La Covid-19 se ha extendido a escalas insospechables desde que fue declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020. En 22 meses, el coronavirus ha mutado en al menos cinco variantes: Beta (Sudáfrica, mayo de 2020), Alpha (Reino Unido, septiembre de 2020), Delta (India, octubre de 2020), Gamma (Brasil, noviembre de 2020) y, más recientemente, Ómicron.
La enfermedad ha desafiado a la comunidad científica y la mayoría de los países van a enfrentar un tercer año de cuarentena el próximo 2022, tal es el caso de Venezuela. Desde que el virus llegó al territorio nacional y se detectaron los primeros casos, se presumió que sería un reto para el país hacerle frente a la pandemia, sobre todo porque atraviesa una crisis humanitaria compleja.
En el primer trimestre de 2020, la administración de Nicolás Maduro decretó un Estado de Alarma y diseñó un sistema llamado 7+7 que consistía en semanas de confinamiento radical y flexible, la suspensión de clases y actividades escolares, y la adopción de protocolos de bioseguridad como el distanciamiento social y el uso de tapabocas, algo que han hecho otras naciones. Por otra parte, la vocería oficial sobre la enfermedad la han asumido la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez; en detrimento del ministro de Salud, Carlos Alvarado.
En lo que va de pandemia, el gobierno nacional ha adoptado medidas consideradas como controvertidas por el gremio médico para paliar el virus. Entre esas propuestas han estado la promoción de un fármaco -sin ningún sustento científico- llamado Carvativir o “las gotas milagrosas de José Gregorio Hernández”, y la idea de vacunar con Abdala, un candidato vacunal de origen cubano que no cuenta con la autorización de la OMS para ser utilizado.
A propósito del tema de vacunas, el gobierno venezolano tuvo impases con el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax), el mecanismo creado en abril de 2020 para garantizar la adquisición igualitaria y justa a vacunas contra el coronavirus. Las desavenencias fueron producto de retrasos tanto en los pagos de las vacunas por parte de la administración de Maduro como en la confirmación de los mismos. El 22 de junio de 2021, Jorge Arreaza, entonces canciller de Venezuela, informó que el último pago que la administración de Maduro hizo a través de Covax había sido supuestamente bloqueado por un banco suizo.
Asimismo, el plan de vacunación puesto en marcha por el Ejecutivo venezolano con fármacos como Sputnik V (Rusia) y Sinovac y Sinopharm (China) ha sido criticado. El 17 de mayo de 2021 el presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, aseveró que “las vacunas contra la Covid-19 que han llegado al país se han aplicado de forma desordenada” y afirmó que “el Gobierno las estaba utilizado para inmunizar a sus afines”. El 2 de junio la organización Médicos Unidos de Venezuela también cuestionó la improvisación en el cronograma de vacunación aplicado por el oficialismo.
Las denuncias de sub-registros en las cifras de contagios y de fallecidos en el país se han hecho presentes, así como la opacidad por parte del gobierno sobre el porcentaje de vacunados que hay actualmente. Según la Academia Nacional de Medicina, hasta el 16 de agosto de 2021, apenas el 7% de los venezolanos habían recibido la vacunación contra la Covid-19. Este dato fue reforzado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en septiembre pasado al declarar que “en Venezuela, poco más del 11% de las personas habían sido totalmente vacunadas”.
En los dos últimos meses de 2021, Venezuela adoptó una cuarentena flexible, dejando de lado el esquema 7+7 (una semana radical, una semana flexible). En este período incluso se celebraron elecciones regionales y municipales. Sin contar los comicios legislativos realizados en diciembre de 2020.
Ahora, Ómicron representa un nuevo apartado. El 24 de noviembre de 2021 se informó a la OMS la detección de la nueva variante del coronavirus. Dos días más tarde, el 26 de noviembre, el organismo Internacional la denominó tal como ahora se conoce y la catalogó como una “variante de preocupación”. Los primeros casos se registraron el 11 de noviembre en Botsuana y el 14 de noviembre en Sudáfrica.
Ante esto, el 6 de diciembre la Academia Nacional de Medicina (ANM) de Venezuela instó al Ministerio de Salud a hacer un seguimiento cuidadoso de los casos de COVID-19 en el país con la finalidad de detectar temprano la llegada de la variante Ómicron. Sin embargo, esto se plantea como un desafío.
