Katherine Haringhton

Katherine Nayarith Harrington Padrón fue la vicefiscal general de la República, según la designación del Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) el 4 de julio de 2017.

Harrington tiene una trayectoria polémica en el Ministerio Público: en su currrículum destaca su participación en las causas en contra de la líder opositora del partido Vente Venezuela y ex diputada, María Corina Machado, y el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, entre otros dirigentes. En 2015 fue sancionada por el gobierno estadounidense, que le revocó la visa y congeló sus bienes en ese país.

Es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Fue fiscal 20 provisoria del Ministerio Público en Delitos Comunes y con competencia nacional. Ingresó al Poder Ciudadano en 1994 y estuvo a cargo de la investigación contra la exdiputada María Corina Machado, a quien señalaron de planificar acciones en contra de Nicolás Maduro y cuyas evidencias fueron varios correos electrónicos de su presunta autoría.

Además del caso de Machado, Harrington también llevó las averiguaciones contra varios personajes de la vida pública y política como el exgobernador de Carabobo, Henrique Salas Romer, y el profesor Gustavo Tarre.

El exdiputado Walter Márquez, en declaraciones al diario El Nacional en 2014 aseguró que el Gobierno nacional utilizaba entonces a la Fiscalía para criminalizar a sus adversarios políticos y tomó el ejemplo de Harrington, quien ordenó la imputación contra Tamara Sujú, de la organización no gubernamental Foro Penal.

Harrington también llevó el caso de Yendry Sánchez, detenido por interrumpir la alocución del presidente Nicolás Maduro durante su toma de posesión en 2013; imputó al presidente de la organización Un Mundo sin Mordaza, Juan Rodrigo Diamante, y ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a que interceptara las líneas telefónicas de María Corina Machado.

En 2010 solicitó que los tribunales agilizaran la extradición de Nelson Mezerhane, ex propietario Globovisión y, cuatro años más tarde, pidió expropiar el Centro Turístico Perla Mar, situado en Margarita -estado Nueva Esparta-, cuyo dueño estaba vinculado con la oposición venezolana. Entre otras cosas, el diputado la señaló de actuar en el caso de la jueza María Lourdes Afiuni y de ordenar el allanamiento de Ana María Abreu, cuñada de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.

En marzo de 2015 tuvo lugar uno de los episodios más polémicos de Harrignton. Fue sancionada con congelación de bienes y prohibición de entrada al país (revocación de su visa) por el gobierno de Estados Unidos, en el marco de la orden ejecutiva que el entonces presidente Barack Obama tomó contra siete funcionarios públicos venezolanos. Entre ellos estaban el mayor general de la Guardia Nacional y entonces director del Sebin, Antonio Benavides Torres y Gustavo González López respectivamente (ambos citados en calidad de imputados este año por el Ministerio Público). Harrington era la única civil del grupo.

Pero ese fue no fue el final. Un mes después de las sanciones, y a pesar de que Nicolás Maduro declaró públicamente no conocerla, la nombró viceministra del Sistema de Investigación Penal, adscrita al Ministerio de Interior y Justicia, el 7 de abril de 2015. Harrington ocupó el cargo hasta el 28 de septiembre de 2016. Su salida fue silenciosa y su nombre no volvió a la palestra pública hasta que el TSJ, justificándose en el presunto desacato de la Asamblea Nacional, anuló la designación de Rafael González, cercano de Luisa Ortega Díaz, y la nombró en su lugar.

El 6 de julio de 2017 intentó ingresar al TSJ, pero el acceso no le fue permitido. Un día después, el 7 de julio, se dio a conocer por periodistas en Twitter que fue desalojada de la sede del Ministerio Público por ingresar en la maleta de un carro que pertenece a la fiscal 2° Narda Dianette Sanabria Bernatte, quien acusó al dirigente opositor Leopoldo López. El 13 de julio de 2017, se le negó la entrada a la reunión extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

El 30 de marzo de 2018, fue sancionada por el gobierno de Panamá por ser considerada de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tres meses después, el 25 de junio, fue sancionada por la Unión Europea y se le prohibió viajar a este territorio comunitario. También se activó la congelación de los bienes que puedan tener en la organización.

El 15 de abril de 2019 Harrington fue sancionado por el gobierno de Canadá, junto a otros 42 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo a declaraciones de la ministra de relaciones exteriores canadiense, Chrystia Freeland, los funcionarios están siendo sancionados porque “están directamente implicados en actividades que socavan las instituciones democráticas”.

Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de que los funcionarios señalados realicen negocios o se les proporcionen servicios financieros o servicios relacionados en Canadá.

El 7 de agosto de 2019 el gobierno de Suiza sumó a su lista de sancionados a 18 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por “por violar los derechos humanos y socavar el estado de derecho y las instituciones democráticas”. Entre los sancionados figura el nombre de Harrington.

Su nombre figura entre los 18 funcionarios del gobierno de Maduro sancionados por la Unión Europea. Las medidas de la UE implican a prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de los bienes “por haber vulnerado los principios democráticos, el estado de derecho y la democracia”.

Su nombre figura entre los 25 funcionarios del gobierno de Maduro sancionados por el gobierno de Suiza el 11 de octubre de 2019.