En los doce años que Francisco Rangel Gómez ha estado en la Gobernación de Bolívar (de 2004 a 2016), sus gestiones se han visto salpicadas por numerosas irregularidades, desde la construcción del estadio de fútbol de Cachamay –el cual llegó a utilizar para reuniones partidistas del Psuv-; pasando por los negocios que, según reportes de prensa, su hijo tenía con Luis Velásquez, mejor conocido como el rey de la cabilla; hasta el resurgimiento de la minería ilegal y la presencia de bandas delictivas en esas zonas mineras. Su relación con este último tema, sin embargo, data de cuando presidía la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). En septiembre de 2002, firmó un contrato con la empresa aurífera Cristallex en el que le concedía derechos exclusivos de explotación sobre las minas de oro en el sector Las Cristinas. Tres años después, en 2005, la compañía restringió al paso a la zona y desembocó en una serie de protestas de mineros artesanales contra la transnacional. El alcalde de Tumeremo, Carlos Chancellor, entonces acusó a Rangel Gómez de privilegiar los intereses de la empresa por encima de las necesidades de la población minera. Once años después, cuando se conoció el caso de una veintena de mineros desaparecidos, Rangel Gómez negó el hecho. “Una vez más politiqueros irresponsables pretenden generar zozobra en el sur de Bolívar son falsas informaciones sobre mineros asesinados”, dijo. Días después, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que habían encontrado los restos de 21 personas.
