El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas renovó por dos años más el trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. El grupo de trabajo, presidido por la abogada Marta Valiñas e integrado por la trabajadora social Patricia Tappatá —quien reemplazó a Paul Seils— y el también abogado Francisco Cox, fue renovado con 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones.
Esta Misión fue conformada en septiembre de 2019 con el objetivo de evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014 en Venezuela. Hasta la fecha, han publicado tres informes como resultado de sus investigaciones, las cuales evidencian “violaciones graves de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles”.
El texto más reciente, en el cual revelan el rol de los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano en la comisión de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos, así como la responsabilidad en las líneas de mando, fue publicado el 20 de septiembre de 2022.
Por su parte, el 15 de octubre de 2022, el Ministerio Público (MP) venezolano, en voz del fiscal general, declaró en rueda de prensa que en lo que va de 2022 han imputado a 533 funcionarios y 20 colaboradores particulares por violaciones a los derechos humanos. “Destacó que esta cifra es la más alta de los últimos cinco años y representa más del doble de las imputaciones realizadas en el año 2021. Añadió que en total, desde su llegada a esta institución, se han imputado un total de 1.463 personas por cometer abusos y violaciones en esta materia”, reseñó la página web del MP.
Conoce en Poderopedia Venezuela el perfil de algunos de los funcionarios señalados en el informe de la Misión de la ONU, cuya recomendación es que sean investigados:
Rafael Antonio Franco Quintero, director (E) de Seguridad Aeroportuaria del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, designado el 2 de agosto de 2019 de acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial Nro. 6.469. Es general de brigada del Ejército, egresado de la promoción general en jefe Rafael Urdaneta (1995), de acuerdo con un perfil de Runrun.es. Se desempeñó como director de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Deipc) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cargo que ocupó entre 2016 y noviembre de 2018. Ha sido sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza por violaciones a los derechos humanos. Según el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, publicado en septiembre de 2022, fue Hugo “El Pollo” Carvajal quien incorporó a Franco Quintero en las filas de la Dgcim.
De acuerdo con el informe de la Misión, Franco Quintero puede tener responsabilidad penal con relación a violaciones de derechos humanos y, en consecuencia, debe ser investigado. Lee más aquí.
Hannover Esteban Guerrero Mijares, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la 35 Brigada de Policía Militar “Libertador José de San Martín”, con sede en el Fuerte Tiuna, designado el 18 de agosto de 2020 por el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López. Es coronel del Ejército, egresado de la Academia Militar de Venezuela en 1996 en la promoción «General de Brigada José Florencio Jiménez». En noviembre de 2018 fue nombrado director de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Deipc) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en reemplazo de Rafael Franco Quintero. Fue director de la Dgcim en la Región Capital, función que desempeñó hasta agosto de 2020. El 19 de julio de 2019 el coronel fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos. El motivo de la sanción fue la detención, maltrato físico y muerte del capitán de la Armada Rafael Acosta Arévalo, según reseñó Tal Cual. El 26 de septiembre de 2019, fue sancionado por la Unión Europea, Posteriormente, el 27 de septiembre de 2019, fue sancionado por Reino Unido.
De acuerdo con el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Guerrero puede detentar responsabilidad penal en hechos de violación a los derechos humanos, por lo cual debe ser investigado. Lee más aquí.
Iván Rafael Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desde el 14 de enero de 2014, de acuerdo con la Gaceta Oficial Nro. 40.333. Es general de brigada del Ejército desde 2013. Es comandante de la Guardia de Honor Presidencial de Nicolás Maduro. Jefe de la Casa Militar, designado el 4 de septiembre de 2015. Egresó de la Academia Militar de Venezuela en la posición 29 de la promoción “Manuel Manrique” en 1988, según Control Ciudadano. El 25 de junio de 2018 se dio a conocer que fue sancionado por la Unión Europea, el 15 de febrero de 2019 por a Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el 15 de abril de 2019 por el gobierno de Canadá y el de agosto de 2019 el gobierno de Suiza.
De acuerdo con el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela: “La Misión encuentra motivos razonables para creer que Hernández Dala puede detentar responsabilidad penal por los hechos de violación de los derechos humanos, y, por lo tanto, debe ser investigado”, concluye la investigación. Lee el perfil completo aquí.
Gustavo Enrique González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), designado por Nicolás Maduro el 30 de abril de 2019, en reemplazo de Manuel Cristopher, de acuerdo con una nota de Venezolana de Televisión (VTV). Había ocupado este mismo cargo en febrero de 2014, luego de que su antecesor Manuel Bernal fuese destituido después de que Maduro informara en televisión nacional que efectivos del Sebin habían desobedecido órdenes de acuartelamiento y participado en hechos violentos que causaron la muerte del joven Bassil Da Costa durante la marcha opositora del 12 de febrero. Fue ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado el 9 de marzo de 2015 en sustitución a Carmen Meléndez, según la Gaceta Oficial N.40.616. El 1 de julio de 2017 fue ascendido al grado de general en jefe “por su lealtad y entrega en defensa de la Patria”. González también ha presidido el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) desde octubre de 2013. Egresó de la Academia Militar de Venezuela en la promoción de 1982, la misma promoción del ex ministro de Defensa, Henry Rangel Silva. En 2003 fue designado como director general de la oficina de planificación y Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Infraestructura encabezado entonces por Diosdado Cabello. En 2004 fue nombrado presidente de la Fundación para el Equipamiento de Barrios Fundabarrios, adscrito a la cartera de Infraestructura. Ha sido sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, el gobierno de Canadá, la Unión Europea y el gobierno de Suiza.
De acuerdo con el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela: “La Misión encuentra motivos razonables para creer que Gustavo González López puede tener responsabilidad penal en los hechos antes mencionados y, por lo tanto, debe ser investigado”. Lee más aquí.
Ronny González Montesinos, fue comisario jefe en la Dirección de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2019, cuando Carlos Calderón Chirinos era director de Investigaciones. En 2011 se desempeñó como subcomisario y trabajó con el Comando Regional Unificado de Extorsión y Secuestro, dependiente de la Dirección de Contrainteligencia del Sebin. Sus inicios en los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano datan de 1995, cuando inició como funcionario de la hoy extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), la cual pasó a ser el Sebin.
De acuerdo con el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela: “La Misión encuentra motivos razonables para creer que González Montesinos puede detentar responsabilidad penal en los hechos antes mencionados, y, por lo tanto, debe ser investigado”, concluye la investigación. Lee más aquí.
Carlos Alberto Calderón Chirinos, fue comisario general, director de la Dirección de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y director de El Helicoide (sede del Sebin) entre 2014 y octubre de 2018, cuando fue removido del cargo por Manuel Cristopher Figuera, entonces director del Sebin. Según el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, suma una larga trayectoria en los cuerpos de inteligencia del Estado venezolano. De hecho, desde 2007 fue miembro de la hoy extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), la cual pasó a ser el Sebin. El 22 de febrero de 2022, de acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial Nro. 42.324, recibió la “Orden Francisco de Miranda” en su Tercera Clase “Oficial”. Calderón Chirinos, señalado por los presuntos delitos de violación a los derechos humanos, ha sido sancionado por la Unión Europea (12 de noviembre de 2020), Reino Unido (31 de diciembre de 2020) y Estados Unidos (5 de noviembre de 2019).
De acuerdo con el informe de la Misión de la ONU: “La Misión encuentra motivos razonables para creer que Calderón Chirinos puede tener responsabilidad penal en los hechos mencionados y, por lo tanto, debe ser investigado”, concluye la investigación. Lee más aquí.
