Francisco Torrealba - Resultados de la búsqueda

Líder de una de las cuatro bandas armadas que controlan la minería ilegal en los municipios del sur del estado Bolívar. Su nombre es Jamilton Andrés Ulloa Suárez y es el responsable de la desaparición de al menos 21 mineros en Tumeremo, municipio Sifontes, estado Bolívar, de acuerdo con las indagaciones del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, a cargo de Gustavo González López, quien explicó que el hombre es el “actual cabecilla de una organización criminal de corte paramilitar con fines políticos”. Ulloa Suárez controla la mina Hoja e’ Lata en el municipio Sifontes y otras cercanas en la misma jurisdicción, escribió el periodista Germán Dam en un trabajo publicado en coordinación de Runrun.es, El Pitazo y Correo del Caroní. Es de origen ecuatoriano, nativo de Santo Domingo de los Colorados, y según el ministro ingresó a Venezuela en 2002 por San Antonio del Táchira. Años después, con un Certificado de Regularización falso obtuvo la cédula de identidad venezolana con el número E-84.034.597. Se presume que el hombre, que los habitantes de Tumeremo -aseguran- tiene acento colombiano, recibió entrenamiento paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “‘El Topo’ fue quien trajo al sur (de Bolívar) la práctica de picar personas con motosierras…A los muertos los pican y se los lanzan a los cochinos o a unas babas. Sino, los lanzan a pozos que ya no usan y ahí se quedan”, contaron pobladores de Tumeremo. Ulloa Suárez es conocido también con el seudónimo de “El Don” y, de acuerdo con la ficha de búsqueda del Ministerio de Interior, es de piel morena, cabello negro, 1.72 metros de estatura y más de 100 kilos de peso. Se presume que el enfrentamiento del viernes 04 de marzo, que desencadenó en la desaparición de al menos 21 mineros de Tumeremo, fue planeado por “el Topo” en rechazo al intento de otro líder de banda, “el Gordo”, de armar un sindicato minero para tomar control de la mina Atenas y Tumeremo. “Ulloa Suarez ha sido identificado plenamente. Seremos implacables para desmantelar esta red de violencia paramilitar”, escribió el ministro González López en su cuenta de Twitter. El ecuatoriano había sido detenido el 14 de julio de 2012 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Amazonas, luego de que un motorizado denunciara que le dispararon mientras transitaba por la avenida Perimetral de Puerto Ayacucho, capital de la entidad. Entonces, fue imputado –junto a su esposa Nancy América Guevara- por homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en grado de frustración; legitimación de capitales y ocultamiento de arma de fuego y municiones, cargos que fueron rebajándose hasta que en 2013 se realizó una audiencia en la que admitieron los hechos y se les suspendió el proceso penal en su contra. En principio se creía que el alias “El Topo” correspondía a Hendry Norberto Bonalde, otro delincuente de la entidad. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz informó que se emitió una orden de captura contra "El Topo", así como otros tres presuntos involucrados, entre ellos Rosa Zoraida Gil Salazar, detenida por estar presuntamente involucrada con la desaparición de los mineros. El 6 de mayo de 2016 habría sido abatido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) al sur de Bolívar, según la periodista Pableysa Ostos.

Ex ministro de Comercio Nacional, cargo que ocupó entre el 27 de agosto de 2018 y el 21 de octubre de 2019. Encargado del vértice de Sistema de Costos, Rendimiento y Precios, designado el 18 de julio de 2016 por Nicolás Maduro en el marco de la reunión con la vicepresidencia económica en la que se nombraron los siete vértices de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.

La MUD es una organización política que reúne a una serie de partidos políticos y movimientos ciudadanos opositores al chavismo. A partir de las elecciones regionales de 2008, esta alianza se ha posicionado como la segunda fuerza política más votada, sólo superada por el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). El 21 de agosto de 2017 la organización dio a conocer que realizará elecciones primarias el 10 de septiembre. “Ese día se harán primarias en 20 estados del país y se instalará un centro de votación por cada parroquia”, indicó en rueda de prensa Francisco Castro, presidente de la Comisión de Primarias. El 18 de enero de 2018 Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, dio conocer que este partido deberá renovarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). El 26 de enero de 2018 se dio a conocer que la tarjeta de la MUD quedará anulada como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que se impide participar en el proceso de renovación pautado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para este 27 y 28 de enero. El 21 de febrero, con la difusión de un comunicado, anunciaron que no participarán en las elecciones presidenciales por considerar que hay carencias en las garantías del proceso. “El evento prematuro y sin condiciones que se anuncia para el próximo 22 de abril es solo un show del propio gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene”, se indicó. El 29 de junio de 2021, el CNE anunció que habilitaron la tarjeta de la MUD, la cual permanecía inhabilitada desde 2018 por una sentencia del TSJ. Actualmente la tarjeta de la coalición tiene como representante legal a José Luis Cartaya, quien se desempeñó como segundo secretario de la AN/2015. Además, la directiva de la MUD está integrada por Ramón José Medina, Luis Aparicio, Oscar Barreto y Edmundo González.

Ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, destituido el 14 de enero de 2016, días después de salir de su cargo de tesorero nacional. En el año 2011 fue incluido en la lista de más de 18 funcionarios que ingresaron irregularmente a la nómina de la Asamblea Nacional presuntamente favorecidos por su parentesco con la ex presidenta del Parlamento, Cilia Flores, él desempeñando el cargo de administrador III, al mismo tiempo que director de Administración en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ocupó cargos en la Cancillería y la Vicepresidencia de la República. Bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, también se ha desempeñado como comisionado presidencial para Asuntos Económicos y Financieros, y subtesorero de la Oficina Nacional del Tesoro. El 30 de marzo de 2018 fue sancionado por el gobierno de Panamá por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.