El pasado 13 de marzo de 2020 la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, informó sobre los dos primeros casos de Coronavirus (COVID-19) en Venezuela. Desde entonces, el Ejecutivo Nacional ordenó una cuarentena colectiva en Caracas y seis estados que, con el pasar de los días, se ha extendido a todo el territorio nacional. Sin embargo, la crisis política venezolana no parece haber acatado la cuarentena.
La propuesta de un gobierno de transición
El 28 de marzo de 2020 Juan Guaidó, presidente del Parlamento y encargado de Venezuela, propuso la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional y la implementación del Plan José María Vargas para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
Guaidó reiteró que el Gobierno de Emergencia Nacional debe ser amplio e incluir a todos los sectores políticos, así como delegar en un Consejo de Estado paritario las decisiones fundamentales, como atención de la emergencia, estabilidad y reconciliación del país e hizo un llamado a las Fuerza Armadas a sumarse a esta iniciativa.
Tres días después, el 31 de marzo, el gobierno estadounidense, representado en el Secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, expresó su apoyo a la transición democrática de Venezuela y respaldó la creación de un Consejo de Estado, que debe estar presidido por figuras distintas a las de Maduro y Guaidó. Asimismo, Pompeo señaló que las sanciones del gobierno de Maduro serán levantadas después de un proceso de elecciones democráticas y transparentes.
Días antes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló a Nicolás Maduro y a más de una decena de funcionarios de su gobierno de estar involucrados en presuntos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. Conoce sus perfiles aquí.
Por su parte, Maduro convocó a un Consejo de Estado permanente, cuya competencia, de acuerdo a la CRBV, es recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión.
En este sentido, el consejo de Maduro está integrado por Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Elvis Amoroso, contralor general designado por la ANC, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Salud, Carlos Alvarado; el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda; la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y el diputado disidente, Luis Parra.
Mientras que la administración de Donald Trump anunció que contempla el despliegue de la flota naval Comando Sur para luchar contra el tráfico de drogas en Océano Pacífico y el Mar Caribe, ordenó duplicar el número de militares en Latinoamérica, y detalló la presencia buques de la Armada hacia Venezuela para reforzar las operaciones antinarcóticos.
En este escenario, de acuerdo con la vocería del gobierno de Maduro, Venezuela suma 2632 casos de COVID-19, enfermedad infecciosa que estalló como brote en la localidad de Wuhan en China, en diciembre de 2019, y ha contagiado a más de 7.405.532 personas en el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las tareas pendientes en la política venezolana
Recuperar la democracia venezolana pasa por un proceso de elecciones libres y con observación internacional. Elegir a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) es una tarea pendiente en esta ecuación. De hecho, se trata de un tema presente en la agenda de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, desde que fue electa en 2015 y que había cobrado fuerza en los últimos meses.
Según el artículo 296 de la CRBV: “(…) Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno a su Presidente o Presidenta, de conformidad con la ley”.
Tal y como lo señala la Carta Magna, el Parlamento debe designar a las nuevas autoridades electorales del país. Sin embargo, el Poder Legislativo pasa por una crisis política que ha complicado el panorama. No obstante, el 5 de septiembre de 2019, oposición y chavismo dieron los primeros pasos para la designación del ente electoral, cuando nombraron la comisión preliminar electoral, compuesta por nueve parlamentarios de la oposición y del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), para designar al comité de postulaciones electorales, que tendrá la función convocar a la sociedad civil para que postule a los candidatos a rectores.
Avances para la escogencia del CNE
El 9 de marzo de 2020 se anunció que había quedado instalado finalmente el Comité de Postulaciones Electorales que elegirá al CNE renovado. Ángel Medina, parlamentario por Primero Justicia (PJ), fue nombrado presidente del Comité; mientras que Julio Chávez, diputado del Psuv, fue designado vicepresidente.
Los diputados aún tienen un recorrido importante para seleccionar a las autoridades electorales, proceso que esperan concluir de cara a las próximas elecciones parlamentarias anunciadas para este año. En caso de que el Parlamento no llegase a un acuerdo, será la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quien designe a los integrantes del CNE, tal y como ha ocurrido desde 2003.
Disidencias parlamentarias
Un poco de historia reciente: el 5 de enero de 2020, cuando la opinión pública esperaba la reelección de Juan Guaidó como presidente de la AN, un grupo de diputados disidentes de la oposición, entre ellos Luis Parra, José Brito, Adolfo Superlano y Conrado Pérez, apoyados por los parlamentarios del oficialismo, encabezados por Francisco Torrealba, se juramentaron como junta directiva de la AN. Parra fue nombrado presidente, Franklyn Duarte fue designado primer vicepresidente y José Gregorio Noriega fue nombrado segundo vicepresidente.
Todo eso ocurrió en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal sin el quórum correspondiente debido a que diputados, incluido Guaidó, fueron impedidos de ingresar a la sede del Poder Legislativo por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Ese mismo día en la sede del diario El Nacional, y tras denunciar lo ocurrido como “golpe parlamentario”, Guaidó fue reelecto presidente de la AN. De su lado, fueron electos Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia, como primer vicepresidente y Carlos Eduardo Berrizbeitia, de la organización Proyecto Venezuela, como segundo vicepresidente.
En este contexto, Maduro declaró apoyar la junta directiva de la AN encabezada por Luis Parra y aprovechó de anunciar que en 2020 habría elecciones parlamentarias. Mientras que, el 13 de enero, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió sanciones contra siete de los diputados que formaron la junta directiva de la AN sin el quórum correspondiente.
La denominada fracción Clap
Cuando Luis Parra, Conrado Pérez, Adolfo Superlano y José Brito, conformaron una junta directiva sin Guaidó y la mayoría opositora, sus nombres ya habían sonado en la opinión pública, y sus partidos políticos los habían expulsado.
El 1 de diciembre de 2019, el portal web de periodismo de investigación Armando.info publicó el reportaje ¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin, el cual vincula a estos parlamentarios en una trama para otorgar indulgencias a los empresarios Alex Saab, Alvaro Pulido y Carlos Lizcano, relacionados con la corrupción en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Lo revelado en el trabajo periodístico produjo fricciones entre los parlamentarios opositores y los partidos a los que pertenecían estos diputados se desvincularon de los mismos, incluso algunos fueron expulsados, y la Asamblea Nacional ordenó una investigación para esclarecer lo ocurrido.
