Iván Hernández Dala

Comandante de la Guardia de Honor de Nicolás Maduro. Jefe de la Casa Militar, designado el 4 de septiembre de 2015. General de brigada del Ejército desde 2013 y jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar según la Gaceta Oficial número 40.333. Un reportaje del periódico Sexto Poder, publicado el 9 de octubre de 2014, señala que la ex ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, tuvo mucha influencia en su ascenso castrense. Meléndez consideró su trayectoria como jefe de Casa Militar y hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez.

En el reportaje, Hernández Dala es descrito como un hombre de poco hablar, vida austera y con una responsabilidad a cuestas desde este año: descubrir y desarmar todos los intentos de golpe de Estado.

Iván Rafael Hernández Dala egresó de la Academia Militar de Venezuela en la posición 29 de la promoción “Manuel Manrique” en 1988. Es uno de los militares que forman parte de la lista de sancionados promovida por Marco Rubio, senador norteamericano.

El 25 de junio de 2018 se dio a conocer que fue sancionado por la Unión Europea. Se le prohibió viajar a este territorio comunitario y se activó la congelación de los bienes que puedan tener en la organización.

El 15 de febrero de 2019 la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que Iván Hernández Dala, junto a otros cuatro funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, fue incluido en la lista de sancionados por el organismo norteamericano.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, expresó a través de un comunicado que “estamos sancionando a los funcionarios a cargo del aparato de seguridad e inteligencia de Maduro, que han violado sistemáticamente los derechos humanos y han suprimido la democracia, incluso mediante la tortura y otros usos brutales de la fuerza”.

Las sanciones incluyen la congelación de activos y bienes que tenga bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición a cualquier ciudadano o compañía del país norteamericano de realizar operaciones con ellos.

Los otros funcionarios cercanos al oficialismo que reciben las sanciones son el presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo; el director de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Rafael Bastardo; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Manuel Cristopher Figuera;  y el primer comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Hildemaro Rodríguez Mucura.

El 15 de abril de 2019 Hernández Dala fue sancionado por el gobierno de Canadá, junto a otros 42 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo a declaraciones de la ministra de relaciones exteriores canadiense, Chrystia Freeland, los funcionarios están siendo sancionados porque “están directamente implicados en actividades que socavan las instituciones democráticas”.

Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de que los funcionarios señalados realicen negocios o se les proporcionen servicios financieros o servicios relacionados en Canadá.

El 2 de agosto de 2019 el secretario del Departamento de Estados de EE.UU anunció que a Hernández Dala, y a su esposa, le fue revocada su visa estadounidense por “participar en violaciones graves de los derechos humanos”.

El 7 de agosto de 2019 el gobierno de Suiza sumó a su lista de sancionados a 18 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por “por violar los derechos humanos y socavar el estado de derecho y las instituciones democráticas”. Entre los sancionados figura el nombre de Hernández Dala.

Su nombre figura entre los 18 funcionarios del gobierno de Maduro sancionados por la Unión Europea. Las medidas de la UE implican a prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de los bienes “por haber vulnerado los principios democráticos, el estado de derecho y la democracia”.

Su nombre figura entre los 25 funcionarios del gobierno de Maduro sancionados por el gobierno de Suiza el 11 de octubre de 2019.

Su nombre figura entre los funcionarios y empresarios, relacionados con el gobierno de Maduro, sancionados por el TIAR el 3 de diciembre de 2019. Las sanciones incluyen la congelación de cuentas y la prohibición de ingresar a territorio de los países miembros del Tratado.

Señalamientos de la Misión de la ONU

De acuerdo con el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, publicado en septiembre de 2022: «La Misión encontró motivos razonables para creer que los funcionarios de la DGCIM estaban implicados en detenciones arbitrarias y en actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hernández Dala rara vez participó directamente en los interrogatorios de los detenidos o en otras operaciones. Sin embargo, los actos de detención arbitraria, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en Boleíta fueron cometidos por funcionarios de la DGCIM bajo su autoridad, desde 2014 hasta el momento de redactar este informe. Funcionarios asignados a la DEIPC, encargada de realizar actividades de inteligencia para identificar e investigar posibles objetivos, trabajaban bajo su supervisión. Lo mismo ocurre con los funcionarios que trabajan para la DAE. La Misión también recibió información de que Hernández Dala desempeñó un papel más directo en varias detenciones arbitrarias».

«En consecuencia, la Misión encuentra motivos razonables para creer que Hernández Dala puede detentar responsabilidad penal por los hechos antes mencionados, y, por lo tanto, debe ser investigado», concluye el informe.