Diálogo Gobierno-Oposición 2016

El viacrucis al diálogo
El 27 de mayo de 2016 representes del Gobierno nacional y la oposición venezolana se reunieron en República Dominicana, de forma exploratoria, para el inicio de un proceso de diálogo en pro de solventar la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela. Estuvieron presentes, en calidad de mediadores, el secretario general de la Unión de los países del Sur (Unasur), Ernesto Samper y los expresidentes: del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández.
Por parte del gobierno asistieron Elías Jaua, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez, y la canciller Delcy Rodríguez. Por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asistieron los diputados Alfonso Marquina, Luis Aquiles y Timoteo Zambrano.
Mientras tanto, en Venezuela, la oposición marchaba y exigía respuesta y celeridad al Consejo Nacional Electoral en el proceso de revisión y validación de la recolección de firmas del 1% -la primera fase para la activación del revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro- entregadas el 2 de mayo de 2016. Tres meses después, el 1 de agosto, el CNE aprobó el 1% y legitimó a la MUD como actor para la solicitud del referéndum.
En septiembre de 2016 se hizo pública una carta en la que monseñor Pietro Parolín, secretario de Estado del Vaticano, aceptaba la oferta de Unasur de sumarse a las conversaciones como mediador. Gobierno nacional y oposición habían enviando cartas al nuncio apostólico, Aldo Giordani, pidiendo al Vaticano su mediación en la crisis venezolana.
El domingo 9 de octubre de 2016, el Papa Francisco, al finalizar la celebración de la Eucaristía, designó como Cardenal al arzobispo de Mérida, monseñor Baltazar Enrique Porras Cardozo. “Mi designación es un llamado a la superación de la crisis en Venezuela”, declaró Porras.
A siete días de este nombramiento, el 16 de octubre, hubo una segunda designación en el mundo eclesiástico que involucraba a un venezolano: Arturo Sosa como el nuevo “papa negro”.
“Ayer en Venezuela se dio un golpe de Estado, no se puede calificar de otra forma, se le dio un golpe de Estado a todos los venezolanos, lo que nosotros veníamos alertando que había que evitar. ¿Ustedes roban el derecho del pueblo venezolano a decidir? Nosotros vamos a convocar a la toma de Venezuela, el próximo miércoles, vamos a tomar Venezuela de punta a punta, debe haber un pueblo movilizado para restituir el hilo constitucional”, declaró el 21 de octubre de 2016, en rueda de prensa, acompañado de los integrantes de la MUD, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Randonski.
El CNE suspendió hasta nuevo aviso la recolección del 20% -segunda fase del proceso para activar el referendo revocatorio-, debido a que los jueces de tribunales penales de los estados Aragua, Carabobo, Apure, Bolívar y Monagas dejaron sin efecto la recolección del 1%, a cinco días de las fechas establecidas por el ente electoral para iniciar la recolección de manifestaciones de voluntades.
El 23 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó, en sesión ordinaria, el “Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela”, en el que se incluían: declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado contra la Constitución y el pueblo venezolano, por parte del presidente Nicolás Maduro; formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional; proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos constitucionales a la designación de los tres rectores principales y sus suplentes que fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República, mediante un juicio político y moral a Nicolás Maduro señalado como responsable de la crisis nacional.
«Hoy se ha iniciado el diálogo nacional durante un encuentro entre representantes del gobierno y de la oposición, con el propósito de establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria en la isla Margarita el día 30 de octubre», declaró el lunes 24 de octubre el nuncio apostólico de Argentina, y emisario del Papa Francisco, Emil Paul Tscherrig, tras sostener una reunión, en el Hotel Meliá Caracas, con el secretario general de la MUD, Jesús Chúo Torrealba, junto a los representantes de los otros partidos políticos de la alianza, y los representantes del gobierno.
El miércoles 26 de octubre, durante la concentración la “Toma de Venezuela”, la dirigencia opositora, encabezada por Capriles, había convocado a una marcha hasta el Palacio de Miraflores que se llevaría a cabo el jueves 3 de noviembre.
El 30 de octubre de 2016, en los espacios del Museo Alejandro Otero, iniciaron las primeras conversaciones para el diálogo entre oposición y gobierno, que se extendieron hasta la madrugada del lunes 31 de octubre, y acordaron la creación de cuatro mesas de trabajo dirigidas a fomentar consensos en el respeto al estado de derecho, la justicia, la discusión de un nuevo cronograma electoral y la situación económica-social. Por parte del gobierno nacional estuvieron presentes: el presidente Nicolás Maduro, el diputado Elías Jaua, la canciller Delcy Rodríguez, el alcalde y jefe de negociación del diálogo, Jorge Rodríguez, y el ex embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton. En representación de la oposición: el secretario de la MUD, Jesús “Chuo” Torrealba, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, los diputados Timoteo Zambrano y Luis Aquiles Moreno, y el gobernador del estado Lara, Henri Falcón. Los mediadores internacionales fueron el secretario general de la Unión de los países del Sur (Unasur), Ernesto Samper, los expresidentes de los gobiernos de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández, y el enviado del Vaticano, monseñor Claudio María Celli.
En la noche del 31 de octubre, se reportó la liberación de Marco Trejo y Andrés Moreno, quienes fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) por ser “estrategas comunicacionales” del partido Primero Justicia y llevar una campaña política dirigida a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Junto a ellos, también fue liberado Carlos Melo, dirigente del partido Avanzada Progresista.
El 1 de noviembre, la Asamblea Nacional difirió el inicio del procedimiento del juicio político contra Maduro. Además, Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, informó sobre la cancelación de la marcha hacia el Palacio de Miraflores convocada para el 3 de noviembre.
La coalición opositora dio un plazo hasta el 11 de noviembre –día que se realizará la segunda reunión pro diálogo- para recibir respuestas por parte del gobierno. De lo contrario, aseguraron que abandonarían el diálogo. Además, ratificaron sus condiciones para permanecer en el proceso: liberación de todos los presos políticos, apertura de un canal humanitario, renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y la discusión y aprobación de un nuevo cronograma electoral.
El 3 de noviembre, el Movimiento estudiantil –conformado por estudiantes de diferentes casas de estudio- marchó junto a diputados opositores y sociedad civil, hasta la Nunciatura Apostólica y le presentó a Aldo Giordani sus peticiones para el proceso de diálogo: la liberación de los estudiantes encarcelados, incluido el cese a la persecución de los estudiantes a nivel nacional; la apertura de un canal humanitario para poder sopesar la escasez de alimentos y medicinas del país; y la convocatoria a elecciones que abarque la Presidencia de la República, con un CNE plenamente renovado.
Ese mismo día, en rueda de prensa, el alcalde coordinador nacional del referendo revocatorio, Carlos Ocariz, hizo públicas las metas de la MUD para el 11 de noviembre: 1) compromiso de una solución electoral a la crisis de ambos bandos en corto plazo; 2) que se realicen elecciones en Amazonas en corto plazo; 3) designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral; 4) poner fin al “desacato” en el que asegura el gobierno está la Asamblea Nacional; 5) liberación de presos políticos; 6) acuerdo nacional para mejorar el abastecimiento en el país.