El 5 de marzo de 2016 se conoció el caso de 28 mineros desaparecidos en Tumeremo, estado Bolívar. Los primeros en denunciar el hecho fueron el diputado opositor Américo De Grazia y el alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancellor, quien en 2005 también acusó el maltrato a los mineros y fue puesto preso por tomar parte durante una serie de protestas contra la empresa Crystallex, principal operadora de yacimientos en el zona. La primera reacción del gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, fue negar las desapariciones y atribuírselo a actos de la oposición para “desprestigiar” al “Gobierno Revolucionario”. La prensa oficialista, como la propia Gobernación de Bolívar y el canal Venezolana de Televisión, llegó a reproducir una nota titulada “En claves La ‘masacre virtual’ de Tumeremo”, en la que se atribuía todo lo sucedido a falsos rumores. Dos días después, sin embargo, Rangel Gómez reconoció el suceso y dijo que los cuerpos de seguridad ya estaban en búsqueda de los desaparecidos. Mientras tanto, familiares de las víctimas señalan a la banda “El Topo”, una de las cuatro que controlan la minería ilegal en la entidad, como la responsable.
