El referendo revocatorio, conforme con lo expuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), constituye un medio de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. En este sentido, de acuerdo con el artículo 70 de la CRBV, todos los cargos de elección popular son revocables
Desde que el chavismo gobierna en Venezuela se han intentado activar al menos tres procesos de referendo revocatorio (RR). Sin embargo, solo se concretó el del 15 de agosto de 2004, proceso electoral en el que según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) ganó la opción del “No” con el 59,0958% de los votos, y Hugo Chávez resultó legitimado en el poder.
Tras ese RR, surgió la llamada “Lista Tascón”, una concentración de datos de los ciudadanos que habían firmado para activar el RR en contra de Chávez. El listado se transformó en un instrumento político que originó despidos masivos en organismos y empresas estatales, así como persecuciones políticas.
13 años después, el 14 de febrero de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia oral y pública para analizar el caso de Magally Chang Girón, Rocío San Miguel Sosa y Thais Coromoto Peña, quienes fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras, una instancia adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, por haber firmado para el proceso de revocatorio.
Recientemente, el 21 de diciembre de 2021, la CIDH pidió al Estado venezolano cumplir con la sentencia sobre la Lista Tascón. La Corte recordó que en 2019 venció el plazo de un año para presentar el informe en el que se detalle las medidas de reparación ordenadas por la instancia en el caso de Chang, San Miguel y Peña.
En 2016 se intentó activar un nuevo RR, en esta ocasión contra el mandato de Maduro. Sin embargo, el proceso de activación del referendo no se concretó porque en octubre de ese año el CNE acató decisiones de tribunales regionales de Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas que anularon en sus respectivos estados la recolección de firmas del 1%, las cuales correspondían a la entonces primera etapa.
El 17 de enero de 2022, el CNE aprobó tres solicitudes de inicio de procedimiento para la activación de un referendo revocatorio del mandato de Maduro. De acuerdo con el ente comicial, las peticiones fueron impulsadas por el Movimiento Venezolano por el Referendo Revocatorio (Mover), Todos Unidos por el Referendo Revocatorio, Derecha Democrática y la organización con fines políticos MIN Unidad.
¿Quiénes intentaron activar el RR en 2022?
Mover es una agrupación de ciudadanos y dirigentes políticos cuya finalidad es activar un proceso revocatorio del gobierno de Maduro en 2022. El 25 de mayo y el 9 de noviembre de 2021, respectivamente, presentaron ante el CNE solicitudes formales para la activación del RR.
Tiene como vocero a Nicmer Evans, politólogo y presidente del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI). Otros de los miembros que se conocen hasta ahora son: el ex gobernador de Táchira, César Pérez Vivas; la ex candidata a concejal del municipio Libertador del Distrito Capital, Ana Yánez; la abogada y activista social, Virginia Rivero, y el politólogo Rafael Curvelo.
El 24 de enero de 2022, Mover impugnó el cronograma anunciado por el CNE para la recolección de la manifestación de voluntades que activarán el proceso de referendo revocatorio por considerar que se trata de “un acto totalmente inconstitucional que va en contra de los principios de la participación popular”.
Todos Unidos por el Referendo Revocatorio es una plataforma que impulsa un proceso de referendo revocatorio contra el gobierno de Maduro. De esta organización, sus miembros y su historia en la política nacional, es muy poco lo que se sabe. Sin embargo, sus voceros principales son Julio César Scivoletto Adamo, ex candidato a alcalde del municipio Guaicaipuro, estado Miranda, en los comicios de 2017, y Gonzalo Antonio Contreras.
Pese a la decisión de Mover, y los argumentos de la falta de garantías por parte del CNE, los voceros de Todos Unidos por el Referendo Revocatorio mantuvieron el llamado a la participación ciudadana.
¿Por qué no se llevará a cabo el RR en 2022?
El 27 de enero de 2022, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que es improcedente la solicitud de activar el referendo revocatorio contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Tania D´Amelio, rectora principal y presidenta de la Junta Nacional Electoral del CNE, informó que, durante la jornada de recolección de manifestaciones de voluntades, en los 1.200 puntos habilitados solo se obtuvieron 42.421 de las 4.231.846 firmas requeridas para iniciar el RR.
Días previos, sin embargo, voceros de Mover —una de las organizaciones solicitantes— hicieron un llamado a la ciudadanía a no participar en el proceso. “Nosotros desde Mover exigimos al CNE brindar las condiciones para el referendo revocatorio, de igual forma le decimos al pueblo que no se preste para el fraude que se quiere montar en el país”, declaró durante una rueda de prensa la abogada Ana Yánez.
El diseño del cuestionado cronograma le correspondió a la Junta Nacional Electoral, presidida por D’ Amelio e integrada por el rector principal Roberto Picón. No obstante, este último señaló que el proceso anunciado por el CNE no era viable logísticamente porque “se tendrían que procesar cinco electores por minuto, por 12 horas, en todas las máquinas del país, sin margen de error”.
Además, enfatizó que el cronograma planteado no daba tiempo a notificar oportunamente a la ciudadanía los puntos de recolección, se llevaría a cabo sin auditoría de software y no planteaba tiempos adecuados para la acreditación de testigos.
Por su parte, la organización civil Súmate publicó un comunicado el 25 de enero en el que expuso que los términos y condiciones impuestos por el CNE hacían “imposible cumplir con el requisito mínimo del 20 % de los electores en el ámbito nacional”.
