La decisión del 29 de marzo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la que asumía las funciones de la Asamblea Nacional, fue la segunda sentencia del Tribunal contra el Parlamento en una misma semana. El pasado martes, el Tribunal limitó la inmunidad parlamentaria de los diputados argumentando que el Poder Legislativo se encontraba en «desacato» y dio poderes especiales al Presidente de la República para «salvaguardar» la seguridad del país ante la amenaza del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de activar la Carta Democrática contra el país. El problema llegó cuando la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, declaró que ambas decisiones evidenciaban una ruptura del orden constitucional. Nicolás Maduro calificó sus declaraciones como un «impasse» entre ambos poderes y, tras reunir al Consejo de Seguridad Nacional, exhortó al Tribunal a rectificar.
