Tulio Hernández Fernández

Nacido en Barquisimeto, estado Lara, el 25 de agosto de 1967, quien durante al menos seis años tuvo un pasaporte diplomático que lo acreditó como asesor del ex ministro de Economía y Finanzas, Nelson Merentes, hoy presidente del BCV, de acuerdo con copias del documento  presentado ante la Banca Privada de Andorra, investigadas por el Grupo Antiblanqueo de Andorra: su pasaporte había sido emitido el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana y -según fuentes que prefirieron reservar su nombre- tramitado por la Secretaría de la Presidencia, cuando estaba a cargo del coronel Manuel Barroso. “En esa época se otorgaron pasaportes diplomáticos a varios asesores de ministros. Por ejemplo, recuerdo el Ministerio de Finanzas”, aseguró el informante. En 1990 cotizó por última vez en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como empleado la compañía Embotelladora de Refrescos Marbel, que estaba ubicada en la vieja carretera Barquisimeto-Yaritagua, en Lara.

Un reportaje publicado por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (Cipi), que publicó detalles de esta investigación, señala que la familia de Hernández es conocida en Barquisimeto -capital larense-: él y su esposa son reconocidos como clientes frecuentes en el Country Club de esa ciudad, y su hermano, Jorge Hernández, es propietario del equipo de baloncesto profesional Guaros de Lara.

Pero Hernández enfrentó problemas con la justicia venezolana desde principios de los noventa, cuando fue condenado por lesiones graves intencionales y luego otra vez en el año 2000 por tráfico de drogas. Un expediente del Tribunal Supremo de Justicia precisa que fue detenido en 1999 en el estado Zulia con un kilo cuatrocientos veinte gramos (1,420 kg.) de heroína; que le imputaron cargos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que admitió los hechos y que fue sentenciado a siete año y seis meses de prisión, de los cuales sólo duró 11 meses y 11 días en la cárcel, porque la jueza del caso le permitió completar la pena en libertad bajo régimen de presentación.

INVESTIGACIÓN EN ANDORRA

Al otro lado del Océano Atlántico, en España, la investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra develó que durante el tiempo que cumplió su condena con régimen presentación, obtuvo un pasaporte diplomático en calidad de asesor del entonces ministro de Finanzas, Nelson Merentes. En la investigación andorrana lo mencionan como responsable de transferencias de grandes cantidades de dinero a cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA), dos de ellas registradas a nombre del ex comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Norman Puerta, detenido en dos oportunidades por lavado de dinero a través de esas cuentas.

“Una fuente de la investigación en Andorra reveló que Hernández Fernández y Gil Yánez llevaban maletas —vía valija diplomática— llenas de dinero en efectivo que repartían en distintas cuentas en la BPA. Sin embargo, el expediente de las autoridades andorranas asegura que Hernández Fernández nunca viajó al principado”, expone la investigación, donde se aclara que quien viajaba era su esposa, Yajanira Dayana Ontiveros Linares, gerente de la sociedad United Consulters de Venezuela, una empresa de Hernández que, según una fuente reservada consultada por el Cipi, funcionaba como una casa de cambio ilegal. “Este señor abre dos cuentas denominadas Crown Investors y Central Togo. Las sociedades son compradas a través de BPA Serveis, a un despacho en Panamá”, muestra uno de los documentos citados por el reportaje. Una de las fuentes consultadas mencionó al abogado y empresario, Raúl Gorrín, dueño de Seguros La Vitalicia y el canal Globovisión.

Los hallazgos del Cipi se suman a una serie de señalamientos de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sebplac),  publicados por medios españoles, que involucran a funcionarios públicos y empresarios venezolanos –los ex viceministros del sector eléctrico, Nervis Villalobos y Javier Alvardo; el ex gerente de Pdvsa, Francisco Jiménez Villarroel; el ex director de la Disip, Carlos Aguilera, el ex vicecanciller, general Alcides Rondón; y el propietario de Seguro Constitución, Omar Farías- con delitos de lavado de dinero en la banca de Madrid y Andorra.

RESPUESTA GUBERNAMENTAL

Los datos anteriormente expuestos, publicados por el Consorcio Iberoametricano de Periodistas de Investigación (Cipi) en abril de 2015, fueron desmentidos, días después de su difusión, por la Cancillería de la República: el Ministerio de Relaciones Exteriores negó en un comunicado haber emitido documentos diplomáticos a las personas investigadas. Sin embargo, el Cipi publicó ese mismo mes un nuevo reportaje que devela que el Miniterio Público venezolano había reconocido en 2010 -en una carta rogatoria- que Tulio Hernández tenía un pasaporte diplomático emitido con la Cancillería.