Maikel Moreno

Eran las 12:00 p.m del 10 de enero de 2019, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuando al presidente del TSJ, Maikel José Moreno Pérez, le tembló la voz: “Verificando…”, dijo con titubeo. Después se quedó en silencio, miró un papel, e intentó retomar el hilo de la oración. Ante él, y con la mano erguida hacia arriba en señal de juramento, un cuestionado Nicolás Maduro lo miraba con el ceño fruncido, esperando que el magistrado lo juramentara para un segundo período presidencial: 2019-2025.

El acto se llevó a cabo sin el consentimiento de la Asamblea Nacional (AN), y con la desaprobación de 13 de los 14 países que conforman el Grupo de Lima, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, quienes no reconocen al gobierno de Maduro, tras haber sido electo en unos cuestionados comicios en los que no participaron todos los sectores políticos del país, los principales líderes de la oposición se encontraban inhabilitados, los partidos políticos ilegalizados y no hubo observadores internacionales.

Maikel, el magistrado

«Que no haya impunidad contra crímenes. Ustedes tienen en sus manos un compromiso: ayudar a que prevalezca la paz en este país. Quedan ustedes investidos como magistradas y magistrados de la República Bolivariana de Venezuela tal como está establecido en nuestra Constitución», afirmó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), y entonces presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, el 28 de diciembre de 2014. Se dirigía a los 16 magistrados, de la Sala de Casación Penal, juramentados ese año por el Parlamento, con la mayoría simple del Psuv  -la mitad más uno de los diputados-: Maikel Moreno figuraba entre los elegidos del partido de gobierno.

Su historia en el poder judicial data de 1994, cuando fue alguacil de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Sobre su toga pesa una destitución por estar incurso en desacato a órdenes judiciales. En 2007 volvió a la administración pública de la mano del entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro. El 11 de febrero de 2015 fue designado como primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y presidente de la Sala de Casación Penal, por la Sala Plena de este Alto Tribunal.

De la policía a la abogacía

El magistrado Moreno nació en el Tigre, estado Anzóategui –oriente venezolano- el 12 de diciembre de 1965, y es el segundo de cinco hermanos. Su familia se mudó a Caracas cuando él tenía 11 años, de joven practicó boxeo y karate. En 1987, cuando tenía 22 años, formó parte de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) –actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)- y fue señalado como el presunto responsable del asesinato de un joven en Ciudad Bolívar. Estuvo en la cárcel, pero logró salir en libertad, según una investigación publicada por El Nuevo Herald el 7 de marzo de 2016 http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article64656027.html.

En 1989 trabajó como oficial de la policía política, cumpliendo funciones como escolta del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, durante su segundo mandato. El reportaje también vincula a Moreno -en un expediente por homicidio número 552755- con el asesinato del venezolano Rubén Gil Márquez, quien cayó abatido en medio de un tiroteo ocurrido en Parque Central en 1989. Un año después, en 1990, el hoy magistrado recibió beneficios procesales que le permitieron volver a las calles.

Ocho años después de la primera acusación, se formó como abogado en la Universidad Santa María (USM) en 1995, y como doctor en Derecho Constitucional en la misma casa de estudios, en 2014. Es profesor –en grado de instructor- en la USM desde 2005.

El 11 abril de 2012 Moreno contrajo matrimonio con Belkis Coralito Gachassin Lafite, una cubana residente de Miami, Estados Unidos, y la unión fue denunciada ante las autoridades estadounidenses bajo sospecha de que el magistrado venezolano cometió fraude migratorio, reseñó el Nuevo Herald http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article64656027.html.El reportaje señala que Moreno dejó registradas un par de direcciones como lugar de residencia en el sur de Florida, incluyendo las ciudades de Doral y Medley.

El segundo matrimonio del magistrado culminó en divorcio en junio del 2014. El primero fue con la venezolana Fabiola Mercedes Castro, con quien se casó el 23 de junio de 1988, unión que quedó disuelta el 11 de enero de 2008.  El 22 de agosto de 2015 se casó por el civil con la Miss Venezuela Mundo 2014, modelo y animadora venezolana, Debora Menicucci. La unión eclesiástica se llevó a cabo en la Casa de Campo de La Romana,  en República Dominicana, el 6 de enero de 2016.

