Venezuela atraviesa su propia crisis de carácter político, económico y social en medio de la pandemia mundial por el COVID-19. En este contexto, Juan Guaidó, presidente (E) de Venezuela reconocido por más de 50 países, propuso la creación de un Gobierno de Emergencia Nacional que incluya a todos los sectores del país, y que deberá delegar en un Consejo de Estado Paritario las decisiones fundamentales del manejo del Estado, atención de la emergencia de salud, estabilidad y reconciliación nacional.
Sin embargo, ¿qué es un Consejo de Estado Paritario? De acuerdo con el artículo 251 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el Consejo de Estado es un órgano superior de consulta del gobierno y la administración pública, cuya competencia es recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión.
El artículo 252 de la Carta Magna de 1999 expresa que el Consejo debe estar presidido por el vicepresidente de la República, y por cinco personas designadas por el Presidente, un representante de la Asamblea Nacional (AN), un representante designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y un representante designado por los gobernadores de los estados.
El concepto de la propuesta de Guaidó, por su parte, se centra en un Consejo Paritario, resaltando, de este modo, la importancia de la incorporación de todos los sectores políticos del país en igualdad en el número y derechos de sus miembros, a excepción de quiénes presiden actualmente el gobierno de Nicolás Maduro.
¿Es la primera vez que en el país se propone un gobierno de emergencia nacional?
La historia contemporánea venezolana no ha sido precisamente miel sobre hojuelas, de hecho, entre 1945 y 1958 se conformaron cuatro juntas de gobiernos transitorios:
La Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1947), de acuerdo con un artículo de la periodista Milagros Socorro, estaba conformada por cuatro dirigentes de Acción Democrática (AD): Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luis Beltrán Prieto Figueroa; el independiente Edmundo Fernández, y los militares Carlos Delgado Chalbaud y Mario Vargas. Durante esa junta, conformada tras el golpe de Estado que depuso al general Isaías Medina Angarita, Marcos Pérez Jiménez ocupó la Jefatura del Estado Mayor.
La Junta Militar de Gobierno (1948-1950), conformada tras el Golpe Militar del 24 de noviembre de 1948 contra el entonces presidente, el escritor Rómulo Gallegos, estuvo encabezada por los militares Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez.
Por su parte, la Junta de Gobierno (1950-1952), se conformó tras el magnicidio de Carlos Delgado Chalbaud. La junta estaba integrada por Germán Suárez Flamerich, entonces embajador de Venezuela en Perú, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez.
De acuerdo con el texto Los militares vuelven: la democracia vulnerada (1948-1958), del historiador Rafael Arráiz Lucca, la Junta de Gobierno convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en lugar de las elecciones presidenciales y de los representantes al Congreso Nacional, que estaban previstas para diciembre de 1952.
El 30 de noviembre de 1952 el diputado Jovito Villalba, dirigente de URD, obtuvo la mayor cantidad de votos de la ANC, sin embargo, la Junta de Gobierno se negó a reconocer los resultados. Esta crisis política motivó la renuncia de los miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE) –hoy Consejo Nacional Electoral- quienes se negaban a alterar los resultados. Pero el gobierno nombró un nuevo CSE que dio como ganador al partido de gobierno: Pérez Jiménez asumió como presidente “provisional”, y conformó un régimen dictatorial se extendió por seis años.
Hasta la fecha, la última junta de gobierno transitorio que ha tenido Venezuela fue la Junta de Gobierno Provisional (1958-1959), conformada tras el Golpe Militar contra Pérez Jiménez, y que dio paso al gobierno de Rómulo Betancourt.
De vuelta al presente
Para el historiador y periodista, Jesús Piñero, las juntas de transición del pasado no se pueden comparar con la propuesta de un Consejo de Estado Paritario. “Las del pasado se conformaron una vez habían salido los tiranos, como en el caso de Pérez Jiménez, o los presidentes que se negaban a las reivindicaciones. No lo veo posible todavía por el simple hecho de que el gobierno de Maduro no ha dejado el poder”, explica.
“Sin embargo –aclara- sí hay un precedente de un Consejo de Estado Paritario, al menos en las condiciones, y fue el que dio paso al Tratado de Coche en 1863, y se conformó después de la guerra Federal. Ese es el más cercano, porque allí si había partes beligerantes, liberales versus conservadores, que llegaron a un acuerdo de conformar un consejo de gobierno compuesto por dos miembros de cada bando en pugna”.
No obstante, Piñero resalta que esto no deja de ser un momento inédito en la historia venezolana. “Es difícil comparar dos momentos históricos porque se supone que la historia no se repite y cada realidad histórica depende del contexto económico, político y presente del momento”, enfatiza el también profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Otra característica que vuelve inédita la propuesta de un Consejo de Estado Paritario en Venezuela, es que se plantea en el contexto de la emergencia de salud por el COVID-19, y como un mecanismo para hacerle frente a la crisis sanitaria del país.
La propuesta de Estados Unidos
El pasado 31 de marzo de 2020, Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, presentó una propuesta para la transición democrática en Venezuela, y respaldó la conformación de un Consejo de Estado, que no debería estar presidido ni por Guaidó, ni por Maduro, y cuyo principal objetivo debe ser enrumbar al país a un proceso de elecciones libres y justas.
Por su parte, el 17 de abril de 2020, Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela destacó, de acuerdo con una reseña de Runrun.es, que el proceso de transición democrática en Venezuela, a través del Consejo de Estado, no puede empezar con Maduro en el poder. Sin embargo, reconoció que el alto mando militar debería permanecer en sus funciones ya que, de acuerdo con su juicio, se necesitará del apoyo castrense para consolidar la transición y retomar el orden constitucional.
