Miembro de la Misión internacional independiente de Naciones Unidas para la determinación de los hechos sobre Venezuela, designado el 2 de diciembre de 2019. Es abogado penalista egresado de la Universidad Diego Portales. Cox fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, para dirigir el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Es miembro del directorio de la Fundación Teatro a Mil.
Perfil
El abogado chileno, Francisco Cox Vial, es el único jurista de su país que ha litigado ante la Corte Penal Internacional. Ha participado en causas sobre derechos humanos nacionales e internacionales. De hecho, trabajó en el programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. Fue socio de la firma de abogados Hermosilla y Cía, y es fundador del bufete Balmaceda, Cox & Piña.
Cuenta con una Maestría (LL.M) de la Universidad de Columbia, y un International Human Rights Law Summer Programme (Programa de verano de derecho internacional de los derechos humanos) de la Universidad de Oxford y la Universidad George Washington.
Ha sido profesor de Derecho de Interés Público en la Universidad de Valparaíso, en su natal Chile, y profesor de las Clínicas de Interés Público y Derechos Humanos, derecho Internacional de los derechos Humanos y Negociación en el Nuevo Proceso Penal, de la Universidad Diego Portales.
Cox demostró su amplia experiencia en derechos humanos cuando fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, para dirigir el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
El 2 de diciembre de 2019 Naciones Unidas lo nombró miembro de la Misión internacional independiente de la ONU para la determinación de los hechos sobre Venezuela. Este equipo, liderado por la abogada portuguesa, Marta Valiñas, tiene como objetivo principal determinar si existen «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes», perpetrados por las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro en el país suramericano.
“Cuando me preguntan qué opino de Venezuela, pues no opino nada. Porque el trabajo que haremos es justamente determinar hechos y eso lo tenemos que hacer con pruebas, con evidencia, de lo contrario no se cumple la misión”, respondió Cox en una entrevista publicada por el portal digital La Tercera, el 25 de diciembre de 2019.
Datos Básicos
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