El 11 de marzo de 2019, tras un apagón que dejó durante al menos 80 horas sin servicio eléctrico a 22 estados del país, y que trajo como consecuencia escasez de agua, alimentos descompuestos, escasez de gasolina, falta de efectivo, colapso del transporte público y crisis en hospitales y clínicas, el parlamento venezolano aprobó por unanimidad el decreto de alarma nacional propuesto por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
El decreto incluye estado de excepción en todo el territorio nacional, que extenderá durante 30 días “debido a la calamidad pública generada por la interrupción sostenida de suministro eléctrico”. Asimismo, ordena a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), brindar la debida protección tanto a las instalaciones como a los funcionarios de Corpoelec, para que puedan cumplir con su labor de rescate del sistema eléctrico. También se ordena a los cuerpos de seguridad del Estado abstenerse de impedir las protestas pacíficas del pueblo venezolano. El decreto instruye a todo el personal del servicio exterior del país a que realicen los contactos para una cooperación técnica internacional, para solventar el problema del sistema eléctrico.
El presidente encargado convocó a una movilización el 12 de marzo de 2019.
