A la semana de que el Tribunal Supremo de Justicia limitara la inmunidad parlamentaria de los diputados, asumiera todas las funciones de la AN, la Fiscal General de la República se pronunciara en contra, el TSJ se retractara, y la oposición iniciara una serie de movilizaciones de calle exigiuendo la renuncia de los magistrados, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles recibió una notificación de la Contraloría General de la República inhabilitándolo por 15 años.
