Medix

La historia de la empresa Medix en Venezuela inicia con un Convenio Integral de Cooperación firmado entre el gobierno de dos difuntos presidentes: el argentino Néstor Kirchner y el venezolano Hugo Chávez.

Corría el año 2004. El precio de la cesta petrolera iba en alza desde que el líder de la revolución bolivariana había tomado el poder un lustro antes. Para el momento del convenio,  en abril del 2004, el barril rondaba los $32, y seguiría elevándose. El acuerdo entre el país caribeño y la nación austral, cuyas relaciones ya venían estrechándose política, económica e ideológicamente, era un tanto predecible: suministro de fuel oil de Venezuela para Argentina; carne de res, repuestos para la industria petroquímica y agropecuaria, medicamentos y equipos médicos de Argentina a Venezuela.

Un fondo fiduciario de unos $240 millones para el intercambio de esos recursos energéticos por bienes argentinos fue creado entre ambas naciones para la agilización de los pagos, pero en el futuro se aspiraba llegar a los $1000 millones. Seis meses después de la firma del convenio, en octubre de 2004, la empresa Medix estaría cerrando un contrato para proveer incubadoras a varios centros de neonatología en Venezuela.

Poco más de un mes más tarde, una serie de cables  enviados desde la embajada argentina a su cancillería revelaría que aquel fideicomiso constituido con los fondos de la Petrolera venezolana Pdvsa, desde donde saldrían los pagos para la compañía de equipos médicos, no estaba teniendo un manejo muy transparente por parte de funcionarios de ambos gobiernos.

Y esta no sería la única empresa afectada por la presunta corrupción, pues desde el Ministerio de Salud venezolano se estaba gestando el Plan Nacional de Dotación de Radioterapia y medicina Nuclear. Al igual que Medix, la compañía Investigaciones Aplicadas (Invap) acordó exportar 18 centros de radioterapia a diferentes hospitales del país por una suma de $100 millones. El contrato también contemplaba capacitar al personal para el uso de los equipos y realizarles mantenimiento durante los siguientes cinco años posteriores a su instalación, que estaba prevista para el 2005.

Otros $30 millones más del turbio fideicomiso debían destinarse al pago de la empresa Phillips, quienes suministrarían equipos de tomografía computada y tomógrafos de emisión de positrones. Medix, Invap y Phillips venían representadas por la firma venezolana encargada de la comercialización, instalación y servicio técnico de equipos y consumibles médicos, Meditron, cuya  ficha en el Registro Nacional de Contratistas señala una relación de “distribuidor autorizado” con estas compañías que va desde 2007 y 2008, hasta 2012 y 2013.

Aunque desde finales de 2004 el embajador de Argentina en Venezuela, Eduardo Sadous, había advertido de las irregularidades con el fondo fiduciario, no fue sino hasta el 2010—año en el que Medix pasó a ser propiedad del conglomerado estadounidense Natus Medical Incorporated— que estos hechos se hicieron públicos gracias a los cables filtrados y a una nota publicada en el diario bonaerense El Clarin, en el que el periodista Nicolás Wiñazki abordó la estructura de negocios entre ambos países.

El trabajo hacía referencia a unos 30 documentos enviados entre mayo de 2004 y marzo de 2005, desde la embajada argentina a la cancillería de ese país. Uno en particular, con fecha del 22 de noviembre del 2004, señalaba la preocupación del embajador argentino “por la demora en la instrumentación del fideicomiso, hecho que está generando problemas a las empresas INVAP, Medix y Phillips por la falta de pago del anticipo del 30% comprometido (…)”. Y la deuda seguiría en aumento.

Otro documento, fechado el 26 de enero de 2005 y redactado por el entonces consejero económico y comercial de la embajada argentina en Venezuela, Alberto Álvarez Tufillo, enumeraba una serie de irregularidades y destacaba que el contrato de provisión de equipos de medicina nuclear e incubadoras, firmado por el ministro de Salud de Venezuela para la fecha, Roger Capella, era considerado “nulo”. Además, indicaba que los fondos del fideicomiso, cuyo “desvío” ya había sido denunciado por Sadous en previos envíos cablegráficos, no había sido repuesto, pese a que también se había realizado la solicitud de restitución, según reseñó el periodista argentino Nelson Castro en 2010.

Fin de un ciclo, deudas pendientes

En 2016, seis años después de la publicación de los cables y tras una progresiva transformación —y distanciamiento— en las relaciones entre los países de la región como consecuencia de los cambios de gobierno, la administración argentina cerró el fideicomiso que, según reportó el diario La Nación, llegó a manejar $2000 millones.

Aunque desde la petrolera estatal venezolana Pdvsa anunciaron que los fondos que les fueron devueltos serían utilizados para capitalizar su filial en Argentina, solicitaron que debían completarse los tres últimos pagos, que involucraban a una compañía venezolana (Paramérica) y dos argentinas: Sancor y Medix. Al momento del cierre del Fideicomiso Financiero Serie II, como se le conocía al fondo fiduciario, a la empresa argentina de equipamientos médicos se le debían $20 millones, a raíz de una deuda que empezó a crecer prácticamente desde la creación del fondo.

Una investigación llevada a cabo en 2017 por periodistas del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), en alianza con el medio digital El Pitazo, reveló que entre 2005 y 2010, un total de 12.353 aparatos fueron adquiridos por la administración venezolana a Medix, a un costo de $52 millones. Sin embargo, las garantías para ofrecerles mantenimiento correctivo y preventivo caducaron en 2012, después de que la empresa declarara cerrada una primera fase de la contratación. Cuatro años después, la reanudación de las garantías de servicio técnico excluyó a más de 8.000 equipos importados a través del convenio.

Entre octubre de 2015 y septiembre de 2016, dos nuevos contratos con Medix fueron registrados, señala la investigación y la Memoria y Cuenta del Ministerio de Salud. El objetivo del primero perseguía la adquisición de nuevos equipos y la reparación y recuperación de otros que habían sido comprados anteriormente. El monto ascendía a los $232 millones. El convenio no se ejecutó por falta de pagos por parte del gobierno venezolano. Un segundo contrato más modesto fue suscrito casi once meses después, alcanzaba los $120 millones y contemplaba la recuperación de 3.768 equipos, casi un tercio de los antes comprados.

Los fallos y retrasos en el pago de los montos fueron atribuidos por la estadounidense Natus, dueña de Medix, a la inestabilidad política y económica que existía en Venezuela luego de los comicios parlamentarios celebrados el 6 de diciembre del 2015, en los que la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional. El trabajo de investigación señala que, al año siguiente y en vista del silencio por parte del deudor, Natus excluyó el contrato de sus expectativas para el 2016.

En aquel segundo intento, correspondiente al contrato de $120 millones para la reparación de menos equipos, el gobierno Venezolano logró avanzar con el pago de algunos anticipos. Sin embargo, “el balance más reciente publicado por el conglomerado estadounidense, al cierre de 2016, advierte que aunque Medix recibió el primer monto, el resto del contrato, igualmente con una duración estipulada de tres años, no se ejecutará si Venezuela deja de pagar”, indica el reportaje.