Juan José Mendoza

Militar retirado. Nació el 11 de marzo de 1969 en Trujillo. Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desde el 24 de febrero de 2017. Nombrado segundo vicepresidente del máximo órgano judicial de Venezuela. Director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Ex diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en representación del estado Trujillo en el período 2005-2010, y por el Movimiento Quinta República  (MVR) en el período 2000-2005.

En diciembre de 2010, fue juramentado como magistrado del TSJ por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista y presidida por Cilia Flores, la actual primera combatiente. Dicho nombramiento generó críticas de los miembros de la oposición venezolana, quienes consideraban que no poseía las credenciales por estar inscrito en un partido político.

En mayo de 2011, asumió la Inspectoría General de Tribunales. En junio de ese mismo año, sufrió un infarto y fue ingresado de emergencia al Hospital Militar.

En agosto de  2012, el abogado José Amalio Graterol, defensor de la ex jueza Lourdes Afiuni, denunció que Mendoza Jover intentó destituir a Afiuni para corregir el error cometido al suspenderla de su cargo sin que mediara un proceso, pese a ser jueza titular. Ese mismo año ordenó reabrir la averiguación por la muerte del periodista y diputado Fabricio Ojeda, asesinado en junio de 1966.

En junio de 2014, estuvo en el ojo del huracán al manifestar que “la participación de los integrantes de la Fanb en actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de participación democrática”.

El 18 de mayo de 2017 fue dada a conocer una lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la que aparecía Mendoza Jover y a otros siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ. Las sanciones incluyen la congelación  de todos sus bienes y la prohibición a cualquier ciudadano estadounidense de hacer negocios con los magistrados. Además, se les anuló la visa a los sancionados.

El 30 de marzo de 2018 Mendoza fue sancionado por el gobierno de Panamá por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El 21 de enero de 2019, en representación del Poder Judicial, hizo pública una sentencia en la que se anulaba y se desconocía el nombramiento de la nueva directiva del Parlamento venezolano debido a la «inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional al no haber dictado las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución».

El 23 de enero de 2019, Mendoza leyó una sentencia en la que exhortó al Ministerio Público a determinar de manera inmediata las responsabilidades, a que hubiere lugar, de los integrantes de la Asamblea Nacional en desacato ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y las leyes de la República. Este hecho en clara referencia a la a proclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.

El 8 de febrero de 2019, Mendoza, informó la decisión de declarar como nula la Ley de Estatuto de Transición aprobada por la Asamblea Nacional (AN). “Esta Sala Constitucional como máxima garante de la Constitución vigente, advierte que no existen en la Constitución mención alguna a un estatuto que pretenda dirigir una transición y un nuevo régimen de los poderes públicos. Advertimos que estamos frente a un acto subconstitucional y al contrariar el texto constitucional es completamente nulo”, aseveró el magistrado, de acuerdo a una reseña de Efecto Cocuyo.

El 14 de febrero de 2019, Mendoza informó que «la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decretó medidas cautelares de detención contra quienes fueron nombrados en la junta directiva de Pdvsa y sus filiales». Días antes, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, había nombrado a Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Luis Urdaneta, Andrés Padilla, Édgar Rincóny Rick Esser, como parte de los nuevos directivos de Citgo. De igual manera, designó a  Ricardo Prada, Gustavo J. Velázquez, Simón Antúnez, David Smolansky, Carlos Balza, como integrantes la Administración de Pdvsa.

El magistrado del TSJ afirmó que la decisión era tomada en «resguardo de la paz y el sistema socio-económico de Venezuela». Las medidas incluyen la prohibición de la salida del país y el bloqueo de las cuentas bancarias.

Su nombre figura entre los funcionarios y empresarios, relacionados con el gobierno de Maduro, sancionados por el TIAR el 3 de diciembre de 2019. Las sanciones incluyen la congelación de cuentas y la prohibición de ingresar a territorio de los países miembros del Tratado.

Su nombre figura entre los funcionarios y empresarios, relacionados con el gobierno de Maduro, sancionados por el TIAR el 3 de diciembre de 2019. Las sanciones incluyen la congelación de cuentas y la prohibición de ingresar a territorio de los países miembros del Tratado.

El 29 de junio de 2020 fue sancionado por la Unión Europea. Las sanciones implican prohibición de viajar a los países de la UE, y congelación de cuentas y bienes.

El 7 de julio de 2020 fue sancionado por el gobierno de Suiza por estar presuntamente implicado en la violación de derechos humanos y los principios democráticos. Las medidas implican la prohibición de viajar a Suiza y la congelación de activos en ese país.