Raúl Gorrín

Al presidente de Seguros la Vitalicia y también mayor propietario del canal Globovisión, le tomó 15 años construir el poder del que ahora goza. Algunos amigos de infancia, según un reportaje del diario Últimas Noticias publicado el 27 de mayo de 2013, lo recuerdan como el chico al que tenían que brindarle las empanadas para que desayunara.

Gorrín estudió en el Liceo Luis Eduardo Egui Arocha. Una vez graduado decidió estudiar Derecho, carrera que cursó en la Universidad Santa María de Caracas. Según recuenta la periodista Laura Weffer en el reportaje de Últimas Noticias, uno de sus compañeros de carrera lo recuerda como alguien que “no tenía bienes de fortuna; sin embargo buscaba cualquier manera para hacer dinero”.

Sus estudios le permitieron especializarse en derecho penal, oficio que ejerció por varios años en los tribunales venezolanos hasta que probó suerte como prestamista. “Su golpe de suerte, el que lo lanzó a la fama, viene del caso del Banco Canarias, al ser el representante legal de quien había sido su presidente y con quien comparte apellido, aunque no son familia: Álvaro Gorrín”. Resume Weffer  que Álvaro Gorrín, en 2006, estuvo envuelto en el caso de Microstar, por contrabando y defraudación tributaria.

Raúl Gorrín compartió la defensa en esta causa junto al abogado Mariano Díaz Ramírez, quien se encuentra mencionado en los expedientes del caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson y presuntamente vinculado con la banda delictiva “Los enanos” a la que, según el portal El Comercio Movil, su socio y cuñado -esposo de una hermana del presidente de La Vitalicia-, Gustavo Perdomo; y el ex aliado económico  Juan Domingo Cordero también hacen parte.

Entre otros cargos, Gorrín es fundador del escritorio jurídico Rgdpj & Asociados y director principal de la casa de bolsa Interbursa.

Conflictos legales

Según el expediente N° 10 Aa2019-07 del 16 de mayo de 2007, existe un informe judicial por extorsión en contra del abogado Gorrín, quien, según el documento, causó una “persecución psicológica, intimidatoria y amenazante” contra el ciudadano Dennis Esteban Rada Ling, a través de mensajes de texto en los que  amenazaba de muerte a Rada por el cobro de un dinero. Según recuenta el reportaje de Últimas Noticias, la causa fue sobreseída.

Otro caso ventilado en los tribunales y que involucra a Gorrín, es el proceso abierto en contra del presidente del Grupo 6to Poder, Leocenis García, quien en septiembre de 2013 fue acusado por el Ministerio Público por legitimación de capitales. García señaló al presidente de La Vitalicia de participar en el forjamiento de documentos y compra de testigos para sustentar la acusación de la Fiscalía. Meses antes, desde la compra de Globovisión, el editor divulgó información en los cuales reveló el origen y relaciones de Gorrín.  

El 19 de diciembre de 2008, Raúl Gorrín Belisario, Juan Domingo Cordero y Gustavo Perdomo, se hicieron propietarios de la empresa Seguros La Vitalicia S.A, por la cual cancelaron una suma de Bs. 12 millones 500 mil. Desde entonces la empresa ha experimentado una evolución en sus ingresos y calidad. Pasó de estar en el puesto 46 (en 2008) del ranking nacional de las mejores aseguradoras al puesto 18 en marzo de 2014.

En marzo de 2013, se anunció que Raúl Gorrín y sus socios de La Vitalicia, Cordero y Perdomo, compraron el canal Globovisión, medio de comunicación que se caracterizó por su posición adversa al gobierno del presidente Hugo Chávez. Tras el proceso electoral presidencial de abril de 2014, se concretó el traspaso de las acciones, de manos de la familia Zuloaga y otros inversionistas menores, a el grupo de La Vitalicia, por, según información de prensa, entre $68 millones $80 millones. Luego del cambio de dueño la pantalla del canal cambió su línea editorial opositora.

Los periodistas Boris Muñoz y Alfredo Meza, en un reportaje publicado en Prodavinci, contaron que en una de las primeras reunión de Gorrín con los trabajadores del canal, el empresario afirmó: «que era muy amigo de Alejandro Andrade, ex tesorero del gobierno de Chávez y su primer secretario privado. Andrade acumuló mucho poder en el sector financiero hasta que, en 2010, el Gobierno cerró el mercado bursátil. Lysber Ramos Sol, otra periodista de Globovisión, contó que cuando conoció a Gorrín, que posee 96% de las acciones, y le preguntó por qué quería adquirir un medio de comunicación, éste respondió que pretendía tener poder “porque a él lo habían jodido mucho”.

