Calixto Ortega

Calixto Antonio Ortega Ríos, un viejo rostro de los albores del chavismo, fue nombrado en noviembre de 2015 magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por una mayoría oficialista que se despedía del Parlamento. Pero es reconocido también por otros roles en la administración pública desde los inicios de la gestión presidencial de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.

Trayectoria Chavista

Nacido el 12 de octubre de 1950, en el estado Zulia, Ortega fue diputado de la Asamblea Nacional durante los períodos 2000-2005 y 2006-2010, abanderado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), por el estado Zulia. Formó parte del Parlamento Latinoamericano entre 2010 y 2015 y fue candidato por voto lista al Parlamento en por Zulia en 2015, cuando quedó en el puesto de tercer suplente en ese cargo. Ortega es  abogado, con maestría en Derecho Político de la Universidad del Zulia.

En 2013 se desempeñó como viceministro de Relaciones Exteriores para Europa. En su ejercicio, durante una rueda de prensa en Berlín, Alemania, informó a representantes de las empresas españolas Telefónica, Zara, Repsol, BBVA, Mapfre, Meliá, Iberia y Air Europa, sobre la “feroz campaña comunicacional” que, a su juicio, mantenían los medios de comunicación ABC y El País para desprestigiar internacionalmente la imagen de Venezuela.

Su sobrino, Calixto Ortega Sánchez, también incursionó en el cuerpo diplomático venezolano, en el cargo de cónsul general de Venezuela en Nueva York entre 2014 y 2017. Fue cónsul de primera en Houston, Estados Unidos, entre 2008 y 2013, y delegado ante el comité presupuestario y administrativo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre 2007 y 2008. Fue vicepresidente de Finanzas de Citgo, la filial de Pdvsa entre noviembre de 2017 y marzo de 2018. Fue nombrado presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) en junio de 2018.

Lujos bajo crítica

Calixto Ortega ha sido cuestionado por falta de concordancia entre su discurso, su tendencia política y su vida social. Portales digitales reseñan sus visitas a restaurantes lujosos en el este de Caracas. Un reportaje publicado por el diario Tal Cual expone que compró un apartamento en San Marino, Altamira, por 3 millones de dólares pagados en efectivo.

Carlos Prosperi, diputado del Parlamento por el estado Guárico y abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), denunció en una rueda de prensa en abril de 2016, que aunque el chavismo critica el capitalismo y considera a Estados Unidos su enemigo, Ortega se encuentra “en el imperio de compras”.

No solo sus viajes y otros lujos reflejan una alta abundancia económica, Ortega ha portado relojes de un costo de hasta casi $ 9.000, según el portal digital Relojes del Chavismo, que usa fotografías de funcionarios públicos para develar los precios de sus relojes de lujo.

Credenciales en tela de juicio

Un requisito necesario que deben tener los aspirantes a rectores del TSJ, de acuerdo con el artículo 263 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es presentar fe de juramento, autenticada ante un notario público, en la que se hace constar que el o la aspirante renunció, o que no ejerce cualquier militancia político partidista. Sin embargo, la trayectoria de Calixto Ortega parece indicar lo contrario.

Además, la persona tiene que haber sido jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica. O en su defecto haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años, y tener la categoría de profesor o profesora titular. O ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.

El currículo de Calixto Ortega (que no se encuentra público en la página web oficial del TSJ) tiene como historial la redacción del rechazo de la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), emanada por la Asamblea Nacional con mayoría opositora, y la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, cuyo objetivo era la definición de horarios en algunos sitios web. Estas decisiones generaron reacciones en sectores de la oposición, como es el caso de Alfonso Marquina, diputado de la Mesa de la Unidad (MUD), quien alegó que lo que Calixto Ortega está avalando en el TS, hará que el pueblo siga pagando el peor de los impuestos que es la inflación.

Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, Ortega fue mediador con la DEA y pieza importante para conocer el estatus sobre el arresto de los sobrinos de Cilia Flores, detenidos por supuestas operaciones de narcotráfico. De igual modo, estuvo a cargo de la liberación de Hugo “El Pollo” Carvajal, actual diputado de la Asamblea Nacional por el Psuv, quien fue detenido en Aruba por tener presuntos vínculos con narcotráfico y la guerrilla colombiana.

En mayo de 2017 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una sanción contra Calixto Ortega, junto a otros siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ. Las sanciones incluían la congelación de bienes dentro de la jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones financieras con los venezolanos que se encontraban bajo esta medida.

El 30 de marzo de 2018 fue sancionado por el gobierno de Panamá por considerarlo de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Su nombre figura entre los funcionarios y empresarios, relacionados con el gobierno de Maduro, sancionados por el TIAR el 3 de diciembre de 2019. Las sanciones incluyen la congelación de cuentas y la prohibición de ingresar a territorio de los países miembros del Tratado.