La ingeniera egresada de la Ucab, ex presidenta de la organización no gubernamental Súmate y dirigente de la organización política Vente, desde febrero de 2014 ha sido objeto de siete acciones en su contra ejecutadas por factores ligados al oficialismo, que la han llevado de ser la diputada más votada, a quedar inhabilitada para participar en un nuevo proceso comicial.
En febrero de 2014, tras los hechos que ocurrieron en Candelaria el 12 de ese mes, que dejaron un saldo de dos personas asesinadas -Juancho Montoya y Basil Da Costa- y las siguientes protestas en las calles, un grupo de trabajadores del sector de las telecomunicaciones se dirigió a la Asamblea Nacional para exigir que allanaran la inmunidad parlamentaria de la entonces diputada.
Después Machado intentó participar en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en marzo de 2014, para denunciar la violación de los derechos humanos en el país. Por ello la cancillería de Panamá le cedió un puesto para que pudiera expresarse en ese encuentro.
Una semana después, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, utilizó la asistencia de Machado a la OEA como parte de la delegación panameña, para despojarla de su curul, por violación del artículo 149 de la Constitución. “Machado ya no tiene inmunidad, puede ser investigada. Asume su suplente con todas las prerrogativas”, dijo entonces Cabello. Solo unos días después la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la medida aplicada por la máxima autoridad del parlamento.
Dos meses después, en mayo de 2014, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, la acusa de estar involucrada en actividades golpistas, acusación que sustentó con comunicaciones privadas de Machado que fueron interceptadas sin un permiso judicial.
En junio de 2014, el tribunal 16 de Control del Área Metropolitana dictó una medida de prohibición de salida del país en contra de la ex diputada, por su participación en los hechos del 12 de febrero de 2014.
En noviembre del mismo año y con base al testimonio de oficiales capturados por presuntamente preparar un golpe de Estado contra el presidente de Nicolás Maduro, Machado recibe una citación de la Fiscalía como imputada por el cargo de magnicidio.
Pese a todas las denuncias en su contra, Machado continuó sus actividades en el territorio nacional, por lo que hace tres semanas se oficializó que sería candidata al circuito 2 de Miranda, donde se daba como un hecho su triunfo por la composición del electorado de esa zona y por ser la misma circunscripción donde resultó ser la diputada más votada en 2010.
Sin embargo, la Contraloría General de la República tenía guardada una nueva carta. El martes 14 de julio se anunció la inhabilitación de la dirigente del partido Vente por un año. Un día después el contralor general de la República, Manuel Galindo, vinculado a la primera dama, Cilia Flores, negó que la inhabilitación a María Corina Machado se deba a una “retaliación” o “persecución política” como lo han asegurado voceros de la oposición.
«A la señora María Corina Machado le hemos dado el trato de una ciudadana común y corriente, que incumplió con un deber consagrado en la ley”, explicó el funcionario en entrevista con Venezolana de Televisión (VTV).
El contralor aclaró que la inhabilitación a la exdiputada se debe “a la inconsistencia de algunos activos que ella debió haber presentado oportunamente en su declaración jurada de patrimonio. Específicamente se trató de las prestaciones sociales y algunas bonificaciones que ella cobró a la Asamblea Nacional cuando ejerció el cargo como diputada”. Detalló que Machado incurrió en una falta a la Ley Anticorrupción al no incluir en la declaración jurada de patrimonio tales conceptos de carácter laboral.
Más temprano ese día 15 de julio, en rueda de prensa desde un hotel capitalino, Machado calificó la inhabilitación como un ataque personal. Afirmó que «seguiré representando la determinación de los venezolanos y sí me voy a postular a la Asamblea Nacional (AN)”
