Luisa Ortega Díaz

Fue designada como Fiscal General de la República para el período 2007-2014.  Se desempeñó en 1999 como Consultora Jurídica de Venezolana de Televisión durante la presidencia de Mari Pili Hernández y en abril de 2002 ingresó al Ministerio Público como fiscal de procesos, de la mano del entonces fiscal general, Isaías Rodríguez, a quién conoció en Maracay, cuando ambos acompañaron la lucha de los trabajadores de la industria textil del estado Aragua.

Es abogada egresada de la Universidad de Carabobo (UC), en cuyos años de estudiante militó en el grupo Ruptura, un frente abierto del Partido de la Revolución Venezolana, fundado por el dirigente político y ex guerrillero Douglas Bravo. Se graduó de Doctora en Ciencias Jurídicas, mención Derecho Constitucional, en la Universidad Santa María y obtuvo una especialización en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello y otra en Derecho Penal en la Universidad Santa María.

Antes de ser nombrada como fiscal general, estuvo al frente de la Fiscalía sexta con competencia nacional, donde asumió buena parte de los casos emblemáticos que inició el fiscal Danilo Anderson, antes de ser asesinado. Entre ellos destaca el de los firmantes del decreto de Pedro Carmona; la acusación contra Carlos Ortega y otros de los líderes del paro de diciembre de 2002 y enero de 2003; la investigación contra la organización no gubernamental Súmate por haber recibido fondos del extranjero y la acusación contra los ex comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y otros ocho funcionarios de la Policía Metropolitana por el caso del 11 de abril, a quienes se les dictó sentencia condenatoria.

 Elección cuestionada

 Ortega Díaz llegó a ser la directora de Actuación Procesal del Ministerio Público, cargo del que se separó en noviembre de 2007 para integrar la lista de postulaciones de la que salió electa como Fiscal General de la República. Su designación, sin embargo, causó críticas en el Foro Penal Venezolano y otras organizaciones no gubernamentales, cuyos voceros reclamaron violaciones al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, por no haber convocado a un proceso público con representantes de diversos sectores de la sociedad civil.

El padre José Palmar y el periodista Leocenis García también rechazaron su designación, tras advertir que aun siendo la representante jurídica de Multiconsumos Mónaco, una de las empresas involucradas en los señalamientos contra el ex gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuitt, no se inhibió como cabría suponer ante el conflicto de intereses y asumió la investigación como fiscal. «Con este hecho, ella violó el artículo 58 de la Ley contra la Corrupción y tenemos, además, pruebas de lo que estamos presentando», dijo García.

Al postularla en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, el diputado Mario Isea, del entonces Movimiento Quinta República (MVR), expresó que “tiene valentía demostrada (…) (en) el sabotaje petrolero (…) porque supo defender los intereses de la patria”.

Casos de torturas y homicidios

En el acto de juramentación, celebrado el 21 de diciembre de 2007, Ortega Díaz afirmó que estaría abierta al diálogo con todos los venezolanos. “Juro ante Dios, juro en nombre de nuestra Constitución que seremos justos, equitativos, respetuosos de la garantía del debido proceso, de la dignidad humana y muy especialmente de los derechos humanos; pero también seremos, sin duda, celosos, cuidadores de la moral administrativa y de la ética pública como atribuciones fundamentales de su proceder”, dijo en esa oportunidad.

El Foro Penal Venezolano se reunió con representantes de la Fiscalía General de la República para denunciar 40 casos de torturas y tratos degradantes, atribuidos a funcionarios policiales y de la fuerza pública, en su actuación para contener la ola de protestas que sacudieron a varias ciudades del país entre febrero y marzo de 2014.

El 18 de febrero de 2014, como resultado de los daños al Ministerio Público ocasionados durante las protestas 6 días atrás, el líder opositor Leopoldo López fue solicitado por la justicia venezolana para responder a estas acusaciones. Desde que inició su juicio el 23 de julio hasta septiembre del mismo año, su audiencia ha sido diferida en cinco ocasiones distintas. La esposa de López, Lilian Tintori, y varios dirigentes de oposición han afirmado que su privativa de libertad se trata de un caso político.

A pesar de esto, y de que el 11 de septiembre se determinó que durante los hechos violentos del 12 de febrero no hubo incendio en la sede del Ministerio Público, durante una entrevista en Venevisión la fiscal general de la República afirmó que en Venezuela no hay procesados por casos políticos y que todos los presos obedecen a «delitos comunes». Del mismo modo, Ortega declaró que considera su gestión como una administración «transformadora», que fortaleció a la Fiscalía. En diciembre de 2014, sin emabrgo, fue incluida en la lista de sancionados por el gobierno de Estados Unidos por los casos de violación de derechos humanos en las protestas.

El 22 de diciembre fue designada por la mayoría simple de la Asamblea Nacional para repetir en el cargo.

Destitución 

Un artículo publicado por El Nacional el 4 de mayo de 2017 indica: “La fiscal general Luisa Ortega Díaz, bajo presión por criticar al gobierno que sirve, en una entrevista a The Wall Street Journal, condenó la represión contra los manifestantes, denunció la inflación estratosférica en el país y alabó la Constitución que el presidente Nicolás Maduro se propone eliminar”.

