José Luis Martínez Bravo

Viceministro de Planificación e Inversión Estratégica de Industrias del Ministerio de Industrias. Es capitán retirado de la Aviación y, desde el 2006, ha ocupado importantes cargos en la administración pública. En julio de ese año fue nombrado director general encargado del Despacho del Ministerio de Finanzas, durante la gestión de Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Luego, pasó al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), entidad que presidió hasta el 2008 y donde surgieron las primeras denuncias de corrupción en su contra. Fue nombrado por el entonces vicepresidente de la República, Ramón Carrizales Rengifo, también de la Fuerza Aérea. En 2011, Martínez Bravo fue detenido por agentes del Sebin por presuntas irregularidades en la administración de aeropuertos nacionales, en operaciones con la estatal Conviasa (institución que también dirigía desde mayo de 2008), y por transacciones a Panamá. De esa investigación se salvó y para 2012 ya trabajaba junto a Cabello en el Seniat. Sin embargo, en junio de 2013, su detención fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro, electo en abril de ese mismo año, quien se refirió a él como un “bandido”, “contra-revolucionario” a la vez que felicitaba a José David Cabello por haber estado tras su pista. Pese al anuncio, las investigaciones en contra de Martínez Bravo tampoco prosperaron en esta oportunidad. Según Gaceta Oficial 410.524, del 7 de abril de 2014, el propio Maduro, mediante Decreto Presidencial 879, lo nombró viceministro de Planificación e Inversión Estratégica en Industrias del Ministerio de Industrias a cargo de Cabello. Tan sólo cinco meses después, en septiembre de 2014, recibió otro cargo como presidente de la Corporación de Industrias de Venezuela S.A (Corpivensa). Su trayectoria en la administración pública, sin embargo, no lo es todo. Según el Registro Nacional de Contratistas, Martínez Bravo es director principal y dueño del 50% de las acciones de Suministros y Construcciones M&G, empresa actualmente inhabilitada para contratar con el Estado.