Funcionarios del gobierno de Maduro señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU

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El 26 de marzo de 2020, a través de una rueda de prensa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló a Nicolás Maduro y a más de una decena de funcionarios de su gobierno de estar involucrados en presuntos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.

Los presuntos cargos fueron anunciados por el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr; el fiscal Federal Geoffrey S. Berman del Distrito Sur de Nueva York; la fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, el fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, la Administradora Interina, Uttam Dhillon, de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y la directora asociada, Alysa D. Erichs.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Departamento de Estado de EE.UU, a través del Programa de recompensas de narcóticos, ofreció $15 millones de dólares por la captura de Maduro, y $10 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y Hugo Carvajal, diputado de la Asamblea Nacional (AN) y ex director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) del gobierno de Hugo Chávez.

Encuentra en Poderopedia Venezuela los perfiles de los funcionarios señalados:

Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del gobierno de Maduro. Su historia en el poder judicial data de 1994, cuando fue alguacil de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Sobre su toga pesa una destitución por estar incurso en desacato a órdenes judiciales. En 2007 volvió a la administración pública de la mano del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro. El 11 de febrero de 2015 fue designado como primer vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Penal, por la Sala Plena de este Alto Tribunal. Moreno es el funcionario público que acumula más sanciones internacionales. Lee más aquí.

Tareck El Assami, presidente de la comisión presidencial para la reorganización de la industria petrolera, vicepresidente del Área Económica de Venezuela y ministro de Industrias del gobierno de Maduro. Fue vicepresidente ejecutivo de la República en 2017, fecha en la que Maduro le traspasó 15 de las funciones presidenciales. También ocupó la gobernación del estado Aragua, fue ministro de Interior y Justicia, viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, y diputado de la Asamblea Nacional (AN), en representación del circuito 1 del estado Mérida. El nombre de El Aissami figura como el primero de las 10 personas más buscadas del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. En la ficha del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE), se le atribuyen cargos de “narcotráfico internacional”. Lee más aquí.

Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa del gobierno de Maduro. General en jefe del Ejército y jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional. Fue ratificado en este cargo el 20 de junio de 2017. En 2016 fue designado jefe de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro, basada en tres áreas (agroalimentaria, farmacéutica e industrial). Forma parte de la comisión presidencial para la reorganización de la industria petrolera. Egresó de la promoción Juan Gómez Mireles de la Academia Militar en 1984. Era jefe del Batallón Bolívar acantonado en Fuerte Tiuna, Caracas, durante los sucesos de abril de 2002. Lee más aquí.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del gobierno de Maduro. Es primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). En diciembre de 2015 fue electo diputado lista por Monagas por segunda vez. En el período parlamentario anterior (2010-2015) llegó a presidir el Parlamento. Ex vicepresidente de la República y ex ministro de la Secretaría de la Presidencia y de Infraestructura. Fue gobernador de Miranda y se le considera el número dos del chavismo.  El 18 de enero de 2018 fue sancionado por la Unión Europea. En marzo de 2018 fue sancionado por el gobierno suizo y días después por el gobierno panameño por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales. Lee más aquí.

Néstor Reverol, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, secretario ejecutivo del Estado Mayor Eléctrico y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Fue comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, designado el 27 de octubre de 2014, ratificado el 7 de julio de 2015, y sustituido por Antonio Benavides en junio de 2016. Ya había encabezado el Ministerio de Interior y Justicia, nombrado por el ex presidente Hugo Chávez, entre octubre de 2012 y abril de 2013. Antes, en 2009, fue puesto al frente de la ONA. Lee más aquí.

Joselit Ramírez, presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip). Ha sido presidente de la  Fundación Patria. Hombre de confianza a Tareck El Aissami, todos los cargos públicos que ha ocupado han sido durante las gestiones del hoy ministro de Industrias y Producción Nacional: fue secretario del Despacho y director de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Aragua, director general de la Vicepresidencia de la República, presidente de la Federación Venezolana de Criminólogos (Fevecrim) y en junio de 2018 ocupó la dirección del Despacho del Ministerio de Industrias y Producción Nacional, según la Gaceta Oficial Nro. 41.428. Lee más aquí.

Luis Motta Domínguez, ex ministro de Energía Eléctrica del gobierno de Maduro. Motta, quien estuvo 4 años frente la cartera de electricidad y fue removido tras los apagones nacionales de marzo de 2019. En 2015 fue presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Fue jefe de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (REDI) Central, con competencia en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Yaracuy. Es mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En 2014 se desempeñó como intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Lee más aquí.

Hugo Carvajal, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), electo en los comicios del 6 de diciembre de 2015 en representación del circuito 2 del estado Monagas, para el periodo 2016-2021. Fue integrante de la Comisión Permanente de Contraloría. Mayor general retirado, fue cónsul de Venezuela en Aruba desde enero de 2014 y ex director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), entre 2004 y 2011. Antes, Carvajal también se desempeñó como jefe de investigaciones de la DIM en 2002 y trabajó en la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Lee más aquí.

Cliver Alcalá, ex comandante general de la Región de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana). Oficial egresado de la Academia Militar, colaboró con el fallecido presidente Hugo Chávez durante el intento de golpe de estado liderado por éste en febrero de 1992. En 2002, meses después del intento de golpe de Estado contra Chávez, encabezó la intervención de la Policía Metropolitana, entonces bajo el mando del alcalde Alfredo Peña. En 2008 fue jefe de la Guarnición de Valencia (estado Carabobo), y posteriormente lideró la Guarnición de Maracay (estado Aragua). Lee más aquí.

Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez. Ingeniero Eléctrico egresado de la Universidad del Zulia. Trabajó en Enelven, donde alcanzó cargos gerenciales. Fue director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas durante la gestión de Alí Rodríguez Araque. Luego, al llegar al ministerio Rafael Ramírez, pasó a ocupar el viceministerio de Energía Eléctrica, donde se encargó de planes de incremento de la generación eléctrica, como el de La Vueltosa (Mérida y Táchira). Fue denunciado por irregularidades en ése y otros proyectos eléctricos. El 15 de marzo de 2015 el diario español El Mundo lo incluyó en un grupo de altos jerarcas del gobierno venezolano con cuentas en el Banco de Madrid y Banco Privado de Andorra, ahorros en dólares que serían producto del pago de comisiones. Lee más aquí.