Carlos Chancellor

Alcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar. Su perfil en la red social Linkedin lo describe como político desde “diciembre de 1999”, y militante de la Causa R desde 1996. Para 1998 fue alcalde de Sifontes y en 2000, en el contexto de las mega elecciones para re-legitimar todos los poderes públicos, volvió a ser elegido. Entonces el Ministerio Público abrió una investigación en su contra por presuntas irregularidades desde su anterior gestión. En 2005, durante una protesta de mineros de Tumeremo, Chancellor tomó parte en la manifestación y criticó la gestión del gobernador de Bolívar Francisco Rangel Gómez. Entonces también le fue abierta otra investigación, y posteriormente fue acusado de incitación a delinquir y cierre de vías públicas. Ese proceso desembocó en su encarcelamiento. Su detención, sin embargo, no impidió que en 2008 se postulara, de nuevo, a la Alcaldía de Sifontes y que resultara electo con 63,52% de los votos. En esa oportunidad, con apoyo del partido Patria Para Todos (PPT). En 2009, no obstante, fue sentenciado a siete años de prisión, pero dos años después, en 2011, el tribunal Segundo de Ejecución finalmente le otorgó libertad condicional, con prohibición de salir del estado Bolívar y de acercarse a la Troncal 10, donde sucedieron las protestas. Para las elecciones municipales de 2013, Chancellor volvió a ganar el municipio Sifontes, esta vez como parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El 7 de marzo de 2016, cuando se hizo público el caso de 28 mineros desparecidos en Tumeremo, Chancellor junto con el diputado Américo De Grazia, fueron los primeros en denunciar lo ocurrido y en responsabilizar a bandas armadas de la zona. La primera reacción del gobernador de Bolívar, Rangel Gómez, fue negar lo ocurrido, pero más tarde aseguró que ya las autoridades estaban en búsqueda de las víctimas.

Perfil

Pocas personas conocen el municipio Sifontes, del estado Bolívar, como Carlos Marcelino Chancellor Ferrer. Su vida y su carrera política han transcurrido, casi toda, en esa alcaldía. De hecho, desde 1998 hasta 2016, acumula cuatro gestiones –casi consecutivas- al frente de la jurisdicción. Únicamente estuvo un solo período fuera del cargo, entre 2005 y 2008, cuando perdió las elecciones para el Concejo Municipal.

Chancellor nació un 12 de mayo de 1959 y para 1996 ya era militante de La Causa R y alcalde de Sifontes. En el año 2000, luego de la Asamblea Nacional Constituyente, se hicieron las denominadas “mega elecciones” para relegitimar todos los poderes públicos. En ese contexto, Chancellor fue reelecto al cargo. Fue a partir de este año, también, que el Ministerio Público inició averiguaciones contra él por presuntas irregularidades durante su gestión anterior.

Sin embargo, su historia tuvo su apogeo en 2005. Un año antes, para las regionales de 2004, incapacitado para postularse a un tercer período consecutivo –la reelección indefinida para todos los cargos públicos no se aprobó por enmienda constitucional sino hasta 2009-, Chancellor quiso cambiar su puesto en la alcaldía por uno en el Concejo Municipal de Sifontes. Según cifras del Consejo Nacional Electoral, Chancellor perdió en esa oportunidad y sólo recibió 15% de los votos. En septiembre de ese 2005, se suscitaron una serie de protestas en Tumeremo por parte de mineros artesanales de la zona. Según Chancellor, los trabajadores de las minas manifestaban en contra de la transnacional Crystallex –que en 2001 había firmado contrato con la Corporación Venezolana de Guayana para explotar los yacimientos de oro- porque ésta pretendía erigir un portón para regular el acceso a las zonas de minería.

Las críticas de Chancellor, entonces, estaban dirigidas también al gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, antiguo presidente de la CVG.

“Los obligaban a llegar a sus lugares de trabajo atravesando el monte, los barrizales y los perseguían, entonces la gente reaccionó y armó su protesta pero no hicieron nada contra las instalaciones de la empresa sino que se fueron a la troncal 10 (la carretera nacional que pasando por Tumeremo va a El Dorado y de allí vía Gran Sabana) para llamar la atención del gobierno de Chávez. Allí estuvieron 7 días con varios enfrentamientos con la GN. Al tercer día yo llegué para atenderlos, solidarizarme y exigir diálogo con las autoridades de CVG. Por eso me acusan”, afirmó Chancellor.