Dos meses más tardes, en mayo, los directivos de Globovisión se reunieron en el Palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro. Cordero, el entonces presidente Globovisión, manifestó: «Les dijimos que seguiremos siendo un canal de noticias, llevando la información que deba darse a conocer, diciendo la verdad y contribuyendo eso sí con la paz de este pais. La idea es contribuir a un clima de paz y no de conflicto para los venezolanos».

Poco días después, Cordero dejó la directiva del canal por un supuesto conflicto económico con sus ex socios. Desde entonces Gorrín y Perdomo, en menor grado, asumieron el protagonismo del grupo económico. Incluso, Gorrín incrementó su red de relaciones, al sumar a su grupo de amistades al presidente del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero.

En agosto de 2018 fue acusado por la  Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, por por haber pagado presuntamente unos US$159 millones en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos y haberles ayudado a lavar esos fondos ilícitos. Entre estos funcionarios figura Alejandro Andrade, un teniente retirado que fue guardaespaldas de Chávez durante la campaña electoral de 1998, y posteriormente fue secretario privado, tesorero Nacional  y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bandes). De acuerdo con un reportaje del BBC, y según las autoridades estadounidenses, Andrade se declaró culpable por un cargo de conspiración para lavar dinero el pasado 22 de diciembre de 2017 y reconoció haber recibido unos US$1.000 millones de parte de Gorrín y de otras personas a cambio de usar su puesto de tesorero nacional para permitirles realizar operaciones cambiarias para el gobierno de Venezuela.

De acuerdo a una investigación de el diario El Confidencial, Gorrín y Gustavo Perdomo gestionaron no menos de de 5.500 millones de dólares o su equivalente en euros en Suiza, por medio de sociedades pantalla en diferentes paraísos fiscales. Según documentos en poder de El Confidencial, junto a transferencias registradas, fueron revelados cientos de millones gestionados procedentes de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) y pagos a empresas controladas  por los denominados «bolichicos».

Según la investigación de El Confidencial, reseñada por Runrun.es, los millones que han gestionado Gorrín y otros sujetos cercanos al gobierno de Maduro de los recursos públicos del país han sido usados para sobornar a periodistas, fiscales, jueces, políticos y activistas, entre ellos a Maikel Moreno, Luisa Ortega y Leocenis García Osorio.

Según el Wall Street Journal,  Gorrín “jugó un papel central en un plan desafortunado a fines de abril para inducir al ministro de Defensa (Vladimir Padrino López), al presidente del Tribunal Supremo (Maikel Moreno) y al jefe de contrainteligencia militar (Iván Hernández) a que presionaran la salida de señor Maduro”. Este plan se refiere a lo sucedido el 30 de abril y, según el WSJ, Gorrín habría participado con el propósito de que Estados Unidos le levantara las sanciones.

Su nombre figura entre los funcionarios y empresarios, relacionados con el gobierno de Maduro, sancionados por el TIAR el 3 de diciembre de 2019. Las sanciones incluyen la congelación de cuentas y la prohibición de ingresar a territorio de los países miembros del Tratado.

El 8 de enero de 2020 fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Gorrín, señalado por EE. UU y España de presuntos delitos como blanqueo de dinero, y por las irregularidades cometidas en un préstamo de 1.143 millones de dólares a cambio de bolívares realizado por Petróleos de Venezuela S.A, (Pdvsa), a dos empresas de relacionadas con él, recibió un sobreseimiento de su causa en los tribunales venezolanos.

El 21 de septiembre de 2020 se hizo público que la jueza Luisa Romero, del Juzgado 11 en lo penal de Caracas, decretó sobreseimiento en la causa de Gorrín por considerar que “el hecho imputado no es típico…”. De acuerdo con una nota de El Pitazo, la medida se sustenta “en una experticia pericial contable realizada por la División de Experticias Financieras del CICPC y en la opinión de la consultoría jurídica de Pdvsa; y beneficia a Gorrín, Perdomo y Aular; junto a dos extranjeros identificados como José Manuel Cerro y Marcel Orejanu, quienes son directores de la empresa Rantor Capital C.A.”.