A pesar del contexto de la pandemia por Covid-19, el 6 de diciembre de 2020 es la fecha pautada por la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) –designada Ad Hoc el 12 de junio por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del gobierno de Nicolás Maduro en lugar del Parlamento- para la realización de las parlamentarias. Los comicios que elegirán a los integrantes de la Asamblea Nacional (AN) contarán con la participación de 107 organizaciones políticas –según el ente comicial- y en ellos serán escogidos 277 parlamentarios, una cifra mayor a la de 167 diputados que fueron electos en las anteriores votaciones de 2015. Este incremento del 66% de los curules, de acuerdo con expertos consultados por Poderopedia Venezuela, contraviene los artículos 186 y 298 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Este proceso electoral, de acuerdo con expertos que así lo han denunciado, se caracteriza por carecer de condiciones democráticas, al haber sido convocadas en un ambiente marcado por las intervenciones de las juntas directivas de partidos políticos nacionales y designación de juntas Ad Hoc que pueden usar los logos y colores de las toldas, como es el caso de Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP), Copei, entre otros; el irregular adelanto de la campaña electoral, la modificación de la elección indígena a unos comicios de segundo grado violentando los derechos de esta minorías, el incremento los curules y la reforma del Título XIV del Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), referente a la observación nacional de los procesos electorales y el acompañamiento internacional.
Ante este escenario, la oposición democrática venezolana, así como países y entes internacionales, entre ellos la Unión Europea, el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA) -organismo que emitió una resolución donde avala que “en Venezuela no existen las condiciones mínimas democráticas para la realización de esos comicios”- han expresado que no reconocerán la validez de las parlamentarias. En respuesta a estos hechos, desde el actual Parlamento se llevará a cabo una Consulta Popular, con base en el artículo 70 de la CRBV, con el objetivo rechazar las parlamentarias del 6 de diciembre.
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva y ministra (E) de Economía, Delcy Rodríguez, aseguró el 21 de noviembre que al gobierno de Nicolás Maduro no le importa el reconocimiento internacional. “No nos importa porque quien tiene que hablar en las elecciones de Venezuela es su pueblo”.
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