en duda el papel que han jugado hombres cercanos a él. Entre los gatilleros que dispararon balas de fuego contra los estudiantes que estaban en una manifestación el pasado 12 de febrero en Caracas, están Jonathan José Rodríguez Duarte, asistente del general en el Ministerio y Andry Joswa Jaspe López, su escolta. Ambos funcionarios han sido detenidos y el caso está en la fiscalía, donde también reposan, desde hace años, otros expedientes que involucran a Miguel Rodríguez Torres.

El 24 de octubre de 2014 fue sustituido en el cargo por Carmen Meléndez, ex ministra para la Defensa, por designación del presidente Nicolás Maduro. Su salida de la cartera de Relaciones Interiores, Justicia y Paz se produjo días después de que el Frente 5 de Marzo -un grupo de colectivos de zonas populares de Caracas- solicitara su destitución: representantes de la organización lo responsabilizaron por el asesinato de cinco de sus miembros por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en el edificio Manfredi, en la parroquia Santa Teresa de Caracas.

“Ciudadano ministro de Interior y Justicia, le pasa a José Odreman cualquier cosa, lo asumo y le digo la responsabilidad a usted», dijo -horas antes de ser asesinado por funcionarios del Cicpc- José Odreman, líder del Frente 5 de Marzo, cuando denunciaba que los efectivos habrían limpiado la escena del crimen contra otro líder del colectivo, Carmelo González. «Usted está haciendo estos escenarios», afirmó ante medios de comunicación.

Chavista disidente 

Desde entonces, el antiguo jefe de la Disip se ha desmarcado continuamente del gobierno de Nicolás Maduro y se ha acercado, cada vez más, al grupo de disidentes chavistas, un cúmulo de exministros de Hugo Chávez apartados por Maduro y concentrados casi todos en la organización Marea Socialista, conducida por el politólogo Nicmer Evans, que pretende erigirse en la esfera política venezolana como una «tercera vía», distinta a la línea de Gobierno y a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Aunque Rodríguez Torres no se ha unido oficialmente al grupo, sus declaraciones críticas hacia el Gobierno han coincidido bastante con las apreciaciones de miembros de la organización.

En 2017, tres años después de las protestas civiles de 2014, Rodríguez Torres se encontró otra vez ante un panorama de constantes manifestaciones antigubernamentales. Pero esta vez, desde la otra acera, se unió a las voces que criticaban arduamente la iniciativa propuesta por Nicolás Maduro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin previa consulta a la población. Aplaudió las palabras y acciones de la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz, cada vez más separada de los sectores cercanos a Maduro, y denunció como «un ataque al legado de Hugo Chávez», derogar la Constitución de 1999.

En ese contexto, tras casi 90 días de protestas que hasta el 22 de junio de 2017 sumaban 75 muertes, Rodríguez Torres fue denunciado por el gobierno de supuestamente colaborar con la CIA y con el gobierno estadounidense. Maduro no dijo explícitamente su nombre, pero aseguró que había destituido a un «ministro» por ese caso. Ese mismo fin de semana se filtraría a la prensa un documento, cuestionado por el propio Rodríguez Torres, y presuntamente perteneciente a la agencia de inteligencia estadounidense, en la que se señalaba al antiguo jefe de la Disip de haber dado información al gobierno de Estados Unidos.

El antiguo denunciador de conspiraciones antigubernamentales naturalmente rechazó los señalamientos, los catalogó como falsos y aseguró que eran parte de un «laboratorio de guerra sucia», montado desde el piso 12 del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin).

Días después, sin embargo, ofreció más detalles sobre el documento y reveló que en su momento, por instrucción del Hugo Chávez, tuvo contactos con la CIA. «La instrucción que me dio Chávez fue abrir las mejores relaciones con todos los servicios (de inteligencia) que tuviesen representantes en Venezuela, incluyendo la CIA», explicó Rodríguez Torres en una rueda de prensa.

Pese a que no precisó fecha, el exministro de Interior aseguró el texto era viejo. «Este documento lo tuvo en sus manos el comandante Chávez. Él lo leyó directamente. Ese documento lo redactó un ex prófugo del narcotráfico venezolano, que tuvo preso en el exterior; y un  director de inteligencia que estaban coordinando una operación para fracturar los servicios y adueñarse de ellos.  Este documento se lo dieron a un empresario que este a su vez se lo vendió al gobierno».

El 9 de mayo de 2019 Rodríguez Torres fue trasladado, por funcionarios del Sebin, desde la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim) hacia una celda de máxima seguridad en Fuerte Tiuna, de acuerdo con información de la  organización que lidera, Movimiento Amplio Desafío De Todos.