Desaparecidos de Tumeremo

El 5 de marzo de 2016 se conoció el caso de 28 mineros desaparecidos en Tumeremo, estado Bolívar. Los primeros en denunciar el hecho fueron el diputado opositor Américo De Grazia y el alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancellor quien, en 2005, también denunció el maltrato a los mineros y fue puesto preso por tomar parte durante una serie de protestas contra la empresa Crystallex, principal operadora de yacimientos en el zona. La primera reacción del gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, fue negar las desapariciones y atribuírselo a actos de la oposición para “desprestigiar” al “Gobierno Revolucionario”. La prensa oficialista, como la propia Gobernación de Bolívar y el canal Venezolana de Televisión, llegó a reproducir una nota titulada “En claves La ‘masacre virtual’ de Tumeremo”, en la que se atribuía todo lo sucedido a falsos rumores. Dos días después, sin embargo, Rangel Gómez reconoció el suceso y dijo que los cuerpos de seguridad ya estaban en búsqueda de los desaparecidos. Mientras tanto, familiares de las víctimas señalan a la banda “El Topo”, una de las cuatro que controlan la minería ilegal en la entidad, como los responsables.
El presidente Nicolás Maduro destacó -el 9 de marzo- que las investigaciones preliminares apuntan a que se trataría de “una posible matanza en una guerra de bandas” que operan en zonas mineras. “Todo parece indicar que es un grupo paramilitar; pero yo pido que esperemos los resultados de la investigación”, expresó, al tiempo que ordenó crear una zona militar especial de protección a todos los municipios mineros.
El 10 de marzo, el Ministerio Público confirmó que identificó a 16 mineros desaparecidos, tras entrevistar a 21 familiares.
El lunes 14 de marzo, la fiscal Luisa Ortega Díaz confirmó la ubicación de cuatro cadáveres en la mina Nuevo Callao, ubicada a una hora de Tumeremo. «Tenemos la identidad plena de 18 de las víctimas (…) Hasta ahora tenemos casi la seguridad de que se trata de 21 personas», manifestó la funcionaria, quien informó que solicitarían la radicación del caso fuera del estado Bolívar.
Horas después se confirma que en la fosa común, de cinco metros de profundidad, había 17 cuerpos en bolsas negras. 15 cadáveres fueron identificados entre el martes 15 y miércoles 16 y entregados a sus familiares para su sepultura. Las autoridades no descartaron investigar a los cuerpos de seguridad para esclarecer el hecho y su posible vinculación con el crimen.