Keyrineth Fernández

En su cuenta, en la red social Twitter, Keyrineth Selenia Fernández Epieyu se define como “orgullosa de ser indígena y revolucionaria”. Es alcaldesa del municipio Jesús María Semprum, estado Zulia, tras resultar reelecta en las regionales del 21 de noviembre de 2021.

Sin embargo, desde el 27 de enero de 2022, su nombre cobró notoriedad en la palestra pública tras ser detenida, en el estado Falcón, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por presuntamente transportar más de siete kilos de droga en una camioneta marca Toyota, de acuerdo con una reseña de Efecto Cocuyo. 

La noticia fue confirmada por el mayor general Richard López, superintendente Nacional Antidrogas de la SUNAD, quien publicó un comunicado informando que la detención de la alcaldesa está enmarcada en el operativo “Mano de hierro”, el cual tenía como objetivo desmantelar una red de narcotráfico que operaba en Zulia y Falcón.

Además de Fernández, fueron privados de libertad otros cinco funcionarios públicos (entre alcaldes y diputados de la AN/6D). 

Dos días después, el 29 de enero, la PNB allanó la casa de Fernández, ubicada en el municipio Jesús María Semprum, estado Zulia. 

El 31 de enero de 2022, Fernández fue trasladada a Caracas para ser presentada ante los tribunales. El 2 de febrero de 2022, según el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un tribunal de Caracas imputó a la alcaldesa por los delitos de asociación, tipificado en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Electa entre señalamientos del PCV 

El 21 de noviembre de 2021, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), publicó un comunicado dirigido al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que denunciaron violación a los derechos políticos y electorales de los electores del municipio Jesús María Semprún.

“A consecuencia de la acción violenta, ilegal y vandálica cometida por la alcaldesa Keyrineth Fernández, avalada por la dirección estadal y municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la cual contó con abierta y activa complicidad de la ciudadana Ramilis Sánchez, coordinadora municipal del CNE, así como con la pasividad y permisividad del personal militar adscrito al Plan República”, reza el comunicado reseñado por Tribuna Popular.

Asimismo, destacaron que durante el evento electoral se desconocieron las credenciales de los testigos de mesa acreditados por el PCV; hubo paralizaciones en el proceso de votación; la Policía Municipal realizó disparos y lanzaron bombas lacrimógenas a la población que estaba en cola para ejercer su derecho al voto.