Para la entonces alcaldesa de Sifontes, Marlene Vargas, sin embargo la protesta fue originada por él mismo: “el ex alcalde Carlos Chancellor, en su acostumbrado estilo antisocial de generar el caos, agredió a un vigilante de Crystallex e inició un enfrentamiento violento con el Ejército, lo que dejó diez heridos y dos vehículos incendiados”.

El alcalde prisionero

Las manifestaciones, poco a poco, se tornaron en enfrentamientos con la Guardia Nacional entre los días 5,6 y 7 de septiembre y todo desembocó en que el Tribunal Cuarto de Control –desempolvando también sus investigaciones contra Chancellor por sus gestiones de 1998 y 2000- ordenara su aprehensión cuatro días después, el 11 de septiembre. Los cargos que enfrentó fueron agavillamiento, instigación a delinquir, incitación al pánico, cierre de vías de circulación, lesiones personales causadas en refriega y malversación genérica de fondos.

Desde entonces, su entorno no dudó en declarar que la medida era netamente “política”. Una de las estrategias para lograr su liberación fue postularlo para las elecciones regionales de 2008. Chancellor, que en 2006 había renunciado a su militancia en La Causa R y se había afiliado al partido Patria Para Todos (PPT) ganó de nuevo la alcaldía del Municipio Sifontes con 63% de los votos. Su candidatura contrajo divisiones en el chavismo –el Movimiento Tupamaro lo apoyó- y hasta algunos partidos de oposición dejaron de postular candidatos para darle vía libre.

Pese a todo, el tribunal no reculó. Chancellor fue proclamado por el CNE en prisión, pero no pudo incorporarse. De hecho, un comunicado del Ministerio Público informaba, el 3 de diciembre de 2009, que había sido sentenciado a 7 años, 22 días y 12 horas de prisión. Mientras tanto, su esposa Carmen de Chancellor actuó como alcaldesa interina hasta que, en 2010, se declaró la ausencia absoluta del alcalde. La Contraloría General de la República, además, lo inhabilitó por tres años desde 2009 hasta 2012.

Las maniobras de sus abogados por fin tuvieron éxito en 2011 y el TSJ le concedió la libertad con la condición de que no podría salir del estado Bolívar ni acercarse a la Troncal 10 en Tumeremo, la vía principal que conecta Venezuela con el suroriente del país y el sitio donde sucedieron las manifestaciones en un primer momento.

En 2013, Chancellor, por cuarta vez se presenta a las elecciones municipales del 8 de diciembre. Quedó electo con 50,23% de los votos y con apoyo de la Mesa de la Unidad Democrática.

Su propio fantasma

El 4 de marzo de 2016, su propio fantasma regresó para cazarlo. Ese día, Chancellor denunció, junto con el diputado opositor Américo De Grazia, la desaparición de 28 mineros en Tumeremo. Aunque no acusaron directamente al gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, ambos sostuvieron que eso sólo pudo pasar con “complicidad de las autoridades”.

"Existen situaciones importantes que deben investigarse. Hay otras historias de desapariciones", puntualizó Chancellor, pero informaba que no tenían repercusión porque, al parecer, no tenían dolientes.

La primera reacción de Rangel Gómez fue negar lo ocurrido y atribuirlo como acciones de la oposición para intentar desprestigiar su gobierno. “Debe hacerse una investigación por las declaraciones”, dijo y tanto la Gobernación de Bolívar como Venezolana de Televisión (VTV) llegaron a publicar una nota “Claves para entender el invento de la ‘masacre virtual’ en Tumeremo”. Dos días después, el gobernador admitió lo ocurrido y aseguró que ya las autoridades estaban en la búsqueda.

Una semana después de las desapariciones, las evidencias encontradas en el sitio –carteras vacías, zapatos y franelas manchadas de sangre- apuntaban a una posible masacre de las víctimas. De acuerdo con una nota de El Nacional, hasta la actividad comercial del pueblo se paralizó casi por completo debido a los hechos y los familiares de las víctimas coincidían en señalar como responsable a la banda de “El Topo”, uno de los cuatro grupos armados que controlan la minería ilegal en la zona, pese a la detención de su líder un año antes en mayo de 2015.