Francisco Torrealba - Resultados de la búsqueda

Fue diputado a la Asamblea Nacional por el circuito 4 del estado Táchira, abanderado por la Mesa de la Unidad Democrática para el periodo 2016-2021. Fue integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral del parlamento de mayoría opositora. Fue presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) desde 2011 hasta 2015.

La Asamblea Nacional (AN) ejerce el Poder Legislativo de Venezuela, y es la institución que se encarga de legislar, estudiar y analizar las leyes para su promulgación en el país. Hasta el año 1999, la institución legislativa del territorio venezolano era el Congreso de la República, una organización bicameral. Pero en ese año, tras la Asamblea Nacional Constituyente convocada y aprobada, cambió su organización y su nombre por el de Asamblea Nacional, órgano unicameral, con diputados representantes de los 23 estados del país (junto al Distrito Capital) y electos proporcionalmente al número de habitantes.

Movimiento sociopolítico y comunicacional creado por los periodistas y dirigentes políticos Jesús “Chuo” Torrealba, otrora secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y Francisco “Kico” Bautista, con el objetivo de promover un cambio político y democrático “desde el centro” en el país.

El viacrucis al diálogo El 27 de mayo de 2016 representes del Gobierno nacional y la oposición venezolana se reunieron en República Dominicana, de forma exploratoria, para el inicio de un proceso de diálogo en pro de solventar la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela. Estuvieron presentes, en calidad de mediadores, el secretario general de la Unión de los países del Sur (Unasur), Ernesto Samper y los expresidentes: del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández. Por parte del gobierno asistieron Elías Jaua, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez, y la canciller Delcy Rodríguez. Por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asistieron los diputados Alfonso Marquina, Luis Aquiles y Timoteo Zambrano. Mientras tanto, en Venezuela, la oposición marchaba y exigía respuesta y celeridad al Consejo Nacional Electoral en el proceso de revisión y validación de la recolección de firmas del 1% -la primera fase para la activación del revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro- entregadas el 2 de mayo de 2016. Tres meses después, el 1 de agosto, el CNE aprobó el 1% y legitimó a la MUD como actor para la solicitud del referéndum. En septiembre de 2016 se hizo pública una carta en la que monseñor Pietro Parolín, secretario de Estado del Vaticano, aceptaba la oferta de Unasur de sumarse a las conversaciones como mediador. Gobierno nacional y oposición habían enviando cartas al nuncio apostólico, Aldo Giordani, pidiendo al Vaticano su mediación en la crisis venezolana. El domingo 9 de octubre de 2016, el Papa Francisco, al finalizar la celebración de la Eucaristía, designó como Cardenal al arzobispo de Mérida, monseñor Baltazar Enrique Porras Cardozo. “Mi designación es un llamado a la superación de la crisis en Venezuela”, declaró Porras. A siete días de este nombramiento, el 16 de octubre, hubo una segunda designación en el mundo eclesiástico que involucraba a un venezolano: Arturo Sosa como el nuevo “papa negro”. “Ayer en Venezuela se dio un golpe de Estado, no se puede calificar de otra forma, se le dio un golpe de Estado a todos los venezolanos, lo que nosotros veníamos alertando que había que evitar. ¿Ustedes roban el derecho del pueblo venezolano a decidir? Nosotros vamos a convocar a la toma de Venezuela, el próximo miércoles, vamos a tomar Venezuela de punta a punta, debe haber un pueblo movilizado para restituir el hilo constitucional”, declaró el 21 de octubre de 2016, en rueda de prensa, acompañado de los integrantes de la MUD, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Randonski. El CNE suspendió hasta nuevo aviso la recolección del 20% -segunda fase del proceso para activar el referendo revocatorio-, debido a que los jueces de tribunales penales de los estados Aragua, Carabobo, Apure, Bolívar y Monagas dejaron sin efecto la recolección del 1%, a cinco días de las fechas establecidas por el ente electoral para iniciar la recolección de manifestaciones de voluntades. El 23 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó, en sesión ordinaria, el “Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela”, en el que se incluían: declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado contra la Constitución y el pueblo venezolano, por parte del presidente Nicolás Maduro; formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional; proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos constitucionales a la designación de los tres rectores principales y sus suplentes que fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República, mediante un juicio político y moral a Nicolás Maduro señalado como responsable de la crisis nacional. "Hoy se ha iniciado el diálogo nacional durante un encuentro entre representantes del gobierno y de la oposición, con el propósito de establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria en la isla Margarita el día 30 de octubre", declaró el lunes 24 de octubre el nuncio apostólico de Argentina, y emisario del Papa Francisco, Emil Paul Tscherrig, tras sostener una reunión, en el Hotel Meliá Caracas, con el secretario general de la MUD, Jesús Chúo Torrealba, junto a los representantes de los otros partidos políticos de la alianza, y los representantes del gobierno. El miércoles 26 de octubre, durante la concentración la “Toma de Venezuela”, la dirigencia opositora, encabezada por Capriles, había convocado a una marcha hasta el Palacio de Miraflores que se llevaría a cabo el jueves 3 de noviembre. El 30 de octubre de 2016, en los espacios del Museo Alejandro Otero, iniciaron las primeras conversaciones para el diálogo entre oposición y gobierno, que se extendieron hasta la madrugada del lunes 31 de octubre, y acordaron la creación de cuatro mesas de trabajo dirigidas a fomentar consensos en el respeto al estado de derecho, la justicia, la discusión de un nuevo cronograma electoral y la situación económica-social. Por parte del gobierno nacional estuvieron presentes: el presidente Nicolás Maduro, el diputado Elías Jaua, la canciller Delcy Rodríguez, el alcalde y jefe de negociación del diálogo, Jorge Rodríguez, y el ex embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton. En representación de la oposición: el secretario de la MUD, Jesús “Chuo” Torrealba, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, los diputados Timoteo Zambrano y Luis Aquiles Moreno, y el gobernador del estado Lara, Henri Falcón. Los mediadores internacionales fueron el secretario general de la Unión de los países del Sur (Unasur), Ernesto Samper, los expresidentes de los gobiernos de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández, y el enviado del Vaticano, monseñor Claudio María Celli. En la noche del 31 de octubre, se reportó la liberación de Marco Trejo y Andrés Moreno, quienes fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) por ser “estrategas comunicacionales” del partido Primero Justicia y llevar una campaña política dirigida a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Junto a ellos, también fue liberado Carlos Melo, dirigente del partido Avanzada Progresista. El 1 de noviembre, la Asamblea Nacional difirió el inicio del procedimiento del juicio político contra Maduro. Además, Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, informó sobre la cancelación de la marcha hacia el Palacio de Miraflores convocada para el 3 de noviembre. La coalición opositora dio un plazo hasta el 11 de noviembre –día que se realizará la segunda reunión pro diálogo- para recibir respuestas por parte del gobierno. De lo contrario, aseguraron que abandonarían el diálogo. Además, ratificaron sus condiciones para permanecer en el proceso: liberación de todos los presos políticos, apertura de un canal humanitario, renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y la discusión y aprobación de un nuevo cronograma electoral. El 3 de noviembre, el Movimiento estudiantil –conformado por estudiantes de diferentes casas de estudio- marchó junto a diputados opositores y sociedad civil, hasta la Nunciatura Apostólica y le presentó a Aldo Giordani sus peticiones para el proceso de diálogo: la liberación de los estudiantes encarcelados, incluido el cese a la persecución de los estudiantes a nivel nacional; la apertura de un canal humanitario para poder sopesar la escasez de alimentos y medicinas del país; y la convocatoria a elecciones que abarque la Presidencia de la República, con un CNE plenamente renovado. Ese mismo día, en rueda de prensa, el alcalde coordinador nacional del referendo revocatorio, Carlos Ocariz, hizo públicas las metas de la MUD para el 11 de noviembre: 1) compromiso de una solución electoral a la crisis de ambos bandos en corto plazo; 2) que se realicen elecciones en Amazonas en corto plazo; 3) designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral; 4) poner fin al “desacato” en el que asegura el gobierno está la Asamblea Nacional; 5) liberación de presos políticos; 6) acuerdo nacional para mejorar el abastecimiento en el país.

Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Expresidente de Colombia, desde 1994 hasta 1998. Su gestión en la presidencia estuvo marcada por el Proceso 8.000, un hecho judicial en el que se le señaló de recibir dineros provenientes del narcotráfico para su campaña presidencial. Por ese proceso judicial tuvo grandes dificultades para gobernar, pues gran parte de su periodo presidencial estuvo defendiéndose de este caso. Sólo ha militado en el Partido Liberal, y amparado por éste ocupó diferentes cargos públicos, como: senador de la República, miembro del Consejo de Bogotá, diputado de la Asamblea de Cundinamarca y ministro de Desarrollo Económico del gobierno Gaviria. Fue precandidato liberal en 1990 pero perdió esas elecciones internas con César Gaviria. Samper es abogado de la Universidad Javeriana y egresado del Colegio Gimnasio Moderno. Antes de alzarse con la presidencia de Colombia, trabajó en el sector privado con la Anif: fue presidente de esa institución financiera entre 1974 y 1981. En 1982 fue gerente de la campaña reeleccionista de Alfonso López Michelsen, elecciones que finalmente ganó el conservador Belisario Betancur. Algunos de los nombres que fueron ministros en su periodo presidencial y que después continuaron como protagonistas de la vida pública nacional son: Néstor Humberto Martínez, Horacio Serpa, Carlos Holmes Trujillo, Rodrigo Pardo, María Emma Mejía, José Antonio Ocampo, Iván Moreno Rojas, Luis Alfredo Ramos, entre otros. De sus tres hijos, el que ha desarrollado con más holgura el camino de la política es Miguel Samper Strous, viceministro de Justicia y del Derecho. A finales de octubre de 2016, en medio de una crisis económica y fuerte polarización política en Venezuela, Samper integró un proceso de diálogo para acercar a la oposición y al gobierno del país. La iniciativa del “Diálogo Nacional”, originada luego de la intervención del Papa Francisco, estuvo conformada por representantes del gobierno y la oposición venezolana, y un grupo de enviados internacionales -“acompañantes del proceso” en nombre de Unasur- entre los que se incluyeron a los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero (España), Lionel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá). El Vaticano, por su parte, asignó como emisario al arzobispo Claudio María Celli, cercano colaborador del Papa Francisco. En vísperas del inicio formal del diálogo-pautado para el 11 de noviembre-Samper hizo llegar una misiva a la delegación del gobierno venezolano, dirigida a su jefe Jorge Rodríguez, en la que señaló: "Como usted y los representantes del gobierno, al igual que los de la oposición, conocen, dentro de los parámetros que orientan el proceso acordamos las siguientes premisas: confianza en la neutralidad de la tarea y propuestas de los acompañantes, nadie se levanta de la mesa". El secretario de Unasur también estableció compromisos como el de no utilizar el diálogo con fines partidistas; "nada está acordado hasta que todo esté acordado, respeto, reconocimiento y convivencia entre las partes; la comunicación de los resultados es responsabilidad de los acompañantes", y por último, solicitó el "respeto a la soberanía de Venezuela". Asimismo, invitó a los representantes del gobierno y la oposición a no crear falsas expectativas en relación con los resultados del diálogo y puso de relieve los logros que había tenido el encuentro desde la reunión plenaria del 30 de octubre, como la constitución de las cuatro mesas temáticas y los puntos a abordar en cada una de ellas. Al respecto, Chuo Torrealba, Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad (Mud), respondió a la misiva con un comunicado en el que destacaba que el rol que tienen los acompañantes del proceso es el de "ayudar a los venezolanos a crear las condiciones para que sea el pueblo el que decida, a través del voto, cual “expectativa” es la que habrá de cumplirse" y rechazó el que el Secretario de Unasur “en su amable comunicación no haya dedicado ni una línea a condenar la grave transgresión perpetrada por el régimen que preside el señor Maduro Moros a la premisa de respeto, reconocimiento y convivencia entre las partes”. Entre las expectativas de la oposición para el encuentro se destacaban el anuncio de elecciones presidenciales adelantadas, la liberación de quienes consideran presos políticos y el respeto al poder legislativo, de mayoría opositora. De no haber respuesta, se levantaría de la mesa de diálogo. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro había solicitado a los miembros de la MUD a no "darle un ultimátum al diálogo", no generar "falsas expectativas", al tiempo que advertía que "la revolución continuará", que era "irreversible" y que no saldría de la sede del gobierno "ni con votos ni con balas". El 7 de septiembre de 2018, el expresidente colombiano declaró que está preocupado por un posible escenario de guerra entre su país y Venezuela, reseñó El Nacional. "“No hay una sola comunicación entre los dos gobiernos y me preocupa que se cree un escenario de guerra. Tengo evidencia de que los crímenes en las fronteras con Venezuela están aumentando. El gobierno debe establecer un mínimo de comunicación porque la situación en Venezuela se podría complicar”, afirmó Samper. Asimismo, aseguró que que los temas de Venezuela se pueden solucionar con una intervención económica, porque la situación es, a su juicio, realmente crítica.