Un juez con expediente

Maikel Moreno tiene 22 años de experiencia en el poder judicial. En 1994 inició siendo alguacil de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. En el 2000 fue abogado consultor en el Consejo Nacional Electoral (CNE) –año de la repetición de todas las elecciones tras la reforma constitucional-. En 2001 fue juez suplente especial de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro. En 2002 se desempeñó como juez provisorio del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Cuando en 2007 Moreno se desempeñaba como juez de la sala Nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fue destituido por la Comisión de Reestructuración Judicial, en compañía de los jueces Iván Bastardo y Jesús Bravo, por tomar una decisión que contravino un amparo que esperaba decisión en el TSJ por el caso del asesinato de la abogada Consuelo Ramírez Brandt: dejaron en libertad a los acusados de homicidio, Edgar Báez y Jhony Esté. La Sala Constitucional había ordenado a la Comisión procesar a Moreno y compañía, sin embargo, tras ser destituido, el entonces canciller Nicolás Maduro, lo designó como funcionario diplomático en la embajada de Venezuela en Roma, y posteriormente  consejero de la Embajada de Venezuela en la República de Trinidad y Tobago hasta 2010.

El 245 en la lista de Anderson

Moreno, quien alcanzó una de las 32 sillas del TSJ, la máxima institución de justicia en el país, ha sido vinculado en la investigación del crimen del fiscal, Danilo Anderson, de la cual siguen sin conocerse los autores intelectuales y las razones que los llevaron a perpetrar el hecho. Su nombre aparece en las actas de entrevista a los amigos de Anderson –con fecha del 15 de agosto de 2005- que contaron la repartición del dinero extraído de la caja fuerte del fiscal, la misma noche de su muerte –el 18 de noviembre de 2004- cuando Moreno se desempeñaba como juez 34 de control y presidente de la sala séptima de apelaciones, según un reportaje de Runrunes publicado el 26 de noviembre de 2014.

Las decisiones del magistrado  

Su paso por el poder judicial se ha caracterizado por la toma de decisiones polémicas: dictó la privativa de libertad contra Iván Simonovis y autorizó su detención por los sucesos ocurridos en Caracas el 11 de abril de 2002; asumió la defensa del concejal del Movimiento Quinta República (MVR), Richard Peñalver -uno de los cuatro acusados de haber disparado desde el Puente Llaguno el 11 de abril de 2002- contraviniendo el precepto ético que reza que una misma persona no puede ser juez y parte. “En ese momento fui el defensor del concejal hasta la audiencia preliminar, en la que se le dio libertad; y a mi criterio no me encontraba inhabilitado para conocer el caso”, afirmó Moreno en una entrevista publicaba por El Universal el 3 de febrero de 2005.

Maikel Moreno también llevó el caso de la ex senadora  Haydeé Castillo y su esposo, quienes fueron procesados luego del asesinato de su hijo Antonio López Castillo en un  enfrentamiento policial, en Caracas, relacionado a la investigación del crimen de Danilo Anderson. López Castillo y sus padres eran señalados de poseer dosis del explosivo C4, Acusación que no ha sido demostrada, sin embargo, debían presentarse ante Moreno de forma regular.

El 24 de febrero de 2017, Moreno llega a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia. De inmediato, su voz se hizo sentir. Apenas un más tarde, la Sala Constitucional emitió sendas sentencias en las que limitaba la inmunidad parlamentaria de los diputados y adoptaba todas las funciones legislativas de la Asamblea Nacional (AN).

Las decisiones tuvieron inmediata resonancia internacional, muchos países se pronunciaron en contra y pidieron «separación de poderes». Este hecho ocasionó que la oposición venezolana convocara a una serie de protestas masivas contra el gobierno de Nicolás Maduro que, 50 días después, ya contaba 43 muertos -la misma cantidad de fallecidos durante los cinco meses de  protestas antigubernamentales de 2014-.

