Franklin Nieves

Fraklin Eduardo Nieves Capace era fiscal provisorio 41° nacional del Ministerio Público con competencia plena y uno de los responsables de la sentencia contra el político opositor Leopoldo López a 13 años de cárcel por los sucesos en la sede de la Fiscalía el 12 de febrero de 2014.

Nieves Capace era hasta el lunes 26 de octubre, cuando la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz anunció su destitución, uno de los fiscales con más trayectoria dentro del Ministerio Público. Estudió Derecho en la Universidad Santa María, en Caracas, y una nota en el diario El Nacional recoge su testimonio, a propósito del juicio que conducía contra López, en el que especificaba que ya llevaba, más o menos, 20 años de labor en los tribunales. “Este caso es un castigo para mí. Yo estaba tramitando mi jubilación después de casi 20 años de servicio al Ministerio Público y me echan encima este paquete”.

Nieves, no obstante, tenía experiencia en casos polémicos. Para 2005, de hecho, cuando figuraba como fiscal 125° nacional, llevó el juicio por la llamada “masacre de Kennedy”, acontecida en el oeste de Caracas, en la que murieron tres estudiantes universitarios a manos de funcionarios policiales.

Fue uno de los responsables de llevar el caso contra el periodista y presidente del grupo 6to Poder, Leocenis García, acusado en 2013 de legimitación de capitales. Este no era el primer proceso contra García, pues en 2011 había sido procesado por “instigación pública al odio” luego de publicar una imagen de las principales dirigentes de los Poderes del Estado como títeres del presidente Hugo Chávez. En 2013, fue detenido abruptamente por agentes de la División de Inteligencia Militar (DIM) y, luego de establecerse los cargos de evasión fiscal y legitimación capitales, se determinó que su juicio continuaría en libertad. Sin embargo, en marzo de 2015, fue capturado nuevamente, esa vez por hombres armados, vestidos de civiles. Se conoció más tarde que se le había revocado la medida sustitutiva de libertad. García fue uno de los primeros en alertar, a través de Twitter, la fuga de Nieves del país.

A criterio del abogado constitucionalista, Jesús Silva, en el portal Aporrea.org, este nuevo episodio en la historia del Ministerio Público se debe a que “ninguna institución está libre de traidores como Nieves, el problema es que la Fiscalía está llena de ellos y muchos tienen puestos claves”. Prueba de ello, asoma en el texto, es el hecho de que la propia institución o su Dirección de Revisión y Doctrina, acusó a Leopoldo López únicamente por daños materiales pero no por la muerte de personas.

Durante el proceso contra López, Nieves a menudo fue implacable. Según la misma nota, las afirmaciones del fiscal sobre la culpabilidad de López eran “inclementes”, insistía en que las muertes del estudiante Bassil DaCosta y del líder de un colectivo, Juan Montoya, eran directa responsabilidad del dirigente político y se llegó a referir a la resolución del grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas -que solicitaba la “inmediata liberación” de López por considerar que habían sido vulnerados sus derechos a una legítima defensa- como un “copy and paste” de resoluciones similares de instancias internacionales contra Venezuela.

En efecto, luego de su refutación, la jueza 28 de juicio, Susana Barreiros, encargada del proceso, negó la solicitud de la defensa por considerar que la resolución no era vinculante.

Según denuncias posteriores, el juicio no siguió el debido proceso. La jueza negó durante 19 meses la presentación de pruebas a la defensa de López a la vez que, en palabas de la periodista Thabata Molina, la Fiscalía promovía testigos que favorecían al propio López. Entre ellos, dos muchachos que admitieron haber incendiado patrullas del Cicpc por voluntad propia y sin seguir órdenes de nadie; y dos expertos en criminalística que afirmaron que no hubo incendio en la institución. Los cargos promovidos por Nieves y Narda Sanabria, fiscal 2° nacional, y la otra encargada de acusar a Leopoldo López, eran instigación pública, asociación para delinquir y, precisamente, daños e incendios a la sede del MP.

El énfasis de las acusaciones estuvo en los señalamientos de dos expertos en análisis del discurso que manifestaron que los pronunciamientos públicos de López indujeron la violencia en las calles. Sin embargo, en un video promovido por la defensa y que la jueza no admitió como evidencia, se podía ver a un López, rodeado por sus seguidores frente a la Fiscalía, pidiéndoles “no caer en provocaciones”.

En las deposiciones finales del juicio, Nieves y Sanabria afirmaron haber probado la culpabilidad del dirigente político y solicitaron para él la pena que, más tarde, fue impuesta por Barreiros: 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de cárcel.

El lunes 19 de octubre de 2015, un mes después de conocida la sentencia contra el dirigente político, Nieves se fugó del país. Se pudo conocer días después que el fiscal huyó a Aruba, donde habría pactado con la DEA y el FBI para entregar documentos relativos a varios casos, entre ellos evidencias que exculparían a López, así como pruebas de presiones ejercidas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz; a cambio de protección como testigo.

Según el periodista Nelson Bocaranda Sardi, la fiscal Ortega Díaz sería la más preocupada por la huida del fiscal. El viernes 23 de octubre, Nieves filtró un video en el que admitía, en efecto, haber recibido presiones de sus “superiores jerárquicos” durante el caso de López y en el que alentaba a los demás fiscales y jueces que pasaran por una situación similar a denunciarlo.

De acuerdo con Bocaranda, Nieves era uno de los fiscales de confianza del director de Delitos Comunes del Ministerio Público, Nelson Mejía Durán, y de la propia fiscal, Ortega Díaz. E, inclusive, ésta misma le habría confesado sobre su reciente enemistad con la primera dama, Cilia Flores, “tras haber sido reelecta en la FGR contra la voluntad de “la primera combatiente” cuya candidata era su comadre la magistrada Miriam del Valle Morandy Mijares”.

La posterior llegada a EEUU del fiscal supone un escenario parecido al del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, quien tras salir del país en 2012, admitió haber forjado evidencias para enjuiciar al ex candidato presidencial Manuel Rosales. Para la ONG Venezuela Awareness, el fiscal "afirma ser supuestamente una víctima", sin embargo, esperan que sus “delitos” sean suficientes para no permitirle quedarse en ese país.

Tres días después de filtrado el video, la propia Ortega Díaz informó que Nieves había sido destituido de su cargo como fiscal y confirmó que su vivienda había sido allanada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Sobre sus declaraciones, la fiscal negó cada palabra y advirtió, más bien, que había sido Nieves quien “cedió a presiones de factores nacionales e internacionales”.