Carol Padilla

El nombre de la jueza Carol Bealexis Padilla Reyes de Arretureta figura en casos controversiales de allanamientos, órdenes de captura y sentencias relacionados con dirigentes  de la oposición venezolana como Julio Borges, Juan Requesens, Fernando Albán y Roberto Marrero.

Sus inicios en el poder judicial venezolano, según su cuenta individual en Instituto venezolano de los seguros sociales (Ivss), se sitúan en 1990 cuando comenzó a trabajar en la dirección ejecutiva de la Magistratura. Actualmente es jueza 20 de del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia del Área Metropolitana.

De acuerdo a un perfil publicado en Punto de Corte, Padilla fue quien determinó los méritos para enjuiciar a Franklin Arrieche, Blanca Rosa Mármol de León y Hadel Mostafá Paolini, bajo el cargo de “complot político”, por sus presuntas responsabilidades en los sucesos del 11 al 14 de abril de 2002.

En 2013 formó parte del equipo del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional (AN), entonces presidida por Diosdado Cabello, de quien es mano derecha según declaraciones del diputado Julio Borges.

En agosto de 2017, Padilla ordenó la detención del fiscal auxiliar, Luis Sánchez, quien era encargado de investigar el caso Odebrecht en Venezuela. Un año después, el 14 de agosto de 2018, la jueza dictó privativa de libertad en contra del diputado a la AN, por el partido Primero Justicia (PJ), Juan Requesens. El diputado fue imputado por los presuntos delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del presidente de la República, homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración.

Requesens había sido retenido días antes por funcionarios del Servicio bolivariano de inteligencia (Sebin), por su presunta implicación en el atentado contra Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018.

Padilla también llevó el caso del difunto concejal Fernando Albán, quién falleció en la sede del Sebin en Caracas, en circunstancias que hasta la fecha no han sido esclarecidas. Y, desde el 23 de marzo de 2019, del caso del jefe del despacho del presidente (E) Juan Guaidó, Roberto Marrero.

El 26 de abril de 2019 su nombre figuró en una nueva lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.