José Vicente Rangel Ávalos

Alcalde del municipio Sucre de Caracas, electo el 10 de diciembre de 2017 con el 59,85% de los votos. Fue viceministro de Asuntos para la Paz desde el 9 de junio de 2015. Hijo del político y periodista José Vicente Rangel Vale. También es secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial del Movimiento de la Paz y la Vida. Su madre es la escultora chilena Ana Ávalos. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por el estado Miranda, siendo uno de los 131 constituyentistas encargados de redactar la constitución del año 1999. En las elecciones del 2000 fue electo alcalde del municipio Sucre el estado Miranda, con apoyo de agrupaciones pro Hugo Chávez como el Movimiento V República en el año 2004 fue reelegido en el cargo, venciendo al candidato del partido Primero Justicia Carlos Ocariz, quien luego fue electo para la misma alcaldía. Su gestión fue muy criticada e incluso luego de su salida del gobierno, sectores de la oposición denunciaron irregularidades en su administración, entre otras, por presuntamente otorgar contratos a empresas de construcción vinculadas con la familia de su esposa, la diseñadora de moda, Gabriela Chacón. Actualmente, Rangel Ávalos es el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio de Relaciones Interiores. El 6 de noviembre de 2014 le correspondió asistir a la Organización de las Naciones Unidas para representar al Estado venezolano ante el Comité contra la Tortura de la ONU, donde tuvo que responder a 180 preguntas de los representantes de ese ente quienes cuestionaron el trato dado por las autoridades nacionales a los detenidos en las manifestaciones escenificadas de febrero a mayo de 2014. Rangel Ávalos en entrevista con su padre José Vicente Rangel Vale, en el programa José Vicente Hoy, manifestó que «Venezuela tiene que examinar su posición ante esos comités. No es posible que vayamos con la mejor fe a rendir unos informes de los progresos de Venezuela y ellos (Comité contra la Tortura) vengan con una posición totalmente sesgada». Dijo que respondieron las 180 preguntas, pero los representantes de la ONU no hicieron caso a ninguno de los planteamientos de la delegación venezolana.
El 3 de noviembre de 2017, el gobierno canadiense dio a conocer que forma parte de la lista de 18 altos funcionarios venezolanos sancionados por este Estado, ya que «son responsables, o cómplices, de graves violaciones a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, han cometido actos importantes de corrupción o han hecho ambas cosas». Esta medida trae como consecuencia la congelación de bienes en Canadá y la declaración de persona inadmisible en Canadá bajo la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados.
El 19 de septiembre de 2018 pidió a a los vecinos organizados en consejos comunales, comunas, juntas de condominio y otras organizaciones sociales que denuncien a los comerciantes que persisten en la práctica de acaparar productos de primera necesidad, con el objetivo de venderlos a precios especulativos.