Emiro García

Emiro García Rosas defiende claramente el socialismo. Incluso, asegura que desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se declara el “Estado Social” en su artículo 2, que se puede interpretar como una “declaración pro-socialista” para influir en el cambio “económico social”. Lo dijo abiertamente el 2 de febrero de 2015 como orador de orden ante la ceremonia de apertura del año judicial. García, director de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que vela por los derechos de todos los venezolanos y que es un órgano independiente del Ejecutivo, mantiene su postura política con la anuencia de todas las autoridades, a tal punto que la propia Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó la publicación de tal discurso para que “fuera de conocimiento de toda la ciudadanía”, como lo explica una nota de prensa publicada en Venezolana de Televisión.

Como la mayoría de los magistrados y funcionarios públicos, García Rosas sufre acusaciones de estar alineado con el Gobierno nacional. Aunque con un gran currículo que le hace merecedor de tal puesto, el colectivo y algunos de sus detractores consideran que su permanencia como director se debe a su simpatía por la ideología política. Es que los magistrados se postulan ante la Asamblea Nacional y la mayoría chavista que la compone los elige para que controlen el sistema judicial venezolano.

Aunque a García Rosas lo han tildado incluso de ser una pieza de Tarek William Saab en el estado Anzoátegui, lo precede su trayectoria, que puede llevar más de tres páginas solo al destacar su labor social con organizaciones de defensa de derechos humanos, ponencias y cursos en Estados Unidos, México y Cuba.  Dictó más de diez conferencias en todo el país y fue profesor de Castellano en bachillerato y Derecho en la Universidad de Oriente. García Rosas nació en Puerto Fermín, estado Nueva Esparta, en 1940 y se graduó de abogado en la Universidad Central de Venezuela. Desde 1965 ejerce la profesión del Derecho. Fue elector magistrado de la Sala Constitucional en 2000. Para ese entonces, era procurador de Anzoátegui, cargo al que renunció poco después.

Con la libertad

García Rosas no solo se compromete en público con el socialismo, sino que su práctica ante la magistratura se muestra a favor las instituciones del Gobierno nacional, como el Ministerio del Poder Popular para la Salud, por ejemplo. El 7 de agosto del año pasado, el director de la Sala Político Administrativa declaró inadmisible un recurso de abstención interpuesto por las asociaciones civiles Espacio Público, Acción Solidaria, Transparencia Venezuela y Provea contra la ex ministra Eugenia Sader.

Las organizaciones solicitaron a Sader información sobre el paradero, administración e incluso origen de los medicamentos importados por el ministerio para ser distribuidos en el país. De ello nunca se tuvo respuesta y por eso las asociaciones recurrieron al Tribunal Supremo de Justicia. La respuesta de García Rosas fue tan clara como inverosímil: tratar de responder esas preguntas atentan contra la eficacia que debe imperar en la administración pública. Incluso dijo, en su sentencia, que aunque toda persona tiene derecho a solicitar información a los entes públicos, “no puede ser abusivo, de tal manera que entorpezca el normal funcionamiento de la actividad administrativa, la cual, en atención a ese tipo de solicitudes genéricas, tendría que dedicar tiempo y recurso humano a los fines de dar explicación acerca de la amplia gama de actividades que debe realizar en beneficio del colectivo, situación que obstaculizaría y recargaría además innecesariamente el sistema de administración de justicia ante los planteamientos de esas abstenciones”.

Con esta sentencia, el magistrado García Rosas desconoce el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que toda persona tiene el derecho de presentar peticiones a cualquier autoridad, sobre los asuntos de su competencia, y que incluso podría ser hasta removido de su cargo si hace caso omiso del mismo. La censura en Venezuela, entonces, se estaría promoviendo desde sus poderes públicos.

También el año pasado, en noviembre, el magistrado García Rosas fue noticia. En este caso fue precisamente por no haber hecho nada, ni siquiera la firma. El Tribunal Supremo de Justicia halló elementos para enjuiciar al diputado Juan Carlos Caldera tomando como evidencia un video que presentó el Ministerio Público. En la pieza se ve, claramente, al diputado recibiendo un sobre. El mismo Caldera dijo después que ese sobre tenía dinero que le dio el empresario Wilmer Ruperti. La información, publicado por el diario El Universal en esa fecha, asegura que el texto del TSJ que autoriza el antejuicio de mérito, no está firmado por García Rosas ni otros magistrados.