Julio Montoya

Preside la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Parlamento.Nacido el 25 de agosto de 1962, es abogado y dirigente político.

La biografía publicada en página web señala que participó en movimientos políticos estudiantiles y fue presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades de La Universidad del Zulia (LUZ).

Su carrera legislativa data de 1988, cuando integró la Asamblea Legislativa del Zulia hasta 1992. Al año siguiente, fue electo diputado al Congreso de la República hasta 1998.

Su trayectoria parlamentaria continuó después del proceso constituyente de 1990 y luego en 2010 cuando ganó los comicios legislativos abanderado por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

En 2012 su esposa, Ilze Perozo de Montoya, fue condenada a tres años de prisión por hechos de corrupción en obras de construcción en la Gobernación de Zulia.

En 2015 el diputado viajó a España en busca de pruebas sobre el presunto lavado de dinero de parte de funcionarios venezolanos en cuentas del Banco Madrid y la Banca Privada de Andorra, investigada por organismos oficiales antiblanqueo.

El 19 de enero de 2017, durante la sesión del Parlamento, exigió la investigación de la empresa brasilera Odebrecht. “Venezuela ante el silencio de la Fiscalía, la Procuraduría y el Gobierno Nacional sobre el escándalo en América Latina del pago de comisiones ejecutado por Odebrecht y la necesidad de que el pueblo venezolano conozca de los hechos y el accionar de Odebrecht en Venezuela, la Asamblea Nacional debe discutir esto en plenaria, para que todo el país sepa lo que ha sucedido con esta empresa en Venezuela”, expresó.

El 8 de marzo de 2017, durante sesión en el Parlamento, exigió la creación de leyes para las personas que padecen enfermedades raras. «En Venezuela existen miles de leyes pero ni una que ampare a estas personas», expresó.

Durante el desarrollo de la marcha opositora del 3 de mayo de 2017 resultó herido en su espalda tras el impacto de una bomba lacrimógena. Fue trasladado para la clínica La Floresta.

El 23 de abril de 2019 el diputado denunció que empresas venezolanas en Costa Rica, República Dominicana y Jamaica están siendo vendidas a grupos económicos vinculados con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, reseñó El Pitazo.

Asimismo, el parlamentario aseguró que la empresa venezolana, con sede en Costa Rica, Alunasa, fue «quebrada intencionalmente» por el general de división Noel Rafael Martínez Rivero, quien era el responsable de dirigir la compañía, responsabilizó también a Francisco Rangel Gómez.

También indicó que la empresa tiene para el momento un valor de más de 280 millones de dólares, y pretende ser vendida por un tribunal en Costa Rica por 8 millones.

Además, denunció que un grupo vinculado al estado Carabobo está intentando comprar la refinería Refidomsa a 30% de su valor nominal. “La misma operación la pretenden hacer en Petrojamaica” añadió.