El 3 de julio de 2017, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se presentó en la sede del Parlamento con el objetivo de avalar la ratificación de Rafael González como vicefiscal por parte de la Asamblea Nacional. Esta decisión responde al artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece que «son deberes y atribuciones de la fiscal designar al vicefiscal previa autorización de la mayoría absoluta de la AN», como lo declaró durante su presentación.
Horas más tarde de lo que sería la primera aparición en el hemiciclo desde que el 31 de marzo de 2017 -fecha en la que declaró que en Venezuela había una ruptura del orden Constitucional- y de una escena sin precedentes, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que Ortega aseguró que rendirse no es una opción porque esta es la principal intención de quienes intentan «adueñarse del país y gobernar sobre los ruinas».
