José Ignacio Hernández

Nació en Caracas el 20 de noviembre de 1974. Hernández es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) como suma cum laude en 1997. Es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España, de la cual egresó con la mención sobresaliente cum laude en 2002. Un año antes, obtuvo el diploma de Estudios Superiores en Derecho Administrativo en esa misma casa de estudios.

Se desempeñó como abogado asistente en materia de Derecho Público en la corte primera de lo Contencioso Administrativo. José Ignacio Hernández es especialista en derecho administrativo, derecho constitucional, libre competencia, regulación económica, derecho de la minería, derecho de hidrocarburos, régimen jurídico del sector eléctrico y de las telecomunicaciones, y derecho de protección al consumidor.

En 2006 formó parte, como socio fundador, del escritorio de abogados Grau, Garacía, Hernández y Mónaco.

Es profesor de Derecho Administrativo de pregrado y postgrado en la Universidad Central de Venezuela (UCV), profesor de postgrado en la Ucab y director del Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila, donde fue docente durante tres años (2003-2006). Es autor de artículos de derecho administrativo y global. Escribe en el portal Prodavinci.

«¡Avanzamos en el rescate de Venezuela! Hacemos oficial el nombramiento de José Ignacio Hernández como procurador especial de la República. Nuestro país cuenta ahora con un servidor honesto, comprometido y sin militancia partidista al servicio de la Procuraduría», escribió el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en Twitter.

“Cuente con nuestra dedicación, trabajo y esfuerzo en el cumplimiento de esta tarea”, escribió el nuevo procurador en su cuenta en Twitter.

El 30 de junio de 2019, Hernández, afirmó que la muerte del capitán Acosta Arévalo no puede ser investigada de acuerdo con el Protocolo de Minnesota, pues “en Venezuela no hay autoridades independientes dentro del sistema de justicia” y por tanto, “solo la justicia internacional puede actuar en estas condiciones”.

El 3 de julio de 2019 Hernández informó que la Corte del Distrito Sur de Nueva York suspendió una demanda en contra de Pdvsa a petición del gobierno encargado de Juan Guaidó.

El 28 de enero de 2020 se hizo público que Hernández puso su cargo a la orden ante el presidente (E). Un día después, a través de su cuenta en la red social Twitter, aclaró que no ha renunciado a su puesto como procurador, sino que lo ha dejado a consideración de Guaidó, en caso de que con esa decisión contribuya a solventar las diferencias tras la aprobación del límite máximo del fondo de litigio, por parte de la AN.

«La aprobación de la AN al fondo de litigios es legal y está ajustada al estatuto. Esa es mi opinión jurídica puesto que para defender los activos, es necesario poder ejecutar una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República», aseguró el abogado.

El 18 de junio de 2020, a través de una carta pública dirigida a Guaidó, José Ignacio Hernández oficializó su renuncia al cargo de procurador especial para la defensa del Estado. «La renuncia responde a la imperiosa necesidad de implementar reformas institucionales profundas en el sistema de defensa judicial del Estado, lo que me pertirá dedicarme a la atención de proyectos de asesoría legal estratégica asociados a la compleja transición venezolana», escribió el abogado.