Manuel Galindo

Ex contralor general de la República, que pidió su jubilación el 23 de octubre de 2018. Estuvo al frente de la Contraloría general de la República desde 22 de diciembre de 2014 y fue designado por la mayoría simple de la Asamblea Nacional. Fue procurador general de la República, nombrado en marzo de 2013 en calidad de encargado, en sustitución de la primera dama Cilia Flores. Antes se desempeñaba como viceprocurador. Es abogado, profesor de postgrado y máster en Administración Educativa, según declaraciones del diputado Darío Vivas, quien presidió el Comité de Postulaciones al Poder Ciudadano en el que Galindo salió victorioso. También figuraba como postulado en la lista de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entre 2006 y 2010 fue consultor jurídico de la Asamblea Nacional, cuando esta era controlada por mayoría oficialista. El 10 de diciembre de 2015, mediante Gaceta Oficial 40.806, se hizo oficial la designación de Galindo como presidente del Consejo Moral Republicano, que comprende la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, a partir de 2016.
El 20 de febrero de 2017, la junta directiva de la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora denunció que la Contraloría General de la República, de la mano de Galindo, se extralimitó en sus funciones por ordenar la intervención de la Dirección de Auditoría Interna del Parlamento. Esta no es la única decisión de Galindo contra la oposición. Desde que asumió como contralor del Estado, ha ejercido más acciones administrativas contra miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, que contra funcionarios del Gobierno. A mediados de 2015, con las elecciones parlamentarias en la mira-que en diciembre ganaría la oposición- la oficina del contralor inhabilitó a María Corina Machado, entonces la diputada más votada de la Asamblea Nacional anterior y la imposibilitó de presentarse para esos comicios. En abril de 2017, luego de que dos sentencias del TSJ anularan las facultades de la AN, y de que dirigentes opositores iniciaran una serie de movilizaciones de calle para presionar la salida pacífica del Gobierno, Galindo firmó la inhabilitación del gobernador de Miranda y líder opositor, Henrique Capriles, por 15 años. Un mes después, el 12 de mayo, aseguró que convocar una Asamblea Nacional Constituyente no necesita una consulta popular previa porque la Constitución no lo establece.

El 22 de junio de 2017 aseguró que en Venezuela no se ha roto el hilo constitucional, en relación con el llamado del llamado al artículo 350 de la Carta Magna realizado por la MUD.

El 7 de octubre de 2018, Galindo declaró que los niveles de corrupción en Venezuela se mantienen a un ritmo “galopante”, según reseñó El Nacional. Asimismo,el funcionario destacó que no existe un ordenamiento legal que permita realizar una investigación de las empresas que firman contratos con el Estado, debido a la Reforma de la ley orgánica de la Contraloría General de la República y el sistema nacional de control fiscal realizada en el año 2010, durante el gobierno de Hugo Chávez.