Corte Penal Internacional

La Corte que también es conocida como el Tribunal Penal Internacional quedó instaurada a través de la firma del Estatuto de Roma adoptado en la capital italiana el 17 de julio de 1998 y que entró en vigor en 2002. Este documento en su artículo 1º establece que este Tribunal “…será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”.

El órgano legislativo de la Corte es la Asamblea de los Estados Partes, integrado por representantes de los países que se han adherido al Estatuto de Roma. Entre los crímenes que puede juzgar la Corte, están: los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el crimen de genocidio y el crimen de agresión. El actual presidente de este Tribunal es Chile Eboe-Osuji, un juez nigeriano.

Caso Venezuela 

En la Corte Penal Internacional, actualmente se adelantan dos casos sobre Venezuela. Por un lado, está el caso Venezuela I que trata sobre la situación de violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro que se ha denunciado desde 2014 y cuyos episodios más álgidos corresponden a abril de 2017. Por otro lado, está el caso Venezuela II que se refiere a  las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela y que, según la administración de Maduro, se denunció el 13 de febrero de 2020 ante la Corte por constituir crímenes de lesa humanidad.    

Con relación al caso Venezuela I, el 18 de febrero de 2018, Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte, dio a conocer que comenzó un Examen Preliminar sobre el panorama venezolano. Dos años más tarde, el 14 de diciembre de 2020, la funcionaria indicó que “existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde abril de 2017”. Otro hito relevante sobre este caso es que la Fiscal Bensouda prometió pronunciarse al respecto y dar sus conclusiones sobre el Examen Preliminar antes de que culmine el primer semestre de 2021 y entregue el cargo a su sucesor. 

De acuerdo con declaraciones ofrecidas a elnacional.com el 5 de junio de 2021, Marino Alvarado, ex coordinador general de la organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación y Acción (Provea), detalló que entre las opciones que tiene Bensouda sobre el caso Venezuela I están: declarar procedente el Examen Preliminar y avanzar hacia una fase de investigación, continuar con el Examen Preliminar para recopilar más información y concluir el Examen Preliminar por considerar que no hay evidencia suficiente para seguir hacia la fase de investigación. Alvarado agregó que una alternativa extra sería que la Fiscal remita el caso a su reemplazo.   

El 16 de junio de 2021, el abogado británico Karim Khan asumió como el nuevo fiscal de la CPI. 

El 10 de agosto de 2021, la CPI publicó un informe de Fiscalía con fecha de 15 de junio de 2021, elaborado por la anterior fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, sobre el caso de Venezuela I. La investigación fue llevada a cabo con base en un subconjunto particular de denuncias relacionadas con el trato a las personas detenidas, sobre las cuales se contó con información suficientemente detallada y confiable.

De acuerdo con una nota de Tal Cual, el informe concluye que, en Venezuela, se han cometido los siguientes delitos, al menos desde abril de 2017: encarcelamiento y severa privación de la libertad física en violación de las leyes y normas internacionales fundamentales (Artículo 7, parágrafo 1, numeral e); tortura, previsto en el artículo 7, parágrafo 1, numeral f; violación y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo identificable por motivos políticos. (Artículo 7, parágrafo 1, numeral h).

El fiscal de la CPI, Karim Khan, dio a conocer el 3 de noviembre de 2021, que investigará a Venezuela por denuncias de crímenes de lesa humanidad, siendo el primer país de Latinoamérica que enfrentará  una investigación de esta instancia. Este proceso tiene “por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”, aunque se aclaró que “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo”.

Según lo informado por el tribunal internacional, el examen preliminar sobre la situación venezolana iniciado por el organismo en 2018 concluyó y pasó a la fase de una investigación formal. Asimismo, el representante de la CPI y Nicolás Maduro firmaron un memorándum de entendimiento en el que el líder chavista se comprometió a colaborar en el proceso. “Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos, y en ese marco hemos firmado un acuerdo que garantice ahora sí y de manera efectiva la cooperación”, expresó Maduro tras firmar el documento en Caracas.

El 17 de enero de 2022, el fiscal Khan otorgó una prórroga de tres meses al Estado venezolano para que rinda cuentas a la CPI de sus investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad, así como de los procesos de juicios contra los responsables.

La prórroga de tres meses, concedida por el contexto excepcional de la pandemia, pese a que el Estatuto de Roma indica que debe ser de un mes, se vence el 16 de abril de 2022, según informó el fiscal a través de un comunicado. Asimismo, indicó que viajará al país caribeño antes de que venza el plazo otorgado.

Según una nota de Efecto Cocuyo publicada el 23 de febrero de 2023, la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones de la CPI recibió entre el 13 de enero y el 14 de febrero de 2023 los testimonios de 441 personas y 47 familias que denunciaron presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por autoridades y fuerza pública del gobierno de Nicolás Maduro. 

Por su parte, el 28 de febrero de 2023, el gobierno de Nicolás Maduro denunció la existencia de supuestos vínculos entre la Fiscalía de la CPI y organizaciones no gubernamentales que aportan información y datos a la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país suramericano.