Días después, el 17 de mayo de ese año, la fiscal le hizo llegar una carta a Elías Jaua, quien fue designado para presidir la comisión presidencial de la Constituyente, en donde señalaba que una nueva Carta Magna generaría incertidumbre y desconfianza en lugar de coayudar a la “reconciliación nacional”. “Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución”, señala el texto, reseñado por el diario El Nacional, y que fue filtrado y difundido por las redes sociales.

Durante una rueda de prensa realizada el 24 de mayo de 2017 desmintió las declaraciones hechas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, al decir que la muerte de Juan Pernalete -joven que perdió la vida en mayo durante la jornada de protestas opositoras- “se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. El fue impactado por una bomba lacrimógena”.

El 28 de junio de 2017 en una rueda de prensa dijo que la Asamblea Nacional no se encuentra en desacato como lo definió el TSJ. “Eso no existe. Quienes son ilegítimos son los magistrados del TSJ, que no aguantan una auditoría”, aseguró.

El 3 de julio de 2017 expresó en un video difundido por el Ministerio Público que rendirse no es una opción ante las personas que pretenden adueñarse del país y “gobernar sobre ruinas”. Dijo que el artículo 333 de la Constitución indica que los ciudadanos tomando o no la figura de autoridad tienen que colaborar con el restablecimiento de su vigencia. “Por esto llamo a los que amamos esta patria, a quienes la sentimos, a quienes queremos calidad de vida, a quienes quieran que sus familia vuelvan a unirse y a quienes quieren que sus hijos regresen al país con oportunidades a defender pacíficamente y sin violencia lo que por derecho nos corresponde”, aclaró.

“(1) Denunciamos la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el TSJ de ingresar al Ministerio Público (2)Responsabilizo al Sebin y a la GNB de cualquier situación irregular que ocurra contra la sede y sus funcionarios”, escribió el 6 de julio de 2017 en su cuenta oficial de Twitter.

Durante una rueda de prensa el 31 de julio de 2017, un día después de la realización de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente -en la que Tibisay Lucena anunció 8.809.320 de votos recolectados- anunció su desconocimiento de los resultados. “Me dirijo al país en mi posición de fiscal general y miembro del Consejo Moral Republicano para desconocer los presuntos resultados de esa constituyente presidencial”, indicó.

En una entrevista hecha por CNN el 2 de agosto de 2017 aseguró que su actitud con la situación del país siempre ha sido la misma. “Yo no he cambiado, siempre he sido la misma. Quienes han cambiado son otros. Revisen mi postura desde que fui designada fiscal general y verán que siempre he mantenido la misma posición. Creo que los que cambiaron son otros”, indicó.

El 18 de agosto de 2017 se dio a conocer por un comunicado de Migraciones de Colombia que Ortega Díaz llegó en compañía de su esposo, Germán Ferrer, a este país, luego de que la Asamblea Nacional Constituyente destituyera de su cargo y amenazara con apresarla por supuestas irregularidades.

El 22 de agosto Maduro de 2017 solicitó a Interpol una orden de captura contra Ortega Díaz y su esposo Ferrer. Un día después, Ortega llegó a Brasil, país donde asistirá a la cumbre de fiscales del Mercosur. Según una información emitida por medios de comunicación brasileros hablará de Odebrecht, de la corrupción en Venezuela y su situación.

El 4 de septiembre de 2017, acusó a Tarek William Saab de inventar delitos en su contra y aseguró que no ha recibido ningún tipo de financiamiento por parte de Estados Unidos.

El 16 de noviembre de 2017 denunció a Nicolás Maduro ante La Haya y aseguró tener más de 1.000 elementos probatorios de lesa humanidad cometidos desde 2015 hasta junio de 2017.

El 19 de febrero de 2018, durante un video transmitido en vivo por su cuenta Twitter, solicitó la captura internacional de Nicolás Maduro por el caso Odebrecht.

El 23 de marzo de 2018 fue acusada por Walid Makled de tener conocimiento en casos de narcotráfico y venta de arma de largo alcance a grupos subversivos en Colombia. Aseguró que, a pesar de tener este conocimiento, nunca procedió.

El 5 de noviembre de 2018, Ortega Díaz escribió a través de su cuenta en la red social Twitter: “He enviado una comunicación a la Procuraduría General de México para que nos informen sobre los términos del acuerdo reparatorio que anunciaron en el caso de los CLAP”. La otrora fiscal general, aseguró que el organismo mexicano dejó en evidencia un supuesto complot con funcionarios venezolanos, por lo que solicitó la información de los resultados de la reunión.

El 25 de octubre de 2021, hizo público que el 13 de octubre inició trámites para solicitar protección internacional al Gobierno de España.

De acuerdo con una nota de El Pitazo, publicada el 9 de mayo de 2022, Ortega Díaz denunció la existencia de una presunta trama de corrupción que involucra a Iris Varela, diputada de la AN/6D, y a Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro. 

Ortega Díaz dijo que en 2016 empezó a investigar la asignación que hizo Varela a la empresa Constructora Cresmo para la construcción de una cárcel con un monto de 45 millones de dólares.“Nunca fue devuelto el dinero y nunca se construyó la obra”, aseguró la exfiscal del chavismo.