Entre 2006 y 2009, la empresa brasileña Norberto Odebrecht firmó con el gobierno venezolano 11 grandes proyectos que después presentaron retrasos en su ejecución: la línea 5 del Metro de Caracas, el Metro Caracas-Guarenas-Guatire, el Cabletren Bolivariano, la línea 2 del Metro de Los Teques, el III Puente sobre el río Orinoco, el Puente Cacique Nigale (Maracaibo, estado Zulia), la modernización del aeropuerto internacional Simón Bolívar (Maiquetía), la central hidroeléctrica Manuel Piar (estado Bolívar), el proyecto agrario integral socialista José Inácio de Abreu e Lima y el sistema de riego El Diluvio-Palmar (estado Zulia). El Ministerio de Transporte Terrestre es el ente del Estado a cargo de siete de estas 11 obras.
En la actualidad, este gigante de la construcción se encuentra bajo procesos judiciales por corrupción en su país. Pero los proyectos retrasados en Venezuela han quedado sin mayores explicaciones oficiales -del Ministerio de Transporte Terrestre, ni de la constructora- sobre los retardos en las obras.
¿Cuándo y cómo llegó a Venezuela?
Esta constructora privada llegó a suelo venezolano a principios de los noventa, con la firma del contrato para la construcción del centro Lago Mall, ubicado en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Seis años después, en 1998, asumió el proyecto de la línea 4 del Metro de Caracas.
Desde el año 2000 -durante el mandato del expresidente Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro– se ha encargado de grandes obras de construcción en el país: la ejecución del proyecto de reutilización de aguas servidas, el sistema vial del II puente sobre el río Orinoco, la planta de tratamiento El Chorrito, el terminal de embarque de crudos y el proyecto agrario socialista planicie de Maracaibo, son algunas.
Irregularidades en suelo venezolano
Los retardos de las obras de Odebrecht en Venezuela, que han comprometido el desarrollo en la vialidad en el país, incluyen también la construcción del Puente Cacique Nigale -un sistema vial para las poblaciones de Santa Cruz de Mara y Punta de Palmas, ubicadas ambas al norte del estrecho del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia-, iniciado en 2008 y que debía estar listo en cuatro años, pero hasta julio de 2016 la obra reportaba un avance físico de 29%. También se reprogramó, para 2020, según la Memoria y Cuenta 2013 del ministerio.
Aunado al tema vial, el Estado venezolano apostó por Odebrecht para infraestructura en materia energética, con la construcción de la central hidroeléctrica Manuel Piar, en Tocoma, estado Bolívar -un proyecto también retardado- para contribuir al aprovechamiento del complejo hidroeléctrico del Bajo Caroní.
Otras denuncias
Las denuncias trascienden las fronteras de Brasil y Venezuela: el gigante y líder en construcción ha sido señalado en otros países de América Latina por presuntos hechos de corrupción y sobrepecio. Entre los escándalos se incluyen 35% de sobreprecios en trabajos con gasoductos troncales en Argentina, la expulsión de Ecuador por parte del presidente Rafael Correa tras demostrar fallas técnicas en sus trabajos en la Central Hidroeléctrica San Francisco; presunto desvío de fondos del gobernador del estado Acre, Brasil, a favor de Odebrecht y cobro de sobreprecio en las obras públicas que le adjudicó; reducción de salarios de obreros en los trabajos de construcción de la planta Etileno XXI en México; sobreprecio en materiales para construcción de acueducto en República Dominicana, y sobrefacturación de varias obras construidas por Odebrecht en Perú que superan los 4 mil 600 millones de soles (más de mil 400 millones de dólares).
En Colombia, la Sala de Consulta del Consejo de Estado recomendó medidas para inhabilitar a Odebrecht, a raíz de los escándalos por supuestos sobornos que involucran a esta compañía; el equipo de periodistas IDL-Reporteros publicó en marzo de 2016 una primera radiografía de los 24 proyectos (15 obras y 9 concesiones) adjudicados a Odebrecht por el Estado peruano desde 2001.
Sobornos para la obtención de contratos en Venezuela
De acuerdo con una investigación a partir de documentos inéditos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y revisados por los medios el Nuevo Herald, McClatchy y Armando.Info de Venezuela, Odebrecht pagó al menos 142 millones de dólares en sobornos relacionados con proyectos de construcción en Venezuela.
Por su parte, Odebrecht reconoció haber pagado, entre 2011 y 2014, solo 98 millones de dólares en sobornos en Venezuela.
Cancelación de contratos, demandas y TSJ
El 11 de septiembre de 2019, el ministro de Transporte, Hipólito Abreu, anunció la disolución de 17 contratos que sostenía ese Ministerio con Odebrecht, así como la toma de al menos 56 campamentos de la constructora brasileña en el país. “La clase trabajadora asume, a partir de este momento, todas las obras que se habían contratado con Odebrecht”, informó según una reseña del portal América Economía.
El 3 de noviembre de 2020, representantes de Odebrecht interpusieron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela una demanda de nulidad, con acción de amparo cautelar, “contra el silencio denegatorio tácito” del Ministerio de Transporte al no haber resuelto el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución número 042, de fecha 11 de noviembre de 2019, que acordó dejar sin efecto el Contrato S/N, celebrado el 7 de junio de 2006, para la ejecución de la obra del tercer Puente sobre el río Orinoco.
Odebrecht también interpuso demandas al Ministerio de Transporte por rescindir los contratos de las obras: segundo Puente sobre el Lago de Maracaibo y el sistema ferroviario Caracas-La Guaira-Guatire.
El 14 de abril de 2021, la Sala Político Administrativa del máximo tribunal admitió a trámite las tres demandas de Odebrecht. Casi un año después, en marzo de 2022, el TSJ suspendió “hasta nuevo aviso” las audiencias de las tres demandas contra la cartera de Transporte.
De acuerdo con Transparencia Venezuela, la Sala Político Administrativa tenía agendadas el 10 y 17 de marzo de 2022 tres audiencias orales y públicas relacionadas con las demandas de la constructora.
