Fue presidente de la comisión para la reestructuración de Telesur, designado el 17 de abril de 2021 por Juan Guaidó. Fue director del despacho del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Marrero es militante del partido Voluntad Popular. Es abogado e integró la defensa del dirigente opositor Leopoldo López. Se desempeñó como miembro y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento del Consejo Municipal de Baruta, estado Miranda.
Perfil
Roberto Eugenio Marrero Rojas, es conocido por ser el abogado que integró la defensa del líder del partido Voluntad Popular (VP), y dirigente opositor, Leopoldo López. Se ha desempeñado como miembro y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento del Consejo Municipal de Baruta, estado Miranda.
Nació en Caracas. Es egresado de la Universidad Santa María (USM) y fundador de la cátedra de Derechos Humanos de esa casa de estudios. Además, tiene una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, en España.
Fue concejal del municipio Baruta. En 2015 fue candidato suplente por el Circuito 1 del estado Lara para la Asamblea Nacional (AN), pero en octubre de ese año cedió su candidatura al partido socialcristiano Copei. En diciembre -pocos días antes de los comicios- la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) emitió un comunicado para exigir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara la candidatura de Marrero a diputado lista del estado Monagas en sustitución del anterior candidato de VP, Carlos Vecchio, inhabilitado por el ente electoral.
El 6 de diciembre de 2015, Marrero fue electo diputado de la Unidad y en 2016 fue secretario del Parlamento, durante la presidencia del diputado Henry Ramos Allup.
Marrero, designado director del despacho del presidente encargado, es hombre de confianza y compañero de partido político de Juan Guaidó. De hecho, fue quien acompañó al presidente encargado durante su gira por América Latina.
La detención
La madrugada del 21 de marzo de 2019 su nombre saltó la palestra pública cuando un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), allanaron su vivienda y se lo llevaron detenido. Antes de ser apresado, Marrero denunció que los funcionarios le sembraron dos fusiles y una granada durante el procedimiento.
A las 7:00 p.m. de ese día, el Ministerio Público informó, a través de una nota de prensa, que presuntamente Marrero estaría vinculado con el presunto intento de magnicidio perpetrado el 4 de agosto de 2018 en contra de Nicolás Maduro.
“Marrero Rojas se encuentra investigado por su presunta vinculación con delitos que implican la violación del orden constitucional y la promoción del terrorismo y la violencia, incluyendo el intento de magnicidio al Jefe del Estado”, dice la nota prensa, según reseñó Efecto Cocuyo.
El ministro de Interior, Justicia y Paz del gobierno de Maduro, Néstor Reverol, señaló a Marrero de estar al frente de una presunta “célula terrorista” que fue desmantelada por funcionarios del Sebin.
Tras la detención de Marrero, calificado como “secuestro” por el presidente encargado, distintos voceros de la comunidad internacional como el presidente colombiano, Iván Duque; el presidente de Panamá, Juan Carlos Valera; el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence; el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero; el secretario nacional de la OEA, Luis Almagro; el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Néstor Popolizio; el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Faurie, el Grupo de Lima, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea, entre otros, fijaron su posición e instaron al gobierno de Maduro a liberar al dirigente.
El 29 de marzo de 2019 el Tribunal Primero de Control dictó medida privativa de libertad a Marrero luego de una semana de detención, el abogado fue imputado por los delitos de conspiración, asociación para delinquir, ocultamiento de armas y municiones y legitimación de capitales, según informó su abogado, Joel García.
Además, García añadió que los dos delitos motivo de la orden de aprehensión contra el director del Despacho: traición a la patria y usurpación de funciones, fueron desestimados por la jueza.
El 18 de junio de 2019 el Tribunal de Control de Caracas decidió, tras la audiencia preliminar del día anterior, mantener la privativa de libertad de forma preventiva y ordenó el pase a juicio de Roberto Marrero, por la supuesta comisión de legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración.
El 21 de noviembre de 2019 Joel García, el abogado defensor de Marrero, anunció que el inicio de juicio del jefe del Despacho del presidente (E), será el próximo 4 de diciembre de 2019.
El 31 de agosto de 2020 Jorge Rodríguez, entonces ministro de Comunicación del gobierno de Maduro, anunció un “indulto” presidencial que dejó en libertad a un centenar de presos políticos, dirigentes que se encuentran en el exilio y diputados a quiénes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les había removido su inmunidad parlamentaria para iniciar procedimientos judiciales. La medida, que fue anunciada por televisión nacional, pero hasta la fecha no figura en un decreto, fue tomada tras negociaciones con un sector de la oposición venezolana encabezado por Henrique Capriles, de cara a las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Entre los beneficiados con el “indulto” se encuentra Marrero, quien permanecía privado de libertad desde 21 de marzo de 2019.
El 21 de octubre de 2022, de acuerdo con una reseña de Analática, Marrero anunció su renuncia a Voluntad Popular. “Hoy mi partido, las siglas y símbolos de Voluntad Popular los tiene Maduro, tiene más lógica una coalición de todos los factores en un frente común, como lo fue la junta patriótica (…) Mientras estemos en dictadura hay que militar en la unidad y quitarnos la carga ideológica partidista, ya en democracia volveremos a la militancia ideológica”, dijo.
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