Ante esa presión, y las declaraciones de la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en las que definía las sentencias como un «quiebre del orden constitucional», el presidente Nicolás Maduro calificó la diferencia entre ambos poderes como un «impasse» y procuró solucionarlo convocando el Consejo de Seguridad de la Nación, al que no asistieron ni Ortega Díaz, ni el presidente del Parlamento, Julio Borges. El TSJ, entonces, publicó unas «aclaratorias» sobre ambas decisiones en las que se anulaba las disposiciones referentes a la AN.

De acuerdo con el analista José Ignacio Hernández, el Consejo de Seguridad de la Nación no tenía esa facultad y el propio TSJ no puede desarticular una sentencia emitida por él mismo.

El magistrado sancionado

Moreno es el funcionario público que acumula más sanciones internacionales. El 18 de mayo de 2017 fue sancionado, junto con los siete magistrados que firmaron las sentencias, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que congeló todos sus bienes y le prohibió realizar transacciones con entidades estadounidenses.

Un año después, el 18 de enero de 2018, fue aprobada una sanción por parte de la Unión Europea en la que lo responsabilizan, junto a otros representantes del gobierno venezolano, de la represión y situación política de Venezuela. El 28 de marzo de 2018 fue sancionado por el gobierno de Suiza, ya que aseguran que utiliza su cargo para apoyar y facilitar acciones y políticas del gobierno que han socavado la democracia. Dos días después, el 30 de marzo, fue sancionado por el gobierno de Panamá por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Los gobiernos de Ucrania, Noruega y Canadá se han sumado a estas sanciones.

El 29 de enero de 2019, de acuerdo con Efecto Cocuyo, Moreno, anunció que la Sala Plena del máximo juzgado del país aprobó la solicitud que más temprano realizó el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab contra el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

El 1 de abril de 2019 Moreno ordenó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ratificó el desacato a la sentencia emitida el pasado 29 de enero de 2019 y las medidas cautelares entre las que está la prohibición de salida del país. Además, le impuso a Guaidó una multa de 200 unidades tributarias. Asimismo, Moreno ordenó enviar una copia certificada de la decisión a Diosdado Cabello, presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para que apruebe el allanamiento de la inmunidad del también presidente del parlamento venezolano.

El 7 de agosto de 2019 el gobierno de Suiza sumó a su lista de sancionados a 18 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por “por violar los derechos humanos y socavar el estado de derecho y las instituciones democráticas.  Entre los sancionados figura el nombre de Maikel Moreno.

Su nombre figura entre los 18 funcionarios del gobierno de Maduro sancionados por la Unión Europea. Las medidas de la UE implican a prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de los bienes “por haber vulnerado los principios democráticos, el estado de derecho y la democracia”.

Su nombre figura entre los 25 funcionarios del gobierno de Maduro sancionados por el gobierno de Suiza el 11 de octubre de 2019.

El 3 de noviembre de 2019, Moreno fue dado de alta del Hospital Clínicas Caracas tras haber ingresado con un dolor en el pecho. De acuerdo con una reseña de Efecto Cocuyo, al presidente del TSJ de Maduro le realizaron un cateterismo.

Su nombre figura entre los funcionarios y empresarios, relacionados con el gobierno de Maduro, sancionados por el TIAR el 3 de diciembre de 2019. Las sanciones incluyen la congelación de cuentas y la prohibición de ingresar a territorio de los países miembros del Tratado.

El 26 de marzo de 2020, a través de una rueda de prensa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló a Nicolás Maduro y a más de una decena de funcionarios de su gobierno de estar involucrados en presuntos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. Moreno forma parte de la lista de funcionarios.

El 31 de marzo de 2020, Ariana Fajardo, fiscal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, presentó un indictament, donde describe que Moreno recibió 700 mil dólares de las empresas Western Cape y Eaton Global Limited, que pertenecen al dueño de un medio televisivo venezolano.

De acuerdo con una nota reseñada por Runrun.es, el presidente del TSJ declaró ante Estados Unidos, en 2014, y afirmó que anualmente ganaba 12 mil dólares por su trabajo como miembro del Poder Judicial. No obstante, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las cuentas de Moreno mostraron un promedio de 600 mil dólares por año.

En el documento presentado por Fajardo también figuran cuentas con más de 3000.000 de dólares, y gastos de 600 mil dólares.