Sandra Oblitas

En la noche del 14 de abril de 2013, aproximadamente a las 11:30 de la noche, los cinco rectores recorrieron la baranda del Consejo Nacional Electoral para ubicarse frente a los periodistas. Poco a poco, cada uno tomó su puesto a lo largo de la mesa identificada con las siglas del organismo electoral y esperaron a que su presidenta, al centro, anunciara los resultados. “Con una transmisión del 99,12% de los votos y una participación relativa del 78,71% de las electoras y los electores tenemos… el candidato…” A su mano derecha, con una elegante chaqueta verde y muy recta sobre su asiento, se sentaba Sandra Oblitas Ruzza, la segunda mujer al mando del CNE.

Su cargo como vicepresidenta del ente electoral la llevó a ocupar el asiento al lado derecho de la Presidenta, a suplantar sus faltas, formar parte de los órganos dependientes de la institución y actuar por delegación de ella en las tareas asignadas. Al igual que Tibisay Lucena y Vicente Díaz fue una de los tres rectores cuyo período venció 14 días después de las elecciones presidenciales, el 28 de abril de 2013.

El período de Oblitas al frente de la Vicepresidencia del CNE, desde abril de 2006 y reelegida nuevamente en 2009, estuvo marcado por siete elecciones, tres referendos y muchos momentos polémicos. En ocho años la figura de ella, así como la de los otros cuatro rectores, estuvo muy ligada al perfil de la institución. Los halagos recibidos son elogios al sistema electoral y las críticas al organismo se camuflan en señalamientos personales contra Oblitas y la presidenta Lucena.

DIRIGENTE ELECTORAL

Sandra Oblitas Ruzza nació en Caracas el 7 de junio de 1969. Es graduada de socióloga de la Universidad Central de Venezuela y tiene una especialización en Gerencia Municipal. En 2003 comenzó su trayectoria dentro del Poder Electoral supervisando los procesos logísticos del Registro Electoral. Pero no fue hasta 2004 que la primera polémica se presentó en su carrera.

Ese año Oblitas prestó asistencia técnica a las Oficinas Regionales Electorales en los dos comicios que sucedieron: el referendo presidencial contra Hugo Chávez y las elecciones regionales para elegir gobernadores y alcaldes. En el primer sufragio, el CNE arrojó como resultado la victoria del “No” revocar el mandato del presidente, con 59,09% de los votos. La oposición, que apenas arañaba los 4 millones de votos para un 40,63% denunció fraude. Para ese entonces y hasta 2006, Jorge Rodríguez, quien luego se convertiría en el jefe de campaña del chavismo, era presidente de la Junta Nacional Electoral.

El CNE realizó desde entonces un contrato con la empresa de tecnología electoral Smartmatic, que instaló la plataforma electoral automatizada con otras dos empresas: la corporación Bizta y la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv). Smartmatic se encargó de fabricar las pantallas táctiles; Bizta prestó el apoyo técnico y Cantv llevó a cabo la transmisión de datos a través de sus redes de telefonía. La labor de Oblitas se concentró en el diseño y la asesoría de los criterios técnicos que se utilizaron para la recolección y revisión de firmas.

COMPORTAMIENTO ELECTORAL

En 2005, Oblitas formó parte oficialmente de la directiva del Consejo Nacional Electoral. Fue nombrada directora de la Oficina Regional Electoral de Distrito Capital, y durante su permanencia en ese cargo vivenció las elecciones parlamentarias y las municipales de 2005.

Ese año la oposición decidió boicotear los comicios para escoger a diputados y miembros del Parlamento, alegando parcialidad en el árbitro electoral. En esa oportunidad el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, aseguró que la retirada se hacía “a conciencia de lo que significa la decisión en este momento de nuestra historia”. Sin embargo, según el politólogo Federico Welsch, la medida tuvo un costo muy elevado. “La decisión de no participar significó dejar al adversario político el campo abierto para monopolizar el poder. La participación fue baja y la oposición no pudo sacar ningún provecho”. Más tarde los mismos dirigentes de oposición admitieron el error de esa estrategia.

Desde 2006, año en que venció el período de la Junta Nacional Electoral presidida por Jorge Rodríguez y el nuevo CNE dirigido por Lucena, Oblitas y Vicente Díaz asumió posesión, la oposición cambió su estrategia frente al Gobierno. A partir de entonces, los enfrentamientos políticos entre oposición y chavismo cambiaron de terreno y el ámbito electoral tomó más protagonismo. 

