Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos

La ley, que figura en la Gaceta Oficial N° 6.583, posee 44 artículos, tres capítulos, dos disposiciones transitorias y una disposición final. Durante su aprobación, el 8 de octubre de 2020, intervino Diosdado Cabello, presidente de la ANC, quien destacó que “el pueblo venezolano tiene el derecho de dotar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de un instrumento de defensa ante los bloqueos y las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de Estado Unidos contra la nación”, según reseñó el portal web de VTV, el canal del Estado, en una nota difundida ese mismo día. 

Además, en la sesión también hubo intervención de los constituyentes Hermann Escarrá, Rosa León y Jesús Faría, y se dio a conocer que la decisión para aprobar el instrumento jurídico fue unánime. Pese a ello, de acuerdo con un artículo realizado por José Gregorio Silva y publicado por el portal web eldiario.com el 9 de octubre de 2020, “constituyentes como María Alejandra Díaz Marín, Juan Carlos Flores, Telémaco Figueroa y Régulo Reina salvaron su voto”.    

Por su parte, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y presidente (E) de Venezuela reconocido por más de 50 países, tildó a la Ley Antibloqueo como “un chiste” y expresó que solo es un mecanismo para seguir “saqueando” a Venezuela. A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Guaidó señaló que “una operación del dictador para seguir saqueando al país y raspar la olla, dictada por un ente fraudulento como la Constituyente, no puede llamarse ley».

El 13 de octubre de 2020, la vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, informó de la creación de un Centro Internacional que viabilizará proyectos de inversión extranjera, promovidos por la Ley Antibloqueo. Según un artículo de Telesur, Rodríguez afirmó que “el centro funcionará bajo formas novedosas de asociación, y formas especiales de protección a la información para proteger a quienes vengan a invertir en Venezuela, a la par que explicó que este tendrá un observatorio de sanciones de Estados Unidos (EE.UU.)”. 

En esa misma fecha, la Asamblea Nacional (AN) rechazó la legislación y emitió un comunicado expresando su posición. «Cualquier negociación o contrato será ilegal y desconocido por la Asamblea Nacional y no tendrá ningún valor en Venezuela y en el exterior», reza textualmente el escrito reseñado por el portal web EFE.