Juez del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del estado Carabobo. Es abogado con especialización en Derecho Penal, y fue quien firmó la sentencia que anuló la recolección de 1% de las firmas en Carabobo, primera etapa para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. También dictó la medida que prohíbe la salida del país a 11 dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que participaron en la recolección de firmas en los estados Apure, Aragua, Carabobo y Bolívar, entre ellos el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba y el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski. El 16 de octubre de 2016, el gobernador de Carabobo y una de las cabecillas del partido de goiberno, Francisco Ameliach, advirtieron que introducirían un recurso ante la corte para intentar anular este proceso. Tan sólo días después, Toredit Rojas firmaba la sentencia y ordenaba anular todos los efectos de ese proceso en Carabobo. Toredit Rojas egresó de la Universidad Central de Venezuela y su especialización en Derecho Penal fue emitida por la Universidad de Carabobo. De acuerdo con su resumen curricular publicado en la página del Tribunal Supremo de Justicia, a partir de 2004 ha sido juez de los tribunales segundo, tercero y quinto de Control y Ejecución de la entidad. En 2010, falló a favor del entonces alcalde de Valencia, Edgardo Parra, en una demanda que él introdujo contra el columnista de El Carabobeño, Francisco Pérez, por difamación e injuria, luego de que, en una serie de artículos, Pérez afirmara que la familia de Parra se había beneficiado financieramente de su posición en la alcaldía. El columnista fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión más una multa de 1.450 Unidades Tributarias y fue inhabilitado para ejercer su profesión. En ese momento, la ONG Espacio Público rechazó la sentencia como “contraria al derecho internacional de los derechos humanos”. Parra luego terminaría preso y su hijo huyó del país en medio de una investigación por corrupción en la Alcaldía de Valencia.