El primer año que Oblitas arribó a la Vicepresidencia del CNE, tocaron elecciones presidenciales. Era la cuarta vez que se sometía la gestión de Hugo Chávez a votaciones directas universales y secretas, y la tercera que se enfrentaba contra un rival. En esa oportunidad, Chávez ganó con 62,84% de apoyo popular.

En 2007, se hicieron dos referendos. Uno para revocar el período de algunos diputados en siete estados del país, y el otro para reformar la Constitución aprobada en 1999. La primera, todos los legisladores fueron reafirmados en sus cargos y la segunda significó la primera derrota electoral del chavismo, la que Chávez denominó una “victoria de mierda” de la oposición.

Muchas de las propuestas contenidas en esa reforma fueron después aprobadas en la enmienda constitucional en 2009; mediante Ley Habilitante o, según el abogado constitucionalista Jorge Pabón, a través del Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 sancionado por la Asamblea Nacional.

RECTORES VENCIDOS

Según el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, los cargos de presidente y vicepresidente del CNE tienen una duración de tres años y seis meses. La primera reelección de Oblitas como vicepresidenta del organismo electoral fue en 2009, mismo año de la victoria de la enmienda constitucional. El documento contenía algunas de las propuestas rechazadas en la reforma de 2007, además de la reelección indefinida del Presidente, más todos los gobernadores y alcaldes.

Previo a las elecciones parlamentarias del 2010, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Procesos Electorales que modificaba los circuitos de votación de una representación proporcional, a representación de las mayorías. Según artículo del periodista Eugenio Martínez, especializado en temas electorales, esta normativa ocasionaba que los estados más poblados del país -Miranda, Carabobo, Lara, Zulia, Aragua y el Distrito Capital, en donde votan 9.319.360 personas- sólo puedan ser escogidos 64 diputados, lo que equivale a 39% de la Asamblea Nacional. 

Para esas elecciones, la recién constituida Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -alianza de partidos opositores- más el partido Patria Para Todos alcanzaron 51% de la votación total, equivalente a 66 diputados. El chavismo obtuvo 46,4% de los sufragios para obtener 98 curules a la Asamblea Nacional.

CNE CONFIABLE

Desde los tiempos de Jorge Rodríguez, una de las críticas más frecuentes al Consejo Nacional Electoral fue su presunta parcialidad. La posición de Oblitas, no obstante, es muy conocida: “El sistema electoral venezolano es absolutamente seguro y confiable”, dijo en septiembre de 2010, días antes de los comicios parlamentarios. Más tarde agregó: “Las garantías están respaldadas en un conjunto de auditorías que se realizan a lo largo de todo el proceso electoral y que ya son conocidas, que ya es conocido por toda la población”. 

Pero para la oposición la presunta parcialidad del árbitro se enfoca en otro ámbito del sistema. A raíz de la muerte del presidente Chávez el 5 de marzo de 2013, en abril se realizaron elecciones presidenciales. Ese día, el CNE anunció la victoria de Nicolás Maduro con una estrecha diferencia por encima de su contrincante Henrique Capriles Radonski. Más tarde esa misma noche, Capriles no reconoció y exigió una auditaría completa de los resultados. Días después, el CNE aprobaba una revisión del 46% de la mesas de votación pero para el comando de campaña del candidato presidencial no fue suficiente. “No vamos a permitir participar en una auditoría chucuta, chimba, corta”, dijo en esa oportunidad el secretario adjunto de la MUD, Ramón José Medina. 

Pero, desde la directiva del CNE, Oblitas desestimó las exigencias. “El Poder Electoral no va a permitir que se confunda a la población.(…) Ha habido un manejo intencionado que ha generado confusiones. Se han mezclado de manera ligera denuncias de situaciones presentadas en los centros de votación con inconformidad de resultados irreversibles”, dijo y aseguró además que no había probabilidad de que la auditoría del 46% emitiera resultados distintos. “En Venezuela existe un estado de derecho que garantiza las salidas legales para las inconformidades electorales. El CNE no acepta salidas fuera de la ley que pretendan sustituir los resultados con una verificación eminentemente técnica”. 

