Gladys Gutiérrez

En mayo de 2013 se convirtió en la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, luego de una carrera en la administración pública en diferentes cargos del gobierno del ex presidente Hugo Chávez. Comenzó en el Palacio de Miraflores, donde fue directora-jefa de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros, hasta que en el año 2000 fue designada como ministra consejera de Venezuela en España y más tarde cónsul en Madrid, ciudad en la que ya había cursado un doctorado en el Departamento de Derecho Público de la Universidad Complutense.

En diciembre de 2002 fue nombrada como embajadora de Venezuela en España luego de que el general del Ejército y ex ministro de la Defensa, Raúl Salazar, abandonara la misión tras condenar la represión de la marcha opositora que sirvió de trasfondo del golpe de Estado del 11 de abril. Desde entonces Gutiérrez se encargó de la embajada, donde demostró fidelidad a Chávez y su gobierno.

“Con Chávez, los excluidos sienten que forman parte de la sociedad y que se les toma en cuenta”, declaró el 13 de septiembre desde Madrid en calidad de embajadora. “En Venezuela existe una oposición que durante 40 años se ha mantenido en el poder bajo un sistema bipartidista y que no está acostumbrada, tras muchas violaciones del Estado de derecho, a responder de sus actuaciones en la vida pública ni a una nueva cultura política de responsabilidad”, agregó.

ABOGADA DEL GOBIERNO

Ya de vuelta en Caracas, en marzo de 2006 sustituyó a Marisol Plaza como Procuradora General de la República y desde ese cargo formó parte de la comisión presidencial que dirigió la entonces diputada Cilia Flores, que permitió darle curso al proyecto de reforma constitucional que, finalmente, el electorado venezolano rechazó en diciembre de 2007.

Gutiérrez se mantuvo al frente de la Procuraduría General de la República durante cuatro años, hasta el 9 de diciembre de 2010, cuando fue juramentada -junto a otros ocho abogados- como integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La magistrada nació en Punto Fijo -estado Falcón, al noroeste del país-, pero los primeros pasos de su carrera están ligados al estado Nueva Esparta, en el oriente venezolano. Aunque se graduó en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, se inició como secretaria en los tribunales civiles de la isla de Margarita, donde primero pasó a ser jueza y más tarde se incorporó a las filas del Movimiento V República (MVR), la plataforma que condujo a Chávez hasta el Palacio de Miraflores.

Apoyada con la tarjeta del MVR, en 1998 perdió dos elecciones seguidas, en la primera se presentó como candidata a la Gobernación de Nueva Esparta y en la segunda como aspirante a un curul en el extinto Congreso de la República. En 2005, de cualquier modo, consiguió un escaño en la Asamblea Nacional como diputada suplente de Ibrahín Velázquez, quien luego fue alcalde del municipio Marcano de Nueva Esparta para el período 2009-2013.

ASESORA LEGAL DE LAS COMUNAS

Antes de convertirse en la máxima representante del TSJ, a principios de 2011 fue designada como representante del Poder Judicial ante la “Misión Justicia Socialista”, iniciativa lanzada por el ex presidente Hugo Chávez, cuyo objetivo era facilitar asistencia legal a consejos comunales, comunas y ciudadanos en general.

Aunque siempre se ha mantenido en altos cargos, los archivos hemerográficos dejan claro que la magistrada Gladys Gutiérrez no es de las figuras que suelen declarar en los medios de comunicación. “Los jueces hablan mediante sus sentencias”, dijo el 8 de mayo de 2013 en su primera rueda de prensa como presidenta del TSJ. En 2011 su nombre sonaba para presidir el Poder Judicial, pero antes debió conformarse con una posición de menor jerarquía, la Presidencia de la Comisión Judicial. Luego de dos años, pasó a ser la primera en dar por terminado el sexenio de su colega, Luisa Estela Morales.

Años antes fue docente de Derecho Procesal del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, en Porlamar, y de Derecho Laboral del Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi en Caracas. El currículo oficial, que cuelga en la página web del TSJ, señala que también ejerció la docencia en dos universidades españolas: por un lado fue miembro de la Junta Académica e Investigadora del Instituto Europeo de Estudios Marítimos y por otro formó parte del grupo de investigadores del Departamento de Sociedad Civil y Global del Instituto Universitario de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

En su hoja de vida destaca una especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia de España, así como una serie de ponencias y fallos judiciales, que van desde el caso de las prótesis mamarias fabricadas por la empresa francesa Poly Implant Prothése (PIP), cuya sentencia conminó a las clínicas y hospitales a retirarlas, hasta fallos más controvertidos como la destitución y condena del ex alcalde de San Diego, Enzo Scarano, a 10 meses y 15 días de prisión, junto con el ex director de la policía de ese municipio, Salvatore Lucchese, a quienes responsabilizó de las barricadas que tuvieron lugar en esa jurisdicción del área metropolitana de Valencia durante las protestas de 2014. A la lista se agregaría posteriormente el alcalde de San Cristóbal y militante de Voluntad Popular, Daniel Ceballos.

La oposición venezolana afirmó en mayo de 2013 que difícilmente Gutiérrez mantendría una posición neutral al advertir su pasado como militante del  MVR. Tres meses después, en agosto de ese año, volvieron a poner en duda su imparcialidad cuando la magistrada se mantuvo al frente de la corte que rechazó la impugnación de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, en las que el candidato oficialista ganó con una diferencia menor a 2% respecto a su rival.

Además de rechazar los argumentos presentados por el ex candidato Henrique Capriles Radonski, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le impuso una multa de cien unidades tributarias  (10.700 bolívares) y remitió copia del fallo al Ministerio Público, para que se determinara si había incurrido en delito a través de sus expresiones en contra del máximo tribunal del país.

El 11 de febrero de 2015 fue ratificada como presidenta del TSJ para el periodo 2015-2017.

Su nombre figura entre los funcionarios y empresarios, relacionados con el gobierno de Maduro, sancionados por el TIAR el 3 de diciembre de 2019. Las sanciones incluyen la congelación de cuentas y la prohibición de ingresar a territorio de los países miembros del Trat