Las denuncias de Capriles obedecían a irregularidades en algunos centros de votación, donde se habían registrado anormalidades con respecto al voto asistido, cédulas de fallecidos que aparecían votando, entre otras. Para el CNE, no obstante, esto no era un problema. El 3 junio de 2013, la rectora Socorro Hernández admitió que estaba “suficientemente probado” los casos de muertos que votaban. “Pero no podemos someter a la población a la zozobra por casos excepcionales (…) No tiene que ser motivo de un titular, de un escándalo”, declaró.

Al día siguiente, sin embargo, Oblitas declaró que en Venezuela “la verdad es que los muertos no votan”, pero que se pretendía recordar hechos ingratos del pasado que ya habían superados por el CNE.

LEALTAD A CHÁVEZ

Más tarde ese mismo año, el 8 diciembre de 2013 se realizaron las elecciones municipales que se venían retrasando por más de un año. Era ese el segundo proceso electoral que se efectuaba luego de la muerte del presidente Chávez, y la fecha coincidía con la última alocución que el mandatario hizo en vivo, un año antes, donde pidió a sus seguidores que votaran por Nicolás Maduro en caso de declararse su falta absoluta. En ese contexto, aparecía en Gaceta Oficial número 40.286 el decreto que fijaba el día 8 de diciembre como “Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo Hugo Chávez y a la Patria”.

El 6 de noviembre Oblitas aseguró en una entrevista que no habían recibido denuncias sobre el decreto y ante la pregunta sobre si los operadores técnicos del CNE pertenecían al Psuv, dijo: “El CNE es de vieja data. Esos son funcionarios de amplia trayectoria y experiencia y que están al servicio de los procesos electorales. Esas son algunas cosas prejuiciosas”. Días más tarde, el entonces secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, declaró que el CNE no actuaba con imparcialidad. “Hemos introducido un recurso contra el decreto de lealtad y el CNE no responde”, argumentó.

En octubre de 2014 se inició el proceso para elegir a los nuevos rectores del CNE que sustituirían a Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz. Sus períodos vencieron el 27 de abril de 2013. Luego de la apertura del lapso de postulaciones en octubre, los nombres de Oblitas y Lucena tardaron hasta el 20 de noviembre en aparecer en la lista. Para el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, la candidatura de ambas, hecha a último minuto, fue un descaro ante el país.

Según la lista de los postulados al CNE, la candidatura de Oblitas fue hecha por la organización Epa Parroquia. De acuerdo a una lista de medios alternativos presentes en la página del Ministerio de Comunicación e Información (Minci), la organización postulante es un periódico comunitario de Caracas, editado en la parroquia El Recreo.

La Ley Orgánica del Poder Electoral no contempla un máximo de veces que un rector puede repetir en el cargo, pero los rectores Díaz, Lucena y la actual vicepresidenta tienen ocho años al frente de la institución. La noche del 26 de diciembre de 2014 fue designada nuevamente como rectora del CNE por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

El 1 de noviembre de 2016 formó parte en Ginebra (Suiza) de la delegación de Venezuela ante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que integran 198 países y que tiene por objetivo la evaluación con los compromisos en Derechos Humanos.

El 9 de noviembre de 2017 se dio a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por presuntamente estar relacionado con fraudes electorales, censura a los medios de comunicación y corrupción en los programas de distribución de alimentos. Como consecuencia, todos los bienes de su propiedad en este país serán congelados y tienen la prohibición de la entrada a este país.

El 30 de marzo de 2018 fue sancionada por el gobierno de Panamá por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tres meses después, el 25 de junio, fue sancionada por la Unión Europea. Se le prohibió viajar a este territorio comunitario y se activó la congelación de los bienes que puedan tener en la organización.

El 7 de agosto de 2019 el gobierno de Suiza sumó a su lista de sancionados a 18 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por “por violar los derechos humanos y socavar el estado de derecho y las instituciones democráticas”. Entre los sancionados figura el nombre de Oblitas.

Su nombre figura entre los 18 funcionarios del gobierno de Maduro sancionados por la Unión Europea. Las medidas de la UE implican a prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de los bienes “por haber vulnerado los principios democráticos, el estado de derecho y la democracia”.

Su nombre figura entre los 25 funcionarios del gobierno de Maduro sancionados por el gobierno de Suiza el 11 de octubre de 2019.